Carlos Lesmes, Enrique Lucas y Nicolás González-Cuéllar, candidatos para sustituir al magistrado que ha renunciado en el Constitucional

El Gobierno aprovecha la urgencia por sustituir a Fernando Valdés para crear un clima que permita un pacto completo con el Partido Popular

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Al Tribunal Constitucional (TC) le falta un magistrado desde que el pasado 14 de octubre, Fernando Valdés Dal-Ré presentó su renuncia. El Gobierno podría nombrar un sustituto provisional, pero fuentes jurídicas señalan que no tendría sentido que se renovara una sola plaza cuando hay otros tres magistrados pendientes del cambio. El Ejecutivo quiere aprovechar la urgencia de suplir esta vacante para crear un clima de pacto con el Partido Popular que impulse también la renovación de las instituciones pendientes. 

Además de Fernando Valdés, quien ha dejado su plaza después de que se abriera una investigación contra él por un presunto delito de violencia de género, el presidente del Constitucional, Juan José González Rivas; la vicepresidenta, Encarna Roca; y el magistrado Andrés Ollero tienen el mandato cumplido desde noviembre de 2019. 

Los doce magistrados del Tribunal de Garantías, a los que se renueva por tercios, tienen un mandato de 9 años. A estos cuatro se les designó en julio de 2012, por lo que en realidad podrían permanecer hasta julio de 2021. Sin embargo, todos ellos fueron nombrados casi un año y medio después de concluir el tiempo de sus predecesores y esta tardanza se les descuenta del total de su mandato. Algo que ahora volverá a ocurrir. 

Los cuatro nuevos juristas -que bien pueden ser magistrados, fiscales o profesores de universidad- deben ser elegidos por el Congreso con mayoría de tres quintos. Pero al ser cuatro, no habrá problemas porque el PP puede designar a dos y el PSOE a otros dos. El Gobierno quiere utilizar este pacto, aparentemente sencillo, para cambiar el discurso público en favor de la renovación del resto de los órganos, tal y como explican fuentes jurídicas a ECD. Especialmente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

Al tener un magistrado menos, el propio Constitucional hará presión para que el Congreso acuerde una solución, indican fuentes del tribunal. 

Enrique Lucas y Nicolás González-Cuéllar 

En el apartado de los perfiles que no son magistrados, Enrique Lucas y Nicolás González-Cuéllar suenan con fuerza para entrar en el edifico del Constitucional, según diversas fuentes jurídicas. 

Enrique Lucas es licenciado en derecho por la Universidad de Deusto y catedrático de derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco. Actualmente, es miembro del actual Consejo General del Poder Judicial, formando parte de la Comisión Disciplinaria. Fue elegido a propuesta del PNV. Además, dirige la firma Gómez-Acebo & Pombo abogados en Bilbao. 

Por su parte, Nicolás González-Cuéllar es catedrático en derecho procesal en la Universidad de Alicante y dirige su propio despacho de abogados dedicado, fundamentalmente, al derecho penal económico, empresarial y derecho mercantil. 

Un perfil del Tribunal Supremo  

El salto de despacho del edificio del Tribunal Supremo al despacho del Constitucional, ubicado en la calle Domenico Scarlatti es algo de lo más común. 

 

Por un lado el magistrado Pablo Lucas Murillo, quien también estuvo en las quinielas para presidir el CGPJ. Es miembro de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desde 2001 y desde 2012 forma parte de la Sala de Gobierno por elección de sus compañeros. Lucas Murillo es un perfil muy técnico con una amplia carrera profesional en el mundo del derecho. Es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba, además de doctor 'honoris causa' por la Universidad Federal do Ceará de Brasil. Ha estudiado cuestiones relacionadas con el derecho a la protección de datos personales y aspectos principales del ordenamiento constitucional del Poder Judicial. 

Cabe destacar que formó parte del tribunal que permitió exhumar los restos del dictador Francisco Franco y es el magistrado que ejerce el control judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Asimismo, es un juez con una relación estrecha con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ya que formó parte en 1991 del tribunal que le otorgó la plaza de profesora de Derecho Constitucional en Córdoba. 

Carlos Lesmes, una constante

Son diversas las fuentes que señalan las aspiraciones del actual presidente del Tribunal Supremo a ser magistrado del Tribunal Constitucional. Sin duda, sería uno de los nombramientos más llamativos ya que Carlos Lesmes ha sido en los últimos años la cara visible del Consejo General del Poder Judicial con varios encontronazos con el Gobierno. El último, hace solos unas semanas, cuando realizó un discurso en Barcelona mostrando su malestar con el Ejecutivo por la ausencia del rey Felipe en la entrega de los despachos de los nuevos jueces. 

Lesmes ha continuado con los nombramientos a puestos del Supremo, en contra de lo que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pidió que se hiciera. Sin embargo, fuentes cercanas al magistrado, señalan que muchos de los nombres propuestos buscaban satisfacer a ambos lados del arco parlamentario para mostrar equidistancia. Lo mismo sucedió cuando evitó pronunciarse sobre la “idoneidad” del cargo de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado. Ya entonces, voces del mundo de la justicia señalaron este movimiento como una jugada para asegurarse el apoyo del Gobierno de cara a un puesto en el Constitucional.

El actual presidente del CGPJ va camino de convertirse en el más duradero de la historia del órgano. Lesmes se inició en la carrera judicial en 1984 y optó por el Ministerio Público, hasta que en 1993 reingresó como magistrado especialista en contencioso-administrativo. Formó parte del Gobierno popular de José María Aznar durante cinco años y luego, tras su paso por la Audiencia Nacional, llegó a la Sala Tercera del Supremo en 2010.

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