Sobre el suicidio de un agente en Navarra

El expediente a una guardia civil por enviar una noticia de El Confidencial Digital por WhatsApp llega al Congreso

UPyD pide que el ministro del Interior explique la sanción de un teniente coronel

El Confidencial Digital informaba hace diez días de la apertura de un expediente a una agente de la Guardia Civil que había difundido una noticia de este medio en un grupo de conversación de Whatsapp. La polémica ha llegado al Congreso de los Diputados: UPyD solicita una explicación de Jorge Fernández Díaz.

El pasado mes de julio, ECD informaba de que la policía judicial investiga un intento de suicidio de un guardia civil delante de su superior. La noticia circuló ampliamente entre los agentes del cuerpo, que la distribuyeron por redes sociales y correo electrónico, en especial los agentes de la comandancia de Pamplona.

Hace apenas diez días, este confidencial informaba de que un teniente coronel había abierto un expediente a una agente de la Guardia Civil por haber difundido la información –con un enlace- a través de un grupo de WhatsApp.

Según ha contaba El Confidencial Digital, en el grupo de WhatsApp se encontraban incluidos varios compañeros que se encuentran cursando la carrera de Derecho y que mantienen conversaciones privadas sobre sus estudios.

Ahora llega al Congreso

Unión Progreso y Democracia (UPyD) quiere que el Gobierno de Mariano Rajoy, a través del ministro del Interior, explique las razones por las que se ha abierto un expediente disciplinario a una guardia civil que envió una noticia a un grupo privado de WhatsApp.

UPyD asegura en una nota que “no entiende la apertura del citado expediente teniendo en cuenta que el mensaje en cuestión se envió desde un móvil personal a un grupo privado de Whatsapp, máxime, cuando el hecho difundido era una noticia publicada en un medio digital y, por tanto, de libre acceso al público”.

Para la formación magenta, esta actuación resulta "preocupante" porque el secreto de las comunicaciones y la información libre y veraz son derechos "protegidos constitucionalmente", y porque pone en evidencia "la estricta vigilancia" a la que pueden estar sometidos por sus superiores en relación con su comportamiento.

La formación quiere saber si el Gobierno ha investigado cómo se ha obtenido una comunicación privada "constitucionalmente protegida" por parte de sus superiores para incoar dicho expediente disciplinario, quién la ha cedido a la Comandancia y si se ha incoado algún tipo de procedimiento contra esa persona "por vulneración del secreto de las comunicaciones".

 

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