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Nuevos datos sobre la actividad represiva del régimen de Obiang provoca la alarma entre españoles y ecuatoguineanos en España

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En Guinea Ecuatorial vuelve a haber desaparecidos que colman el penal de Black Beach; se denuncian secuestros y muertes de exiliados, los presos políticos siguen en la cárcel y, en España, un próximo juicio ha de desvelar la inquietante presencia de la seguridad guineana. El miedo tiene cada vez mayor correspondencia con la realidad.

Los expertos se preguntan sobre lo que sucede para después comentar que no se puede juzgar la situación ecuatoguineana con criterios de racionalidad estricta. Por un lado, figura un Teodoro Obiang con avidez de respeto internacional, crecientemente cuidadoso con la diplomacia: hace unas semanas que, en una de sus frecuentes visitas a Marruecos por motivos de salud, acudió a recibirle el príncipe Moulay Rachid, hermano de Mohamed VI. Es tan sólo un ejemplo porque el dictador ecuatoguineano es de los líderes subsaharianos más cotizados en este momento. A España ha enviado al embajador que aquí podía resultar más amigable.

 

Por otro lado, en torno de Obiang continúa la trama espesa de intereses y enemistades y, según se aduce, hay altos funcionarios que sólo podrán sostener su circunstancia de privilegio si se desatan los conflictos que ahora permanecen aletargados. Estos funcionarios están preferentemente activos en la seguridad guineana y el ejército. Les resulta favorable todo cuanto sea el aislamiento del régimen. 

 

Hace un año fue el secuestro de un militar ecuatoguineano en Benín, Juan Ondó; y ahora ha sido la muerte de Atanasio Bitá Rope en las cercanías de Abiyán, Costa de Marfil. Bitá Rope fue dirigente de un movimiento insurreccional en la isla de Bioko, de mayoría étnica bubi, en los años noventa. El fracaso de la insurrección dio pie a una extensa represión por parte del régimen de Obiang, que en la práctica acabó con los núcleos activos del partido MAIB, asociación que aboga por la autodeterminación de Bioko y que, según diversas organizaciones, ha tenido carácter terrorista. En ningún caso, sin embargo, puede aducirse que Bitá Rope, exiliado en Costa de Marfil, o el militar Ondó representaran peligros creíbles para el régimen de Obiang.

 

Más cerca, en España, la primavera pasada se asistió al intento de linchamiento del exiliado Germán Pedro Tomo, antiguo contratista de la dictadura para obras públicas y hombre de dinero huido a Madrid por desavenencias con Teodorín, hijo de Obiang. Actualmente figura en el Consejo de Ministros del autoproclamado Gobierno en el Exilio, a las órdenes de Severo Moto. Como ocurre con Ondó o con Bitá Rope, Tomo no es una amenaza cercana para la dictadura ni su relevancia hace pensar en la venganza.

 

En aquella ocasión, hubo error "in persona" pues el apaleado fue el hermano de Germán Pedro Tomo, en el momento de recoger la compra del Opencor del maletero de un coche prestado por el propio Germán. Los responsables de la paliza fueron nacionales colombianos sin experiencia en estos delitos y, en un principio, las informaciones señalaron que se trataría de un ajuste de cuentas en el que la política nada había tenido que ver.

 

Sólo más tarde se supo de la colaboración entre empresarios del norte de España y el director de la Seguridad guineana, Manuel Nguema Mbá, tío del dictador Obiang. Esta colaboración estaba fundada en intereses económicos en la ex-colonia española y, según algunas fuentes, en el deseo de congraciarse con el dictador ecuatoguineano mediante la presentación de una víctima.

 

La actuación diligente de la Policía Española ha culminado en el procesamiento de diversos empresarios españoles que han hablado prolijamente en sus confesiones en comisaría. De cara al juicio, se esperan revelaciones muy incómodas para las autoridades ecuatoguineanas. El nuevo embajador, Ignacio Milam Tang, tendrá que usar toda su simpatía.

La confusión es grande por los ataques a personajes de "perfil bajo", con escasa potencialidad de dañar al régimen de Obiang Nguema. También es grande el miedo entre ciudadanos españoles y ecuatoguineanos residentes  por el recrudecimiento de las persecuciones y la constatación del despliegue de agentes ecuatoguineanos en España. A los Ministerios competentes se les ha rogado mayor protección policial.