Judicial

Los argumentos del Gobierno para los indultos no servirán a los independentistas en Estrasburgo

Las defensas de varios condenados estudian si pueden incluirlos a los recursos, pero expertos consideran que Europa no debe entrar en una decisión política

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photo_camera Los presos del 'procés' saliendo de la prisión de Lledoners este miércoles

Los argumentos del Gobierno para conceder los indultos a los presos del ‘procés’ se leen en 33 páginas difundidas por el Ministerio de Justicia. Algún abogado de los independentistas ha reconocido a este digital estar estudiando si pueden incluirse de alguna manera en el recurso que se van a presentar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), pero la mayoría de expertos consultados por Confidencial Digital consideran que la justicia europea no puede entrar a valorar una decisión política. 

“Dependerá de la habilidad de los abogados para utilizarlo”, dice un magistrado del Tribunal Supremo que participó en la sentencia del ‘procés’. Los nueve condenados tienen a muy selectos letrados penalistas ejerciendo sus defensas, y estos buscan y rebuscan entre jurisprudencia para poder conseguir que el tribunal de Estrasburgo revoque el fallo del Supremo.

Los exconseller Josep Rull y Jordi Turull así como el presidente de Òmnium Jordi Cuixart ya han recurrido a la justicia Europea, pero las defensas de los demás continúan redactando. Sin embargo, según las fuentes consultadas, no van a poder rascar mucho del informe del Gobierno sobre la medida de gracia. 

El ejemplo de Junqueras 

En informe del Ejecutivo sobre Oriol Junqueras se revela un denso trabajo del equipo del ministro Juan Carlos Campo con una profusa argumentación jurídica en la que cita mucha jurisprudencia como, por ejemplo, un voto particular de 2013 del propio Carlos Lesmes, actual presidente del Tribunal Constitucional, en el que reconoce el indulto como una garantía Constitucional. 

Dicho documento sitúa a Junqueras como “una persona clave para la restauración de la convivencia” y dice que “su peso en el devenir de las relaciones entre España y Cataluña resulta indiscutible”. 

“Evidentemente los abogados lo van a utilizar. Van a decir que el propio Gobierno español está reconociendo que había unas motivaciones políticas en el tribunal y que, por tanto, han tenido que rectificar un error y luego lo adornarán con que en España el sistema no respeta las garantías”, dice Antonio Alonso, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Comillas. 

En la argumentación del Ejecutivo no se cuestiona la sentencia condenatoria del ‘procés’ de octubre de 2019, sino que se defiende con especial ahínco la separación de poderes:  “aquello fue la vía jurisdiccional. Esto es la vía política”. 

En este sentido, los expertos coinciden en que una decisión política no se puede contemplar en el Tribunal de Estrasburgo, pero “lo que sí es cierto es que el ambiente que se ha creado con los indultos no favorece la posición de la justicia española”, apunta Alonso. 

Razones políticas y no judiciales 

“Se trata de razones políticas, no de justicia. Sería fuerte si pudieran apelar a argumentos de Justicia, pero no es el caso”, cuenta Antonio Doval, catedrático de derecho público y penal en la Universidad de Alicante y especialista en indultos. 

El documento repartido por el Ministerio de Campo incide en la utilidad pública para la “acuciante necesidad de responder, cuanto antes, a la profunda crisis social y política” de Cataluña. “La utilidad pública no va vinculada al valor o utilidad pública de estas personas, va referida más bien a volver al cauce del diálogo”, matiza Doval. 

A lo largo de las 33 páginas se remarca que la excarcelación busca una senda (“la única vía eficaz”) para imponer de nuevo el diálogo porque, según el Ejecutivo de Pedro Sánchez el PP enquistó el problema: “el Gobierno central eludió cualquier acción política y dejó en manos de la Justicia toda respuesta a los desafíos de las instituciones catalanas”. 

Precisamente, por esta reiteración de la separación de poderes el documento sirve “como argumento práctico, pero no como argumento jurídico”, según explica Juan Antonio García Jabaloy, copresidente de la sección de abogados penalistas del Colegio de Abogados de Madrid. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos deberá valorar lo ocurrido concretamente en octubre de 2017, que es lo que entró a juzgar la Sala Penal del alto tribunal y no lo ocurrido después -como los indultos-, según estos expertos. 

La gravedad de lo sucedido en 2017 

En esta línea, el Gobierno no minimiza los daños de lo sucedido: “Esta propuesta de indulto es muy consciente de la gravedad de lo ocurrido en Cataluña en otoño de 2017”. El hecho de que ahora el poder Ejecutivo no vea el castigo penal como una respuesta al conflicto, no se traduce en una deslegitimación de la condena del Supremo ante los ojos de los magistrados europeos, explican a ECD. 

Lo que entrará a valorar, por tanto, el tribunal en Europa será si se vulneraron o no los derechos humanos con esa sentencia condenatoria. “El indulto no obedece a que se hayan producido o no esos hechos, es algo ajeno a eso”, explica García Jabaloy. 

Los recursos ya presentados

El último en recurrir la sentencia al TEDH ha sido el exconseller Josep Rull, de la mano de su abogado Jordi Pina. “Tenían (o aparentaba tener) interés en la condena de los acusados a penas muy graves”, manifestó Pina en declaraciones recogidas por ‘Europa Press’. 

“Vamos a la justicia europea a acusar al Estado de persecución de la disidencia y de vulneración de derechos y libertades fundamentales”, manifestó Rull en un tuit ese día. Antes que él y con argumentos similares en unos recursos muy extensos acudieron el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el exconseller Jordi Turull. 

Consideran que el Supremo “se atribuyó la competencia para investigar y juzgar los hechos” y sostiene que debería haberlo hecho el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Según las fuentes consultadas, Estrasburgo puede tardar en pronunciarse, al menos, un años desde el momento en el que se han presentado.

Imágenes de la zona de la erupción en La Palma tomadas por la Guardia Civil

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