Uber y Cabify se juegan en el Supremo su negocio en España
El Alto Tribunal va a unificar el criterio de los jueces sobre la concesión de autorizaciones a las empresas de alquiler de vehículos con conductor
La Comunidad de Madrid ya no concede autorizaciones a empresas de alquiler de vehículos con conductor como Uber o Cabify, pero el Tribunal Superior de Justicia está fallando a favor de las VTC, por lo que el número de permisos no para de ascender y alcanza ya la cifra de 2.100 autorizaciones. En otras comunidades ocurre lo contrario, por lo que será el Tribunal Supremo quien deba unificar el criterio.
Todo se debe a la ley Ómnibus del año 2009 en la que el Gobierno del PSOE presidido por José Luis Rodríguez Zapatero decidió liberalizar el sector del alquiler de vehículos con conductor.
Hasta entonces, solo se podía otorgar una autorización a empresas VTC por cada 30 licencias de taxi, ya que se trataba de limusinas y otros vehículos destinados a un público más rico a cambio de un servicio más caro.
En el año 2013, el Gobierno del PP de Mariano Rajoy decidió modificar esta ley y en 2015 se introdujo el decreto que volvía a restringir el sector a una VTC por cada 30 taxis. El problema viene por las autorizaciones solicitadas entre ambos cambios de legislación.
Mientras en la Comunidad de Madrid la justicia da la razón a las empresas solicitantes, en otros territorios como Asturias, Navarra o Cataluña, ésta se la da a la Administración y niega los permisos a las VTC.
Desde el Gobierno de Cristina Cifuentes, ya se han recurrido un total de 152 sentencias. Además, el martes se recibió una nueva resolución del Tribunal Superior de Justicia que desestimaba el recurso a la concesión de 10 permisos más. Fuentes del Ejecutivo han confirmado a El Confidencial Digital que dicha sentencia también será recurrida al Alto Tribunal.
A día de hoy, la Comunidad de Madrid cuenta con 2.100 autorizaciones a empresas VTC como Uber o Cabify, por 15.664 licencias de taxi. Esto se traduce en una diferencia de uno por cada 7,4. Muy lejos del uno por 30 que dicta la norma.
