Sábado 23/09/2017. Actualizado 01:00h

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Seguridad

Las asociaciones preparan una manifestación para enero

El Gobierno oculta a las víctimas de ETA las excarcelaciones de terroristas

Dejó de informarles tras la salida de Inés del Río en octubre de 2013. Acusan al Ejecutivo de utilizar “ingeniería jurídica” para soltar a etarras

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Las salidas de prisión de los etarras Santi Potros y Alberto Plazaola ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de las víctimas del terrorismo, que ahora señalan directamente al Gobierno. Las asociaciones acusan al Ejecutivo de ocultar las excarcelaciones y también de utilizar “ingeniería jurídica” para sacar de las cárceles a los asesinos.

El etarra Santi Potros, que acaba de ser liberado. El etarra Santi Potros, que acaba de ser liberado.

Según relata Ángeles Pedraza a El Confidencial Digital, la puesta en libertad de ambos etarras no fue notificada a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ni por una instancia judicial ni por el ministerio del Interior. Una ausencia de información que califica de “ilegal”: “Estamos personados como acusación particular y tenemos derecho a que se nos dé traslado de las excarcelaciones”.

Desde la salida de Inés del Río

Esa opacidad, sin embargo, no es nueva para la presidenta de la AVT ni para el resto de fundaciones y asociaciones de víctimas. Y es que desde hace ya más de un año, ninguna autoridad judicial ni gubernamental les ha puesto al corriente de las salidas de prisión de los etarras que se han ido produciendo en los últimos meses.

Tal y como explica Pedraza, la última comunicación recibida fue en octubre de 2013, en la que se informaba de la excarcelación de la etarra Inés del Río por la derogación de la ‘doctrina Parot. A continuación, y ante el recurso presentado por la AVT, “se nos notificó que, por la salida masiva de los terroristas, ya no se nos iba a informar de cada puesta en libertad”.

Desde entonces, insiste la presidenta de la AVT, las víctimas del terrorismo no han recibido ningún tipo de comunicación por parte del Gobierno y de los tribunales.

El auto de Ventura Tomé

Además del silencio informativo sobre la excarcelación de terroristas, las víctimas se están también viendo en serias dificultades para acceder a autos judiciales en casos en los que están personados como acusación particular.

Así ocurrió en septiembre con el auto que ordenó la puesta en libertad del etarra Ventura Tomé, con condena hasta 2029, por padecer un cáncer terminal de pulmón. Según Ángeles Pedraza, nadie del juzgado les trasladó la resolución del juez, hasta que ella llamó personalmente al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro.

Después de esa conversación telefónica, la AVT tuvo al fin acceso al auto judicial, “y descubrimos por qué no querían dárnoslo”, explica Pedraza. El motivo de la resistencia a entregar el escrito es, según la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que “en el auto se establecía un control médico anual a Tomé”. Una revisión anual que no casa con una enfermedad terminal.

Acusan al Gobierno de “ingeniería jurídica”

Desde la derogación de la ‘doctrina Parot’, las víctimas de ETA han contabilizado que, en el último año, han sido puestos en libertad 78 presos, que se han beneficiado de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo.

Los familiares de personas asesinadas por la banda terrorista no aceptan la “excusa del Gobierno” de que “tiene que acatar la resolución europea”. Según Ángeles Pedraza, el Ejecutivo no está obligado a cumplir lo que dice Estrasburgo y, además, podía haber modificado la legislación antes de que se pronunciara el Tribunal de Derechos Humanos.

Esa actuación, argumenta la presidenta de la AVT, se ha vuelto a repetir ahora con las excarcelaciones  de Santi Potros y Alberto Plazaola: “Se ha puesto como excusa el cumplimiento de una decisión marco del Consejo de Europa que daba por válidas los años de condena cumplidos en el extranjero”.

Tal resolución europea, aprobada en 2008, ha provocado en nuestro país la llamada ‘doctrina Urrusolo’, que recoge el apellido del etarra que, el pasado mes de abril, se benefició de esa resolución.

Según Ángeles Pedraza, el acuerdo marco del Consejo de Europa “es una decisión que cada país puede aplicar como quiera”. Desde 2010 el Gobierno ha pospuesto la aprobación de una legislación que impida computar los años de condena en el exterior, y ahora, el pasado 3 de diciembre, pone en vigor la aplicación de lo dispuesto por Europa hace cinco años.

La presidenta de la AVT considera que, con esa actitud el Gobierno demuestra que “busca siempre una ingeniería jurídica que permita la salida masiva de terroristas”. Por si fuera poco, ha bloqueado la aprobación del Estatuto de la Víctima, que permitiría a las asociaciones recurrir ante Estrasburgo las decisiones judiciales españolas.

Una manifestación en Madrid

Ante la actuación del Gobierno, y “si el Supremo no rectifica e impide más excarcelaciones”, las asociaciones de víctimas del terrorismo “saldremos a la calle”, anuncia Pedraza.

Desde la AVT se maneja la opción de convocar una gran manifestación en Madrid el próximo mes de enero, una vez pasadas las fiestas. El objetivo es “demostrar que estamos hartos de que se rían de nosotros”, remacha su presidenta.

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