¿Son delincuentes los que tienen cuentas en Panamá?

Desde que el pasado domingo salieran a la luz estas revelaciones, Hacienda ha comenzado a trabajar en el análisis de la información. Entre los implicados o residentes españoles que figuran en los “papeles de Panamá” destacan Pilar de Borbón, hermana del rey don Juan Carlos, el futbolista Leo Messi, el cineasta Pedro Almodóvar, el piloto Álex Crivillé o el escritor Mario Vargas Llosa.

De momento, son más de 120 políticos involucrados en esta investigación, así como más de 60 socios o familiares de líderes políticos y empresarios. La lista completa de implicados se conocerá en las próximas semanas.

Se están revisando más de 11,5 millones de documentos internos de uno de los cinco despachos de abogados panameños, Mossack Fonseca, especializados en el registro mundial de ese tipo de sociedades. Estos papeles incluyen correos electrónicos, cuentas bancarias, bases de datos, pasaportes y registros de clientes del despacho y revelan información oculta de alrededor de 200.000 sociedades conectadas con más de 200 países.

La investigación arroja luz sobre el secretismo que impera en la creación de sociedades en paraísos fiscales. Además, llega a poner en cuestión la legalidad de las sociedades offshore, un mecanismo muy utilizado para la optimización fiscal.

Su uso es legal si está declarada...

No obstante, la utilización de sociedades offshore en paraísos fiscales es absolutamente legal. Pero si es cierto que su uso ha estado en muchas ocasiones directamente relacionado con los principales casos de corrupción y fraude. La ilegalidad radica cuando no se informa a las haciendas del país de origen de la creación de una sociedad offshore en el exterior y cuando no se cumplen con las obligaciones fiscales. En el caso de España, es obligatorio comunicarlo a la Agencia Tributaria mediante el formulario y modelo 720 sobre bienes en el extranjero.

Se consideran como uno de los instrumentos legales más eficaces y eficientes para la planificación fiscal, la correcta utilización de diversos medios para la optimización en el pago de impuestos. Su utilización, extendida alrededor de todo el mundo, es ideal para el comercio internacional y electrónico, siempre que su uso no esté relacionado con prácticas ilícitas.

Una sociedad offshore es una empresa creada según las leyes de un Estado extranjero y cuya actividad se realiza fuera de la jurisdicción en la que está registrada. Son compañías creadas para acumular y albergar patrimonio, comprar bienes, como acciones, e incluso, para desviar beneficios personales o de una empresa a otro territorio.

Este tipo de sociedades se benefician de un régimen fiscal favorable y de leyes de protección de la información y secreto bancario. Completamente legal, aunque moralmente reprobable para muchos, conocidas multinacionales internacionales como Ikea, Starbucks, Google o Apple, entre otras, las utilizan para desviar beneficios.

... pero, ¿es moralmente reprobable?

Pero a través de la filtración de los papeles de Panamá se ha abierto también otro debate. Los límites de la ley y de la moralidad entre gobernantes y personas de alta responsabilidad pública, sea en las instituciones, en el mundo de la empresa o en cualquier otro ámbito. Parece claro que el uso de sociedades opacas persigue pagar menos impuestos y eso genera muchas dudas desde el punto de vista ético. 

Las normas de la ética afectan más a personas que están en el ámbito de la política y a las personas que han pontificado mucho sobre lo bueno y lo malo y que ahora resulta que se descubre que tienen una sociedad opaca para obtener beneficios fiscales.

Falta de confianza en la economía del país

Si dirigentes relevantes poseen intereses económicos fuera de su país, cuando ninguno de ellos son grandes empresarios globales, puede resultar moralmente reprobable. Pero, además de lo estético, si esos intereses en empresas o en cuentas domiciliadas en territorios offshore no persiguen ahorrar impuestos (que es la principal función) tampoco están dando mucho ejemplo sobre la seguridad jurídico-financiera que les ofrece el país en el que residen.

No parecen entender, en definitiva, que pagar los impuestos en España significa financiar los servicios públicos, y esa solidaridad con el país y los españoles no estaría de más que la compartieran figuras con especial proyección pública.