Judicial

La Audiencia Nacional archiva la causa contra los cuatro españoles que administraban una página web neonazi

Da carpetazo a la investigación por falta de pruebas. La Policía encontró pornografía infantil en el ordenador de uno de los detenidos

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photo_camera Letrero en el campo de concentración de Auschwitz, Polonia.

50.000 suscriptores, múltiples canales y contenidos traducidos a más de 20 idiomas. La Policía Nacional detuvo en diciembre de 2018 a tres españoles de entre 21 y 23 años por un supuesto delito de odio que habrían cometido al gestionar la versión en castellano de una página web referencia mundial en la exaltación de Adolf Hitler y el ideario nazi.

Con las detenciones, la Policía cumplía una orden judicial del Juzgado Central de Instrucción 3 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Arrestados en Barcelona, Tarragona y Zaragoza, aprovechaban el tirón de la web para lanzar proclamas contra judíos y homosexuales. Pero no estaban solos. Se localizó en Suiza, en colaboración con Europol y la Policía helvética, a otro español, el presunto líder del grupo.

Tres años después, la Audiencia Nacional ha decretado el archivo provisional de la causa y la Sala de lo Penal ha dicho no al recurso de apelación para continuar con las pesquisas formulado como acusación popular por la Asociación Movimiento contra la Intolerancia, recoge un auto del 23 de diciembre al que ha accedido Confidencial Digital.

Según la nota de prensa que hizo pública la Policía Nacional en 2018, los integrantes del grupo neonazi habían reforzado las medidas de seguridad meses antes de su detención para dificultar que alguien les siguiera el rastro. Para ello, actualizaban los contenidos de la web a través de servidores en el extranjero y se inventaron identidades falsas.

En abril de 2017, el cabecilla -según averiguaron los agentes- se puso de acuerdo con sus colegas para abrir en España una versión propia de una web neonazi muy popular en Estados Unidos. Tenían como objetivo ganar seguidores no solo españoles, sino extender su propaganda, gracias al idioma castellano, el segundo más empleado del planeta por hablantes nativos, sus mensajes racistas y homófobos a Latinoamérica.

Desde Suiza, el cabecilla administraba un blog, Alerta Judiada, que achacaba a los judíos "todos los males que sufre la sociedad" en publicaciones que podían traducirse al instante a muchos idiomas, como el francés, coreano, griego, italiano, ruso o polaco.

María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, sobreseyó de manera provisional las pesquisas el pasado 11 de noviembre por falta de pruebas. En su auto, Tardón explicaba que el Centro Criptológico Nacional no había podido descifrar las contraseñas que bloquean los archivos almacenados en los dispositivos que se incautaron a los investigados. El mismo criterio adopta la Sala de lo Penal, que desestima la apelación: "Nada sustancial se ha encontrado".

Movimiento contra la Intolerancia recurrió en diciembre el "precipitado" archivo provisional del caso. Para la asociación hay "ingentes evidencias digitales" que involucran a los cuatro españoles en la elaboración de contenidos que fueron "distribuidos masivamente" en internet para "enaltecer la figura de Adolf Hitler y su III Reich justificando la persecución de los judíos en aquel tiempo", los años 30 y 40 del siglo XX.

Con esos mensajes, los investigados querían "incitar en la actualidad al mayor número de personas posibles al odio antisemita y a la violencia contra la Comunidad Judía, dando lugar a ataques concretos contra personas concretas si analizamos los autos con el debido detenimiento". Añadía la asociación que el Juzgado Central de la Audiencia no había conocido en detalle qué significaba la simbología racista y no había analizado todo el material intervenido en las casas de los detenidos.

 

Precisamente, en el material requisado a uno de ellos, el detenido en Zaragoza, la Policía descubrió 2.681 archivos pornográficos, entre los que había imágenes que reproducían abusos a niños. Un juzgado de Instrucción de la capital maña lo condenó el pasado mes de abril a pagar 2.700 euros de multa en lugar de los siete meses de cárcel que solicitaba la Fiscalía. El joven confesó y alcanzó un pacto con el fiscal.

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