Los funcionarios que vigilan a Ignacio González y Granados están hartos de los controles y ‘cacheos’ para evitar filtraciones
Aseguran que los encarcelamientos mediáticos han trastornado su día a día por la búsqueda de imágenes de vídeo, grabaciones de audio, fotos...
La cárcel de Soto del Real se ha convertido, en las últimas semanas, en uno de los principales focos de interés informativo tras los ingresos de Ignacio González y de Sandro Rosell. Antes, fue la de Estremera la que provocó titulares por albergar en sus celdas a Francisco Granados. Una presión mediática que está empezando a afectar a los funcionarios de ambos centros penitenciarios.
Así lo explican a El Confidencial Digital técnicos de Instituciones Penitenciarias, que aseguran que los ingresos de políticos o grandes empresarios está trastornando el día a día de los trabajadores de estas dos cárceles madrileñas, debido al férreo control al que están siendo sometidos por parte de sus superiores.
En este sentido, explican que una de las prioridades de las direcciones de ambos centros penitenciarios es evitar filtraciones sobre sus recursos. Y, por ese motivo, se han multiplicado los controles y la vigilancia a los propios funcionarios de prisiones.
Tanto es así que en Soto del Real, por ejemplo, se ha establecido una especie de “ley del silencio” tras el ingreso de Sandro Rosell. No se conoce ningún detalle de su día a día porque “nadie cuenta nada” tras las “presiones sufridas” después de que se publicara cómo pasó Ignacio González sus primeras horas en prisión.
Amagos de cacheo en Estremera
Si la presión sobre los funcionarios de Soto ha aumentado, en Estremera están sometidos a “controles diarios” en los que prácticamente se les cachea. Todo ello por la filtración de una foto en la que puede apreciarse una carta de Francisco Granados a Esperanza Aguirre.
Desde entonces, explican las fuentes consultadas, se están buscando más imágenes, audios, y vídeos captados por los propios funcionarios para que nunca lleguen a la prensa.
Una labora para la que no se duda revisar efectos personales de los trabajadores, tanto en las taquillas como en sus dispositivos móviles. Una situación “insostenible” que empieza a hartar a los funcionarios.
