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Primero: reconstruir la política. Después: levantar el país. Así habla el CIS real de la España post-Covid

El buzón abierto por el Congreso de los Diputados para la participación ciudadana en la Comisión de Reconstrucción sí que es un CIS: de quejas, de prioridades, de valoraciones, de estado de ánimo social, de aportaciones. Entre las propuestas particulares hechas, la responsabilidad política frente a la crisis, la reducción de los costes de la Administración, la mejora de la sanidad y la estabilización de los cerca de 800.000 interinos públicos son las propuestas más recurrentes. Las sugerencias transmiten una visión social pesimista, poco confiada en la eficacia de las Cortes, y con ganas de nuevas soluciones para la nueva normalidad

“Soy un joven de 28 años, con carrera universitaria y postgrado, y no tengo futuro”. “No creo que sus señorías reconstruyan nada aplicando soluciones del sistema de siempre”. “La situación empeorará en otoño, Dios mediante, porque los gobernantes van a mediar poco”. “Mis hijos van al trabajo hasta con fiebre bajo el terror del despido”. “Propongo al Gobierno la honrosa convocatoria inmediata y democrática de elecciones general. Lo demás es auxiliar a un cadáver”.

Así hablan los ciudadanos en el CIS alternativo y sin cocina: el buzón de participación social abierto por el Congreso de los Diputados para sugerir prioridades a la Comisión de Reconstrucción Social y Económica. Tres centenares largos de propuestas particulares hechas públicas: algunas de ellas en nombre de asociaciones, grupos, federaciones o corporaciones profesionales, pero la mayoría a título de ciudadanos. El tono general es de “o se ponen las pilas, o viviremos en nuestras carnes que el tsunami no ha hecho más que empezar mientras ustedes juegan a ser políticos”.

En muchas de las reivindicaciones se exige a los políticos que sean ellos los primeros que se aprieten el cinturón esta vez, “reduciendo el 25% del gasto efectuado en todos los cargos públicos nombrados o elegidos democráticamente y destinar el importe a investigación”, o sometiendo a todos los niveles de la Administración a un lifting ajustado a las circunstancias, como propone J.M.M.: “España tiene una excesiva Administración: un Gobierno central, 17 autonomías, 52 diputaciones, 8.131 municipios, 108 consejos comarcales, 350 diputados y 208 senadores. A todo ello hay que añadir los miles de enchufados de asesores y otras lindezas, y empresas que no sirven para nada, salvo para colocar amiguetes. Todos sabemos que estamos en una crisis de consecuencias imprevisibles. ¿Han pensando en adelgazar todo esto? Señores diputados: estamos hablando de más de 282.000 millones de euros. ¿Tienen idea de lo que se podría hacer con todo ello? Soy consciente de que esta propuesta ni tan siquiera merecerá su atención (…) Al final seremos otra vez los ciudadanos quienes soportemos las cargas públicas”.

Entre las sugerencias, un código ético y un juramento hipocrático para los aspirantes a gobernar. Los ciudadanos quieren que la ineficacia, la lentitud o el partidismo hegemónico dejen de ser actitudes sin sanción social

J.L.P.G. expresa lo mismo, de manera más enfática en un mensaje escrito en mayúsculas: “Mi propuesta es que rebajen al 50% los ministerios y un 50% el número de diputados del Congreso. Hemos comprobado cómo ha funcionado la Cámara Baja por el covid con muchos menos representantes. Y, por favor, poneros todos -izquierda, derecha, centro, nacionalistas- de acuerdo en beneficio de nuestro país”.

La supresión de coches oficiales y el entierro del Senado son sugerencias repetidas entre las propuestas escritas con un cierto hartazgo hacia la pasividad política de las instituciones. L.M., por ejemplo, plantea una regeneración de la clase política aprovechando las circunstancias implantando “un código ético de obligado cumplimiento” cuyo ninguneo conlleve “el cese en el cargo, la pérdida del escaño y de todas las retribuciones que corresponda”. En su opinión, “los aspirantes a gobernar deberían hacer un juramento hipocrático, como el de los médicos, donde manifiesten su vocación a representar dignamente a quienes les han dado su confianza”.

Por supuesto, varios ciudadanos, como J.C. o V.C.P. proponen la “inhabilitación perpetua de los cargos públicos por delitos económicos” y que “la malversación de fondos públicos tenga penas más duras y se exija la devolución de lo robado”. I.L. solicita además algo que en este periodo de crisis suena a prioridad: que “las deudas de las administraciones públicas sean devueltas con carácter de urgencia para dar liquidez a personas y empresas”.

F.M. es así de tajante y de concreto: “Mi sugerencia es que los políticos se hagan a un lado y se forme un grupo de expertos empresarios de diferentes sectores, representantes de grandes, medianas y pequeñas empresas. No me refiero a las organizaciones de siempre. Hablo de cinco representantes del nivel del sr. Roig, de Mercadona; de Pablo Isla, de Inditex; de Sanchez Galán, de Iberdrola”; de directores generales de empresas con prestigio de diferentes sectores “asesorados por gabinetes jurídicos independientes”. La idea es que los nuevos tecnócratas sean los protagonistas de la Comisión de Reconstrucción y “que se ofrezcan en directo las sesiones con la máxima transparencia para corroborar medidas que no infrinjan leyes, creen lobbies, etc.”.

“Háganse a un lado los políticos -prosigue F.M.-, sobre todo los que no hayan tenido una dilatada experiencia profesional en sector público o privado. Nos sobran en esta situación los intereses políticos y partidistas. Que les quede claro que los ciudadanos ya no queremos que sean los políticos los que cojan las riendas. No conocen cómo funciona el mundo real y así lo demuestran las medidas absurdas e incoherentes tomadas hasta la fecha. Queremos que verdaderos gestores ayuden con su visión, valiosa experiencia y vasto conocimiento. No queremos más Sánchez, más Casado, más Iglesias, más Abascal... No queremos concesiones a regiones que se creen por encima del resto. Queremos gestores sin deudas con nadie”.

F.M. propone que la Comisión de Reconstrucción la lideren Roig, Isla, Sánchez Galán y empresarios con experiencia, y “que les quede claro a sus señorías que los ciudadanos ya no queremos que sean los políticos los que cojan las riendas”

Algún mensaje de agradecimiento en peligro de extinción –“Quiero dar las gracias al Gobierno y al presidente, Pedro Sánchez, por la forma en que ha llevado adelante esta situación tan complicada que nos ha tocado vivir al mundo entero”, destaca un usuario- y más de una queja irónica. De todos los temas que encienden a los ciudadanos que participan en esta reconstrucción conjunta, la gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia es el más elocuente. Por ejemplo, Eduardo Rodríguez Rovira, presidente de Honor de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, aprovecha este canal para pedir al vicepresidente Iglesias los datos sanitarios y económicos sobre los que basa su propuesta de resurrección del sector, ya que duda de las cifras oficiales. 

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No a la OTAN, sí al cannabis

En el buzón que el Congreso ha abierto a la calle hay sugerencias de todo tipo, como aprobar “el autocultivo legal de cannabis” (D.B.), o fusionar las autonomías uniprovinciales - Asturias con Cantabria, Baleares con Cataluña, Murcia con la Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja, y Madrid con Castilla-La Mancha- como pide A.M. Hay quien solicita “wifi gratis en todas las capitales de más de 100.000 habitantes” (F.M.R.), “transformar el Ministerio de Defensa en Ministerio de Protección Civil” (J.B.), incluso abandonar la OTAN, votar a los 16 años, prohibir los circos con animales, utilizar vagones femeninos para proteger a las mujeres por la noche -sic- y reservar un 10 por ciento de las plazas de empleo público para transexuales, popurrí de medidas que sugiere J.C. en su Programa hacia la dignidad de un pueblo. Hacia la recuperación de la soberanía. Revolución ciudadana. 200 propuestas para el cambio político, un escrito de 18 páginas.

De todas formas, la mayoría de las aportaciones ciudadanas se suscriben a alguna propuesta concreta, expresada con naturalidad, a veces con faltas de ortografía que pasan tal cual a la web del Congreso y combinan en la redacción el respeto a sus señorías con el tirón de orejas. Es llamativa la cantidad de sugerencias aceptadas encaminadas a reclamar la consolidación de plazas de interinos en todas las administraciones públicas que, según F.E.G. “afecta a más de 800.000 trabajadores en fraude de ley”.

Una sanidad en urgencias

Las sugerencias más trabajadas son las presentadas por profesionales sanitarios, que reclaman un Pacto de Estado que nazca de las Cortes para que la sanidad se convierta en un sector intangible y se pongan en marcha los mecanismos necesarios para reactivarla después de todo lo vivido durante el tramo más duro del impacto del coronavirus. Muchas enfermeras piden a los representantes políticos que revisen los roles profesionales en el ámbito sanitario para que tengan un protagonismo más eficiente en los hospitales y los centros de Atención Primaria del país. Aunque las competencias sanitarias estén transferidas a las comunidades autónomas, reclaman una actualización de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias para darle al F5 de la realidad de la profesión, de la sociedad española y de la atención sociosanitaria.

C.S.M. insiste en la necesidad de crear la especialidad de Urgencias y Emergencias, comprometida estos días por el ministro de Sanidad, Salvador Illa. J.C.B propone la estandarización de unos “estrés test” obligatorios para todos los hospitales, centros de salud y residencias medicalizadas “como se han establecido para la banca” con el objetivo de determinar “la preparación de estos centros para atender y afrontar distintos escenarios de crisis”. En el fondo, habla de un sistema sanitario que, además de volcarse hacia la prevención de la salud de la población, esté diseñado para prevenir ataques contra la salud sin necesidad de improvisar, como ha sucedido en el abordaje del coronavirus.

Muchos profesionales sanitarios han enviado sus propuestas a la Comisión de Reconstrucción. Ellos han vivido en primera persona que la sanidad española no puede seguir estando solo sobre sus espaldas

Muchos ciudadanos solicitan ampliar las plantillas de la sanidad pública y fortalecer la Atención Primaria. J.G.M. aporta un análisis sobre la refundación del Sistema Nacional de Salud de siete páginas donde hace análisis, anamnesis, diagnósticos y ofrece tratamientos, como la unificación de los sistemas de información para, al menos, tener datos fiables con los mismos criterios por parte de las administraciones, un déficit evidente en un país que todavía no sabe cómo contar a sus muertos como hemos visto en esta crisis epidemiológica.

El buzón ciudadano para la reconstrucción del país incluye también dos reportajes publicados en Confidencial Digital en el que veinte expertos analizan la sanidad española, sus debilidades y sus horizontes, y reclaman el bisturí del Estado para reactivar el Sistema Nacional de Salud sin dilaciones administrativas que compliquen la toma de decisiones urgentes.

La admiración social por el esfuerzo de los profesionales sanitarios en estos meses queda también manifiesta en muchas de las propuestas. F.M.R., por ejemplo, reclama una subida de sueldo a todos “para retener el talento” y J.M.B.C. recomienda al Gobierno que piense en la posibilidad aprovechar las partidas aprobadas para los viajes del Imserso para ofertar estancias gratuitas a las personas que han estado en primera línea” contra el coronavirus, una iniciativa que busca promover tambien el turismo nacional y que ya ha tenido eco en el Ejecutivo de Pedro Sánchez

Empleo y jóvenes “muy preocupados” con el futuro

En materia de empleo también abundan las sugerencias: ofrecer la “posibilidad de jubilarse a cualquier edad a partir de los 50 años, con la evidente reducción de la pensión de jubilación, sin necesidad de demostrar enfermedad”, aprobar por ley “que los empleados por cuenta ajena no puedan trabajar los fines de semana” o la reducción “del pago de la Seguridad Social por contratar a jóvenes de 16 a 25 años, por el que el empleador cotizaría 100 euros al mes”, como propone F.M.R. J.C. considera la oportunidad de “establecer un salario mínimo mensual de 1.500 euros netos por 35 horas semanales”.

J.L. anima a sus señorías a pensar la posibilidad de “acortar las jornadas laborables de los ERTE a cuatro días” y varios ciudadanos apuestan por que “la gente que recibe la renta mínima trabaje para la comunidad”. J.C.T.P. da un paso más, y anima a garantizar el salario mínimo interprofesional con la condición de que quienes lo perciban “trabajen gratis en jornada de ocho horas diarias en una empresa o con un autónomo, con una modalidad de contrato especial”.

L.P.I. propone “la regularización administrativa extraordinaria de todas las personas migrantes, mayores de edad, que están conviviendo con nosotros y que no se acogen a los estatutos de refugiados, menores no acompañados, trata de personas o violencia de género”, ya que están excluidos “por completo” del “recién aprobado ingreso mínimo vital”. Por su parte, L.M.C.M. pide que se flexibilicen las líneas ICO “para la liquidez de las pymes” en estos momentos de pesimista incertidumbre. J.I.R.A. cree que ha llegado la hora de crear “una plataforma única nacional de búsqueda y oferta de empleo, que unifique las ofertas y búsquedas, tal y como hacen los portales inmobiliarios”.

La presencia de autónomos en este conato de Parlamento Abierto es manifiesta. M.A., por ejemplo, propone pagar una cuota según las ganancias y más flexibilidad en las altas y bajas, según el rendimiento económico de su actividad emprendedora.

J.B.M., 28 años, licenciatura y postgrado, en paro: “No nos dejen tirados a los jóvenes que no podemos hacer frente a otra crisis como la de 2008”

J.B.M. tiene 28 años, una licenciatura y un máster, pero está en paro “sin poder cobrar el subsidio”. Vive con sus padres “por no contar con ingresos para emanciparme y lograr una vida independiente”. Está en “búsqueda activa de empleo”. Va cada tres meses al Servicio Público de Empleo Estatal -L.S. ha enviado una sugerencia para optimizar el funcionamiento de este servicio- “a sellar, pero no cuento con ingresos, ni puedo gestionar siquiera una vida social”. Su vivencia personal le lleva a proponer “un fondo para los jóvenes exentos del Ingreso Mínimo Vital, que también necesitamos ayuda económica para salir adelante”. Y les dice a sus señorías en su escrito: “No nos dejen tirados a los jóvenes que no podemos hacer frente a otra crisis. Necesitamos ser partícipes del proceso de reconstrucción, que se nos mire, y que el Estado nos pueda ayudar en el camino. Espero que esta humilde muestra no caiga en saco roto. Lo imploro como ciudadano español muy preocupado con mi futuro”.

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Conciencia eco

Entre los centenares de sugerencias se palpa también una creciente conciencia ecológica y saludable entre los ciudadanos participantes. Por ejemplo, M.R.A. propone subir los impuestos o gravar con una tasa alimentos que desestabilizan la salud y T.U. destaca la necesidad de “alfabetizar e ilustrar ecológicamente a escala masiva” a la sociedad. “El despliegue informativo y pedagógico sobre el coronavirus nos da la medida de lo que tendría que ser tomarnos en serio de verdad la urgencia ecosocial”.

F.M.R., por su parte, anima a los miembros de la Comisión de Reconstrucción a considerar “la eliminación de la muerte del toro en las corridas para poder dar espectáculo de nuevo, como un buen caballo de carreras”, mientras que R.M.V. quiere que “la transición energética hacia una generación sostenible y renovable sea uno de los pilares de la reactivación económica”.

También hay medidas contra los incendios forestales, los residuos nucleares, el desarrollo de la inteligencia artificial y para obtener el máximo aprovechamiento del viento y del sol en la economía española. Y también se observa que el buzón del Congreso ha sido una herramienta directa para que los planteamientos de lobbies, con sus intereses empresariales o ideológicos, se trasladen a la opinión pública a coste cero.

Pocas propuestas culturales. Muy pocas. Quizás, la más destacada sea la que hace J.C. para solicitar “un fondo estatal de 100 millones de euros” dedicado a fomentar la cultura española reduciendo los precios en taquilla”.

Una política anacrónica

En el buzón ciudadano, ninguna propuesta sobre infancia y solo algunas referencias a la conciliación, siempre enmarcadas en otras prioridades. Aunque sean dos cuestiones importantes para una sociedad que avanza, ahora mismo cualquier iniciativa política que no se centre en levantar lo que el coronavirus ha tumbado resulta anacrónica, al menos esto es lo que late de fondo al leer la opinión de la calle cincelada en la web del Congreso. Sin embargo, la política española es anacrónica por la vía de los hechos a pesar del tsunami. En estos días hemos visto al vicepresidente segundo defendiendo la Ley de Infancia en el Parlamento mientras todavía desconocemos las cifras de nuestros muertos; y a la ministra de Igualdad, Irene Montero, anunciando una ley sobre conciliación, cuando crece cada día el número de parados; y a ERC, JxCAT, PNV, Bildu, CUP y BNG solicitando la creación de una comisión de investigación sobre Felipe González y el GAL, cuando el GAL y la España post covid son dos universos muy paralelos y muy distantes en este momento concreto de 2020.

En cualquier caso, ahí está en negro sobre blanco la voz de los españoles que han querido enviar su ladrillo y su cemento a la Cámara Baja. Sin riesgos de cocina y sin Tezanos que salpimienten la opinión pública con azúcar, sal, y especies interesadas. En manos de sus señorías está aplicarse el contenido y acertar con las medidas antes de que sea tan tarde como la eterna desesperación de los que más sufren la parálisis de un país en crisis en medio de una crisis de liderazgo político.

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