Lunes 30/05/2016. Actualizado 01:00h

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Seguridad

Un caso en la prisión de Picassent crea jurisprudencia

Protección de Datos tumba el plan para privatizar la vigilancia de las cárceles

El uso de las fichas de los reclusos se restringe exclusivamente a policías y guardias civiles

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Uno de los proyectos estrella de Interior la pasada legislatura, la entrada paulatina de ex escoltas y vigilantes privados a las cárceles españolas, se desmorona. La Agencia Española de Protección de Datos ha determinado que esos trabajadores no pueden tener acceso a las fichas de los reclusos, por lo que limita mucho su labor.

Cárcel de Soto del Real. Cárcel de Soto del Real.

Según ha sabido El Confidencial Digital, esta decisión ha venido provocada por una denuncia de la Agrupación de los Cuerpos de Administración de Instituciones Penitenciarias, que hace año y medio descubrió una actividad que vulneraba la normativa vigente en materia de protección de datos privados.

En concreto, ACAIP alertó a la Agencia que los funcionarios del centro penitenciario de Picassent (Valencia) debían facilitar a los miembros de la empresa de seguridad listados con nombres y apellidos de internos que debían salir del Centro de Inserción Social, ubicado dentro del complejo penitenciario.

Los funcionarios de prisiones explicaron a Protección de Datos que no quedaba suficientemente claro que esos vigilantes de seguridad pudieran manejar esos datos, por carecer de habilitación legal para ello, por lo que ellos mismos podían incurrir en algún tipo de responsabilidad al facilitar esas fichas.

Interior, forzado a cambiar sus planes

Tras realizar diversas actuaciones previas que confirmaban lo expuesto por ACAIP, el 25 de septiembre de 2015 la Agencia Española de Protección de Datos inició expediente de declaración de infracción contra el Ministerio del Interior.

Dos meses después, el 30 de noviembre del año pasado, la Instructora del procedimiento realizó una Propuesta de Resolución en la que se especificaba que el Ministerio ha infringido la normativa vigente por “transmitir los datos a un encargado del tratamiento sin dar cumplimiento a los deberes formales establecidos en la Ley de Protección de Datos” .

Al tratarse de una infracción por parte de una Administración Pública, la Agencia exige que se rectifique la conducta que estaba fuera de la ley. Por tanto, desde finales del año pasado, Instituciones Penitenciarias tiene prohibido dar datos de presos a los vigilantes y empresas de seguridad privada.

Esta prohibición, por tanto, descarta la ampliación de atribuciones para estos vigilantes dentro de las cárceles, tal y como planeaba Interior. Solo los policías y guardias civiles podrán acceder a esas fichas, mientras que los vigilantes privados solo podrán realizar labores de perimetraje en el exterior del complejo.

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