Anticorrupción investiga la vinculación de facturas de Mediapro, Telefónica y TV3 en la financiación de Convergencia

Guardia Civil y Mossos acaban de remitir un informe a la Audiencia Nacional en el que acreditan la participación de empresarios y políticos catalanes en el entramado conocido como ‘caso del 3%’

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David Madí

El juzgado que dirige Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional acaba de recibir un informe policial que ahonda en las empresas y el origen del dinero con el que se nutría la productora Triacom, que financió de forma irregular la extinta formación política Convergencia Democrática de Catalunya (CDC). A raíz de estas pesquisas en el marco del ‘caso del 3%’, la Fiscalía Anticorrupción va a solicitar facturas y pagos que Telefónica, Mediapro o TV3, entre otras, compartieron con esta productora cuyo principal dueño era el empresario catalán Oriol Carbó.

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En el informe con fecha del 1 de julio al que ha tenido acceso Confidencial Digital, como parte de una operación conjunta entre la Jefatura de Información de la Guardia Civil y la Unidad Central Anticorrupción de Mossos d’Esquadra, se detallan los pagos a CDC a través de una trama de facturación falsas en la que habría sido de importancia capital la productora Triacom Audiovisual SL, proveedora de los contenidos de la televisión pública TV3.  

Los agentes consideran acreditado que las empresas de Carbó eran sociedades pantallas cuya única voluntad era fragmentar la facturación y desviar el dinero a terceros. Ninguna disponía de página web, ni anunciaban sus servicios en ninguna plataforma.

El dinero que recibió Carbó sirvió para pagar los gastos electorales de la campaña de 2010, en las que Artur Mas fue elegido por primera vez presidente de la Generalitat. Pero no solo. También se pagó a terceras personas relacionadas con el partido. Por ejemplo, los agentes consideran acreditados desvío de fondos a Marc Puig, director de comunicación y atención ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona entre 2011 y 2015; a la Asociación Pilar Bayés -de cuya junta directiva Oriol Carbó formó parte-, una reconocida dibujante catalana que formó parte de las listas de Junts per Catalunya por Barcelona en las elecciones al Parlament; y Mariona Sabaté, expareja del director de la agencia de espías Método 3 Francisco Marco, a quien se pagó el alquiler de un inmueble, según el escrito. 

Los investigadores se centran ahora en acreditar el recorrido del dinero a través de otras empresas que terminaba en efectivo para financiar el partido. Entre los archivos de Carbó, a quien la Audiencia Nacional ordenó registrar la sede de su productora en febrero de 2020, se encontró un excel de contabilidad con una pestaña llamada ‘‘varis’ donde se anotaba la contabilidad paralela. “Del análisis de dicho apartado ‘varis’ resultan nuevas facturas, no contempladas como dudosas hasta el momento que, a juicio de esta unidad de investigación, presentan elementos que hacen susceptibles de no corresponder con prestaciones de servicios reales”, expone el informe. 

Facturas falsas 

A partir de un análisis de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y de las indagaciones de los mossos y guardia civiles se ha constatado la falsedad de las operaciones, porque, en primer lugar, no había medios materiales ni humanos para llevar a cabo los trabajos que se facturaron, por la vaguedad de los conceptos facturados, así como por la falta de experiencia en el sector de las empresas que emiten las facturas. 

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Para los agentes resulta “inverosímil” que para la producción de unos programas de televisión, Triacom contratara durante tres años seguidos a las mercantiles Terminación, Interiorismo e Inalba que no tenían ningún tipo de experiencia en el sector. El propietario de estas era Diego Garzón Uribe, un empresario de Huesca. Los investigadores destacan que las empresas contratadas radicaban a más de 250 kilómetros de los estudios donde se grababan los programas. Los días después de los pagos se producen retiradas inmediatas del dinero. “propio de un sistema de facturas falseadas en el que el emisor procede a devolver todo o gran parte de lo ingresado por el cliente para simular un pago que no corresponde con operaciones reales”, explican al juez de la Audiencia Nacional. 

 

La vinculación con TV3

La Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuals (TV3) es el principal cliente de Triacom, aportando en el periodo entre 2010 y 2016 más del 81% de sus ingresos.  Los conceptos que se están investigando son trabajos relacionados con programas como ‘El Gran Dictat’ o ‘Fish & Chips’. 

En este sentido, han encontrado una factura emitida por otra entidad (Emocional Base) que hace referencia a un casting realizado a concursantes del programa ‘El Gran Dictat’. La investigación efectuada por Hacienda reveló que dicho casting fue realizado en realidad por trabajadores de Mediapro, lo cual supone que no existieron los trabajos de Emocional Base. El objetivo de facturar servicios por duplicado, según los investigadores, supone favorecer el desvío de dinero a terceras personas o empresas. 

Otros ingresos de Triacom 

Además de TV3, los investigadores analizan pagos de otras entidades como el Ayuntamiento de Barcelona, con el que consiguieron contratos relacionados con la atención a la ciudadanía en el periodo en el que Marc Puig era director de Comunicación y Atención Ciudadana del propio Ayuntamiento. Asimismo se realizaron pagos de Telefónica que suscribió un contrato con Triacom por el patrocinio de una serie para Televisión de Catalunya SA denominada ‘Jo vull ser’ que nunca llegó a hacerse. 

También se recibieron facturas por conceptos de servicios realizados en la Generalitat por un proyecto del 012 que realmente nunca se desarrolló. 

La misma metodología que David Madí 

Mossos y Guardia Civil observan cómo las sociedades administradas por Oriol Carbó y las administradas por el expolítico de CDC David Madí comparten metodología respecto a la numeración de las facturas. “Utilizan una codificación que sugiera la posibilidad de que exista un asesoramiento único en cuanto a la emisión de las facturas”, exponen. 

Por el momento, Madí no está imputado en esta pieza separada del caso en la Audiencia Nacional, pero Anticorrupción también va a solicitar a Hacienda datos sobre el empresario. Si bien el exconvergente sí está siendo investigado en la causa ‘Voloh’ que versa sobre el presunto de fondos públicos para financiar el independentismo.  

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