El CGPJ se plantea pedir a Europa que se pronuncie sobre la ley que limita sus funciones
Cinco miembros proponen acudir a la Red Europea de Consejos de Justicia para que examinen si la normativa que acaba de aprobar el Gobierno choca con las competencias atribuidas por la Constitución al órgano de los jueces
El Consejo General del Poder Judicial debatirá en la próxima reunión si pedir a Europa que examine la ley que limita sus funciones. Cinco vocales han solicitado al presidente Carlos Lesmes que valore la idea de pedir la opinión internacional acerca de si la modificación de la Ley del Poder Judicial pone en jaque la independencia judicial por restringir unas competencias que la propia Constitución atribuye al órgano de gobierno de los jueces.
Los veintiún miembros del CGPJ se reúnen en pleno este jueves 22 de abril y ya tienen sobre la mesa el informe que su gabinete técnico ha elaborado para analizar el alcance de la reciente reforma de la ley que prohíbe a los vocales en funciones efectuar nombramientos en las cúpulas de las carreras. 
Por el momento el órgano no se ha pronunciado sobre la petición de tres de las cuatro asociaciones de jueces sobre la intervención europea en el asunto, pero fuentes internas confirman que llevan semanas buscando un posicionamiento conjunto. Lo que se ha decidido, por el momento, es debatir en el pleno del jueves si hacen una petición formal de colaboración a la Red Europea de Consejos de Justicia para que examine y se pronuncie sobre la reforma. Fuentes del CGPJ creen que la modificación legislativa afecta a los mecanismos de defensa de la independencia judicial porque limita competencias que se les atribuyen constitucionalmente.
A petición de Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart y Juan Martínez -cinco vocales a propuesta del PP- el presidente Carlos Lesmes llevará este debate a pleno para que se tome una decisión. Según las fuentes consultadas con que una mayoría sea favorable se podrá pedir a la Red Europea este informe que, en cualquier caso, no es vinculante pero que supondría un nuevo toque de atención desde Bruselas.
Cabe recordar que una de las vocales partidaria de llevar la reforma a Europa, Nuria Díaz, presidió la Red Europea de Consejos del Poder Judicial (European Network of Councils for the Judiciary) entre los años 2016 y 2018 por lo que conoce perfectamente su funcionamiento. Dentro del CGPJ existe la opinión de que después de que las propias asociaciones de jueces hayan movido ficha ellos no pueden quedarse de brazos cruzados.
El informe del Gabinete jurídico
Lesmes también dará cuenta en la reunión del informe que había encargado al gabinete técnico sobre el alcance de la ley y que ya tiene encima de la mesa. Las incógnitas que pidió a los letrados que resolvieran eran diversas como qué funciones quedaban limitadas exactamente y de qué manera.
El texto no entra a valorar el ajuste constitucional de la norma, algo que sí podría hacer el Tribunal Constitucional -en caso de que se recurriera- o la Red Europea de Consejos. En el informe se subraya que el CGPJ, aun estando en funciones, debe asegurar el buen funcionamiento y la independencia de la carrera judicial por lo que sus competencias deben aproximarse lo máximo posible a las del órgano vigente.
Dicen los letrados que para regular las funciones no se pueden reducir las que la propia Constitución establece. Advierte de la falta de coincidencia entre la aparente voluntad del legislador y la voluntad de la ley, algo que puede desembocar en la “atrofia y paralización del CGPJ” que, entienden, es lo que precisamente el Gobierno quiere evitar.
En el aire dos vacantes en la Sala Militar del Supremo
Este informe solicitado por Lesmes deja claro que con la actual ley el CGPJ no podrá nombrar a ningún magistrado. No hay duda, dice el gabinete técnico, de que teniendo la limitación de nombrar en vigor esto afecta también a los nombramientos de los magistrados procedentes del Cuerpo Jurídico Militar o a los altos cargos de la jurisdicción militar.
Tampoco podrá aprobar el Consejo las bases de las convocatorias de provisión de cargos judiciales de carácter discrecional, publicar las convocatorias o realizar cualquier otra actuación destinada a facilitar la resolución de un nombramiento discrecional.
Esto deja en el aire la situación de la Sala Quinta del Tribunal Supremo después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo anulara los nombramientos de los magistrados Fernando Marín Castán y Ricardo Cuesta porque el propio CGPJ infringió el procedimiento para cubrir dichas plazas al omitir el trámite de recabar unos informes previos.
La petición de las asociaciones
Tres asociaciones que representan a más de 2.500 jueces remitieron el pasado lunes una carta a la vicepresidenta de la Unión Europa para Valores y Transparencia Vera Jourová y al Comisario Europeo de Justicia Didier Reynders para exponer la situación de “riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho en España”.
El CGPJ no se ha pronunciado al respecto, pero estas tres asociaciones se movilizaron para mostrar su inquietud ante el actual panorama sobre la independencia judicial. Es el mismo camino que siguieron los jueces del Tribunal Supremo de Polonia y que ha llevado a a que se le abra un procedimiento para que se active el artículo 7 del Tratado de Lisboa. La Unión Europea citará a los jueces que han enviado la misiva, según publicó ‘La Razón’.
