Derogación de la doctrina Parot

El Gobierno trabaja para evitar más 'excarcelaciones exprés' de miembros de ETA

La Fiscalía va a pedir informes a los jueces de vigilancia penitenciaria para así dilatar las salidas

El Gobierno quiere evitar 'excarcelaciones exprés' como la de Inés del Río.
El Gobierno quiere evitar 'excarcelaciones exprés' como la de Inés del Río.

Derogada de facto la doctrina Parot tras la sentencia de Estrasburgo, el Gobierno se ha marcado un objetivo firme: que no haya más 'excarcelaciones exprés' como la aplicada por la Audiencia Nacional en el caso de Inés del Río.

Ahora que 36 presos de ETA han reclamado la revisión de su condena, la Fiscalía ya tiene planteada una hoja de ruta para tratar de dilatar los procesos de salida: pedir informes a los jueces de vigilancia penitenciaria antes de tomar ninguna decisión.

El posible dilatar

Según ha sabido El Confidencial Digital, la Fiscalía General del Estado ha trasladado a los ministerios del Interior y de Justicia que es posible dilatar los plazos para la salida de los presos de ETA a los que se aplicó la doctrina Parot y que ahora tendrían que quedar en libertad.

El plan diseñado consiste en establecer un requisito más, antes de aceptar cualquier revisión de la condena que soliciten los etarras.

Se trata, en concreto, de que los magistrados de la Audiencia Nacional exijan un informe a los jueces de vigilancia penitenciaria sobre el comportamiento de los presos durante los últimos años, un trámite que será obligatorio incorporar antes de la resolución.

Un “formalismo” para dar validez a la solicitud

Las fuentes consultadas por ECD explican que los jueces de vigilancia penitenciaria tendrán que incluir, en su informe a la Fiscalía y a la Audiencia Nacional, “todos los datos que consideren relevantes” sobre el transcurso de la condena del preso de ETA que haya solicitado la excarcelación.

Así, en el documento, se recordarán los años de condena que tenía que cumplir aún el preso si se aplicara la doctrina Parot, y también en cuántos días podría salir al aplicarse la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Aunque el informe no deja de ser aparentemente un “formalismo”, en algunos casos, según explican desde Interior, “sí puede haber información que provoque la dilación de la salida de la cárcel”.

Como ejemplo, las fuentes consultadas explican que al propio Henri Parot, “se le interceptó una carta comunicándose con otros etarras”, una falta en prisión que “aparecería en el informe de los jueces de vigilancia penitenciaria y que supondría una pena de unos días más en la celda”.

 

El informe deberá ser remitido, en última instancia, a la Audiencia Nacional, que será quien tenga la última palabra en la decisión sobre la liquidación de la condena al preso que la solicita.

Objetivo: “burocratizar” cada petición

Desde los ministerios de Interior y Justicia explican que la demanda de un informe a los jueces de vigilancia penitenciaria es “una recomendación” realizada por la Fiscalía General del Estado, y que se puede convertir en “decisión-marco”, aplicable a todos los casos, si se prueba su eficacia.

Las fuentes consultadas añaden que, “tal y como aseguró Torres-Dulce, se va a estudiar caso por caso, analizando todos los detalles”.

El fin último de esta fórmula es “burocratizar cada petición de excarcelación”. Es decir, “crear una serie de pasos judiciales a seguir antes de que una liquidación de condena pueda aplicarse.

Al adoptar estos nuevos pasos, “se conseguirá retardar, al menos en parte”, la salida de presos de ETA que fueron en su día sometidos a la doctrina Parot y que ahora tendrían que quedar en libertad.

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