Judicial

Admitida a trámite una querella contra Prisiones por la gestión del Covid-19 en las cárceles

Una juez ha requerido a Instituciones Penitenciarias que remita al Juzgado los protocolos que siguieron los directores de los centros. Inspección de Trabajo ha enviado un informe en el que niega que se hayan infringido las normas de prevención

El Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid ha admitido a trámite una querella contra la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por la gestión del Covid-19 en las cárceles españolas. Un grupo de trabajadores ha presentado la denuncia porque considera que se han infringido las normas de prevención de riesgos laborales y se les ha expuesto al virus. 

En el auto, al que ha tenido acceso Confidencial Digital, la juez María del Pilar Martínez Gamo solicita a Instituciones Penitenciarias que envíen al Juzgado los protocolos de actuación que los directores de los centros penitenciarios llevaron a cabo durante la pandemia, así como las peticiones que hicieran los centros durante ese tiempo al Ministerio de Interior solicitando EPIs u otras medidas de seguridad. 

La juez pide también que se remitan las actas de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en relación con el Covid-19 en cada centro y que la Inspección de Trabajo elabore un informe sobre cómo se ha gestionado la prevención de riesgos laborales en las prisiones. 

La asociación que ha presentado la querella, Tu Abandono Me puede Matar, considera que se ha expuesto a los trabajadores penitenciarios al virus por la falta de material y de recursos en la etapa más complicada de la primera ola. La denuncia se interpuso el pasado mes de abril, pero en un primer momento la juez la inadmitió a trámite. El abogado que lleva el caso, Carlos Insua, interpuso entonces un recurso con el que la Fiscalía se mostró de acuerdo, por lo que la magistrada lo admitió finalmente a trámite. 

El informe de Inspección de Trabajo favorable

La Inspección de Trabajo ha remitido al juzgado ya el informe, al que Confidencial Digital también ha tenido acceso, donde detalla cómo actuó para tratar de contener el virus en las cárceles y concluye que no observa infracciones por parte de la administración. 

Según el informe de nueve páginas, el 4 de febrero de 2020 se remitió a todas las direcciones de los centros de trabajo dependientes de Instituciones Penitenciarias unas normas de actuación por la aparición del Covid-19 donde se indicaban las medidas a adoptar por los empleados y los equipos de protección individual que debían usar. 

Explican además que desde el inicio de la propagación del virus se ha remitido a todos los centros indicaciones sobre la jornada laboral, la flexibilidad horaria, el teletrabajo, los turnos de trabajo especiales para equipos directivos, etc. 

Detallan con diferentes fechas desde marzo hasta julio los documentos que enviaron con medidas de desescalada en las cárceles. 

Dice este informe que Instituciones Penitenciarias ordenó una redistribución de material al observar que algunos centros tenían déficit de equipos de protección individual y otros excedentes. Además, argumentan que han distribuido un “número importante de mascarillas quirúrgicas” -aunque no especifican el número- mascarillas FFP2, buzos impermeables, etc. 

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La Secretaría de Instituciones Penitenciarias corrobora al inspector de Trabajo, según el documento, que actualmente todos los centros tienen una dotación suficiente y adecuada de equipos para proteger a los empleados. Explica que “más allá” de “alguna disfunción puntual que pudiera haber ocurrido en la aplicación de las medidas”  de protección en los primeros momentos del estado de alarma, la Inspección de Trabajo no tiene constancia de que se haya producido ninguna infracción por la que los trabajadores hayan sido expuestos. El abogado de los querellantes ha recurrido el informe.  

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