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Los intermediarios inmobiliarios denuncian a los “oportunistas” y exigen una regulación que acabe con el intrusismo

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Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) exigen una nueva legislación que acabe con el intrusismo y con el fraude en la profesión. Denuncian que el régimen actual permita que cualquier persona, sin necesidad de título o de estar colegiado, pueda ejercer las tareas propias de la intermediación inmobiliaria.

Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) exigen una nueva legislación que acabe con el intrusismo y con el fraude en la profesión. Denuncian que el régimen actual permita que cualquier persona, sin necesidad de título o de estar colegiado, pueda ejercer las tareas propias de la intermediación inmobiliaria. Los API que detentan un título y han recibido una formación específica, ponen de relieve el auge de los “oportunistas” que, sin ningún tipo de cualificación profesional, ejercen como intermediarios buscando dinero fácil a costa de abusos y estafas a personas que acuden a ellos para comprar o vender inmuebles. Además, se quejan de que esta situación esté amparada por la misma ley. El Real Decreto-ley 4/2000, de 23 de junio sobre “Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes”, en su artículo tercero afirma que las actividades de intervención inmobiliaria “podrán ser ejercidas libremente sin necesidad de estar en posesión de título alguno ni de pertenencia a ningún Colegio Oficial”. Esta ley fue aprobada con los votos de los parlamentarios “populares” sin escuchar las enmiendas y textos alternativos de otros grupos parlamentarios que pretendían introducir exigencias de formación y de garantía en defensa de los usuarios. El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, ha escuchado las denuncias de este colectivo y anuncia que en la futura Ley de la Vivienda para Cataluña, cuya aprobación está prevista para la primavera de 2005, regulará los principales aspectos de la actividad de intermediación inmobiliaria: formación de mediadores, registro legal de estos, relación de actividades ilícitas, infracciones y sanciones... Desde el sector inmobiliario se pide que todas las Comunidades Autónomas, por razón de su competencia legislativa de defender los derechos de los consumidores, sigan el ejemplo de Cataluña para evitar que el ciudadano que desea comprar o vender una vivienda sea víctima del intrusismo profesional.