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Cristina Narbona opta por un software francés para el registro nacional de derechos de emisión y descarta la oferta británica

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El Ministerio de Medio Ambiente ha optado por el software francés para el funcionamiento de su Registro Nacional de Derechos de Emisión de gases contaminantes, dejando de lado la propuesta británica. Según el departamento de Cristina Narbona, la aplicación gala es la más adecuada a la ordenación administrativa española.

El Ministerio de Medio Ambiente ha optado por el software francés para el funcionamiento de su Registro Nacional de Derechos de Emisión de gases contaminantes, dejando de lado la propuesta británica. Según el departamento de Cristina Narbona, la aplicación gala es la más adecuada a la ordenación administrativa española. El pasado mes de noviembre, el Gobierno encomendó la gestión técnica del Registro Nacional de Derechos de Emisión a Iberclear, Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Este registro, adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, se configura como una base de datos electrónica en la que constará quién dispone de derechos de emisión y en qué cuantía, y en el que, de manera permanente y actualizada, se inscribirán todas las operaciones relativas a la expedición, titularidad, transmisión, transferencia, entrega, retirada y cancelación de derechos de emisión. Asimismo, en él se inscribirá la suspensión de la capacidad de transmitir derechos de emisión, según lo previsto por el marco legislativo. El registro, que será accesible al público, necesita de un software específico que actualmente comercializan únicamente dos países: Francia y Reino Unido. Según informa Aquí Europa, el Gobierno español ha elegido finalmente la propuesta francesa por ser la única —explica el Ministerio de Medio Ambiente- “con la flexibilidad suficiente como para dar respuesta a las necesidades de las comunidades autónomas”. Al parecer, el diseño del software francés está pensado para hacer frente a las necesidades que pueden plantear las administraciones autonómicas, algo que ya sucede en Alemania y Bélgica, países que ya cuentan con esta aplicación. Por tanto, y dadas las competencias que tienen las comunidades autónomas en relación al registro de emisiones, el Ejecutivo español ha creído que esta aplicación era la más adecuada para gestionar el registro de Emisiones teniendo en cuenta la ordenación administrativa española. La puesta en marcha del mencionado registro se enmarca en el artículo 25 del Real Decreto-Ley 5/2004, de 27 de agosto, por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión. También incorpora al ordenamiento jurídico español la directiva 2003/87/CE, que establece un sistema comunitario para el intercambio de derechos de emisión. El objetivo final es reducir las emisiones de CO2 en la Unión Europea de forma económicamente ventajosa y respetando los compromisos contraídos con el Protocolo de Kioto. Esta normativa europea prevé la creación en todos sus Estados miembros de un registro que permita llevar la cuenta exacta de cada uno de los derechos de emisión.