Los abogados de los franquiciados de Restalia solicitan que el caso sea investigado en la Audiencia Nacional
La cadena de 100 Montaditos está acusada de estafa, coacciones, organización criminal y delitos contra la salud de los consumidores
El Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid ha acordado abrir una investigación al dueño del grupo Restalia, José María Fernández Capitán, a la compañía y a varias de sus filiales como La Sureña, TGB (The Good Burger) o 100 Montaditos. Asimismo, la pesquisa también va dirigida a una veintena de responsables de los restaurantes.
La denuncia fue interpuesta por un grupo de franquiciados en agosto de 2021 y en ella acusaban a la empresa de cometer delitos como, por ejemplo, organización criminal, delito continuado de estafa agravado, delitos contra los consumidores, coacciones, delitos fiscales y blanqueos de capitales.
En dicho escrito, revelado por la Agencia EFE, se manifiesta que el grupo “habría ocultado, de manera deliberada, la existencia de acuerdos con proveedores que suponía, en definitiva, que la franquicia resultase inviable”.
Además, franquiciados del TGB también han acusado al grupo de haberles suministrado carne caducada y "forzado a vender carne baja en grasas como si fuera de vacuno", engañando a los clientes.
Muchos de ellos prefirieron desecharla y asumir los gastos “de su bolsillo” antes de vendérsela a los consumidores, según han explicado a Confidencial Digital fuentes de Cremades&Calvo Sotelo, abogados que representan a los franquiciados junto con el bufete de Sevilla, Rafael Franco Abogados.
Estas mismas fuentes aseguran que por todos los delitos por los que se les acusa pueden enfrentarse a penas entre 4 y 8 años de cárcel.
Cada vez se suman más establecimientos
En un primer momento, han sido 31 los denunciantes iniciales, pero a lo largo de los meses, se han ido sumado o han mostrado interés por adherirse otros 60 afectados, lo que supondría ya casi un centenar de interesados. Los franquiciados afectados están presentes en todas las Comunidades Autónomas de España.
Pero, aunque en un principio los primeros pasos de la investigación corren de la mano del juzgado de instrucción citado anteriormente, desde Cremades&Calvo Sotelo han explicado que a lo largo de esta semana van a presentar un escrito de declinatoria para que “el juzgado de instrucción deje de conocer, y conozca la Audiencia Nacional”. Dichos letrados entienden que se dan todos los presupuestos para que el caso se eleve a la Audiencia Nacional.
Y es que, el requisito que establece el artículo 65 de la Ley Orgánica para que sea la Audiencia Nacional la que lleve la investigación es que haya perjudicados en al menos una Audiencia, y en este caso, “aquí hay afectados en toda España”.
Además, la cuantía del perjuicio es muy alta y existe la posibilidad de que finalmente varios franquiciados de Italia se sumen a la denuncia, y las causas extranjeras se llevan a cabo en la AN.
Franquiciados de Italia quieren unirse
Estos franquiciados italianos están interesados en conocer la denuncia y planean sumarse a ella. Por ello, el pasado lunes, una treintena de ellos se reunieron con los letrados durante tres horas "y muchos de ellos van a unirse". En dicho país, había 70 establecimientos abiertos y actualmente tan sólo quedan vigentes entre cinco y diez.
Asimismo, no descartan que en un futuro otros países extranjeros comiencen a mostrar interés por esta denuncia.
"Desde agosto de 2021 hasta la fecha ha habido muy pocas diligencias de actuación", han manifestado. El juez solicitó una prueba pericial de tipo económica para comparar la situación de las franquicias, pero el primer perito no aceptó el encargo. En estos momentos se ha nombrado ya a uno nuevo y dispone de dos meses para emitir el informe pericial.
“El juez, hasta el momento que no tenga la prueba pericial, no quiere realizar actuaciones de ningún tipo, ni admisión de nuevas ampliaciones ni personaciones de nuevos franquiciados, aunque desde el despacho las están presentando”, han relatado a Confidencial Digital.
Por ello, además de los 31, esta semana van a presentar una ampliación de entre 30 y 40 establecimientos más ante el Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid, y, en septiembre, se van a incorporar otros 30. Han decido presentarlo por bloques porque hay que entregar mucha documentación”.
La estimación inicial de pérdidas es “mínimo” de 50 millones de euros
La valoración inicial de los daños de todos los establecimientos se estima que ya ronde los 50 millones de euros “como mínimo”, lo que supone una media de entre 300 y 600 mil euros por establecimiento.
“En estas estimaciones se tiene en cuenta la inversión inicial, la puesta en marcha del negocio, la reforma del local, la adquisición de suministros…”, han manifestado, pero también deberán tenerse en cuenta las expectativas de rentabilidad, la pérdida de casas o patrimonio personal porque todos los franquiciados avalan a entidades financieras, a terceras personas o sus inmuebles. En España cerraron en 2021 un total de 100 establecimientos.
Restalia asegura que no ha recibido la demanda
Según un comunicado de Restalia al que ha tenido acceso Confidencial Digital, hasta el momento, manifiestan que no tienen constancia ni han recibido denuncia o citación alguna. A ello añaden que “en sus 22 años de historia, la compañía no se ha enfrentado a procedimientos penales y cumple, rigurosamente, la regulación vigente”.
Por ello, se han querido mostrar tranquilos al considerar que han actuado “de forma transparente y acorde a los acuerdos y contratos con sus franquiciados en todos sus términos y condiciones” y siempre se han posicionado al lado de sus franquiciados.
“Por supuesto, respetamos el procedimiento judicial y colaboramos con todo lo necesario y cualquier requerimiento, como siempre hemos hecho”, concluye el comunicado.
