Anulada la indemnización de 26.000 euros a un funcionario de prisiones herido al reducir a un preso

El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 7 de Barcelona en la que indemnizaba con 26.000 euros a un funcionario de prisiones que había resultado herido cuando intentaba calmar a un interno que estaba dando problemas.

Los hechos ocurrieron en junio de 2016 en el Centro Penitenciario de Jóvenes de Cataluña. El funcionario de prisiones se resbaló y se cayó cuando se disponía a entrar en una celda en la que un interno estaba alterado. A consecuencia de la caída sufrió lesiones y por ello necesitó someterse a un tratamiento quirúrgico y precisó de un total de 299 días para curarse por completo.

El preso fue declarado insolvente por lo que no tenía dinero para pagar al funcionario. Por este motivo, el Juzgado Contencioso Administrativo condenó a la Generalitat de Cataluña a abonarle la indemnización de 26.000 euros al afectado más los intereses legales. 

La sentencia de este juzgado señaló que el interno ingresado en la prisión estaba bajo la custodia de la Administración y que el funcionario, además, estaba bajo el ejercicio de sus funciones. Por este motivo reconoció el derecho del profesional a recibir la cantidad de dinero que pidió debido a las lesiones causadas y a la baja laboral que tuvo que solicitar.

Pero ahora el Tribunal Supremo ha anulado la indemnización porque considera que la Administración no tiene la obligación de responder administrativamente de las lesiones y perjuicios sufridos por los funcionarios de instituciones penitenciarias como consecuencia de acciones ilícitas cometidas por los internos al ser personas que están a su cargo, según la sentencia a la que ha tenido acceso Confidencial Digital.

La representación legal del funcionario de prisiones se opuso al recurso de casación que la Generalitat de Cataluña presentó ante el alto tribunal porque ha considerado que la jurisprudencia que se aplica en casos de lesiones en miembros de la Guardia Urbana o Mossos d’Esquiadra es aplicable a todos los empleados públicos al manifestar que su función es similar a la de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: mantener la seguridad.

En cambio, el alto tribunal ha argumentado que la situación de un funcionario de prisiones es diferente a la de un policía, al igual que lo sería la de, por ejemplo, un médico agredido, ya que no tienen la consideración de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ni son colaboradores suyos. “Reconocer esa indemnización implicaría una innovación normativa”, ha concluido.

Proposición de Ley para ser agentes de autoridad

El Congreso de los Diputados debatió el pasado 22 de marzo la toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Socialista, por la que se modifica la Ley Orgánica General Penitenciaria, para reconocer, a efectos legales, a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias como agentes de la autoridad.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, David Serrada, explicó que esta proposición de Ley surge del acuerdo y del diálogo para impulsar un cambio necesario en la institución.

Según ha publicado la web del PSOE, la Proposición de Ley incluye “la respuesta necesaria a las justas reivindicaciones de los trabajadores públicos de las Instituciones Penitenciarias, recogiendo y regulando, normativamente, situaciones que carecen del respaldo legal adecuado”.

La norma plantea un avance sobre el marco jurídico que regula al personal de instituciones penitenciarias. El objetivo es dotar a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, introduciendo el principio de indemnidad, que supondrá otra garantía de protección en caso de agresión a un funcionario; y ampliando la seguridad del personal en caso de detención, traslado o encarcelamiento”.