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El director de la cárcel de Picassent eludió varios informes donde se alertaba de posibles motines y graves problemas en el módulo de aislamiento

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La directora de Instituciones Penitenciarias recibe este lunes a los sindicatos de prisiones. Se va a analizar el incidente de la semana pasada en la cárcel de Picassent, Valencia, en la que varios reclusos secuestraron a tres trabajadores. Un riesgo del que se hablaba en varios informes remitidos hace meses al director de la cárcel de Picassent.

Efectivamente, según ha podido saber El Confidencial Digital, existen varios informes escritos que denuncian las deficiencias del Módulo de asilamiento donde la semana pasada varios presos secuestraron a tres funcionarios y que se saldó con un funcionario de prisiones herido grave –a pesar de que el Delegado del Gobierno negó que hubiera heridos y calificara la rebelión como un incidente.

Esa documentación acredita que, desde que se construyó el citado recinto penitenciario, hace dieciséis años, no se dispone del preceptivo pasillo de seguridad, sólo había habilitada una entrada y en caso de evacuación de los trabajadores, la Guardia Civil tendría serias dificultades para sacar a los funcionarios del recinto. Sin embargo, desde la dirección se hizo caso omiso a esas alertas.

El mismo resultado tuvo la petición del sindicato Acaip de reunirse con el director del centro, José García Pardo, que lleva en el puesto dieciséis años. El objetivo de la reunión era denunciar que la situación en el recinto estaba degenerando peligrosamente. Sin embargo, no tuvieron oportunidad de hacer públicas sus opiniones pues la cita no llegó a celebrarse.

Por eso, remitieron varios informes escritos en los que sí consta un balance de la situación del módulo que, aseguran, estaba al rojo vivo: coexistían 28 presos –cuando lo habitual es no pasar de 15- y entre ellos crecían las reyertas. Es más, se explicaba, “se advertía del peligro que se vaticinaba por la personalidad de ciertos presos, en concreto los tres que protagonizaron el secuestro, y se pedía como medida suprimir sus paseos juntos en la hora de descanso”.

Sin embargo, García Pardo tampoco ha contestado a los informes ni a la solicitud de otra reunión urgente tras los hechos. La cárcel de Picassent –la mayor de España- es una de las más conflictivas. En 2005, han sido denunciados 1.563 hechos graves o muy graves y tiene una tasa de hacinamiento del 200%.

Lo más grave es que los “incidentes” no han terminado. De hecho, al día siguiente del motín se produjeron otras tres reyertas en la prisión. El sindicato UGT relató hace unos días otro nuevo incidente sin consecuencias, entre un recluso y un subdirector de seguridad del centro que se produjo durante un cacheo al interno.

La actuación, denuncian, estuvo plagada de fallos. Así, según estas fuentes, lo normal tras un suceso tan grave como el sucedido es que se traslade a los presos que han protagonizado el motín a la cárcel de Puerto de Cádiz. En este caso, se les ha trasladado a la de Villena y a la de Barcelona.

Además, no sólo no se dejó intervenir a la unidad de la Guardia Civil desplazada desde Madrid hasta horas después sino que, según aseguran fuentes de este cuerpo, el personal encomendado a vigilancia exterior estaba por “debajo de lo establecido como mínimo en el Plan de Seguridad del centro”.

Ante la ausencia de medidas, el sindicato de prisiones Acaip ha remitido al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dos cartas en las que pide el cese de la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, así como del equipo directivo de la cárcel de Picassent por la "nefasta gestión" del motín.

A falta de la reunión que celebre la titular de la cartera con los sindicatos –y en la que no ponen muchas esperanzas-, Instituciones Penitenciarias ya anunció que había abierto una investigación interna para aclarar las causas del incidente que incluya la declaración de los funcionarios secuestrados como del resto de internos del módulo de aislamiento, más de una veintena de presos, que no participaron en la sublevación. Las pesquisas deberán de aclarar, además, cómo los presos disponían en un módulo de aislamiento de pinchos, un destornillador y unas tijeras, instrumentos con los que amedrentaron a los tres trabajadores.