El Gobierno prioriza los 130 km/h en autopistas privadas para ahorrarse demandas

Fuentes de la Jefatura Superior de Tráfico confirman a El Confidencial Digital que el objetivo del Gobierno es asumir la menor responsabilidad posible con los nuevos límites de velocidad, aplicándolos mayoritariamente en carreteras privadas. En caso de accidente por deficiencias en la vía es el titular quien responde, por lo que el ejecutivo pretende librarse del mayor número de reclamaciones.

Hay que recordar también las razones económicas adelantadas por ECD en julio. Las presiones que las concesionarias de autopistas de peaje han ejercido sobre la DGT han llevado al Gobierno a aumentar el límite de velocidad en estas vías.

Desde la Jefatura Superior de Tráfico aseguran que las carreteras privadas están pasando por un mal momento, y ponen como ejemplo el cierre de baños en la autopista Ferrol-Tui o la eliminación del “chico de los bocadillos”.

Añaden que el nuevo límite supondrá un aliciente económico que podría sacarlas de la ruina. Se busca potenciar su uso entre los conductores y ofrecer una motivación extra para justificar el pago de estas autopistas, con una deuda de 3.5 millones de euros.

Los requisitos que recoge la Ley para los 130 km/h están relacionados con el buen estado de las vías. Y las autopistas privadas son las más modernas y seguras.

También se tendrán en cuenta las condiciones meteorológicas, de visibilidad (los 130 km/h solo se aplicarán en horas de luz) y la situación concreta del tráfico. Desde la DGT confirman que no habrá señales nuevas sino que los paneles variables serán la mejor forma de anunciar los cambios en carretera.

El nuevo Reglamento de Circulación, ahora en fase de tramitación, será aprobado en las próximas semanas. En él se determinarán los tramos concretos en los que se aplicarán las distintas medidas, que afectarán también a calles y carreteras secundarias reduciendo sus límites de velocidad.