El Colegio de Abogados respalda a dos letrados de oficio que se negaron a actuar en Gürtel porque no les pagaban

Los dos abogados de oficio que renunciaron el pasado mes de noviembre a la defensa de las empresas Proyectos Financieros y Hator Consulting por el impago de su salario han logrado el amparo del Colegio de Abogados. El juicio estaba relacionado con la trama Gürtel.

Antonia de Jesús Flores y Francisco José Fernández-Cruz se negaron en pleno juicio a continuar con la representación de las empresas en la Sección 2ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pero no han contado con el respaldo del Ministerio de Justicia, ya que éste les rechazó la renuncia y les obligó a continuar en el sumario.

Tras no estar conformes con la respuesta, los letrados de oficio solicitaron días después el amparo del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), y éste se lo concedió. Según un documento consultado por Confidencial Digital, la corporación exigió en reiteradas ocasiones al Ministerio de Justicia que pusieran solución a la situación de los abogados, pero no recibió respuesta.

El amparo colegial es un conjunto de medidas y actuaciones que adoptan las juntas de gobierno para garantizar al abogado su independencia y libertad a la hora de ejercer su profesión frente a una autoridad, tribunal o juzgado. Ambos letrados consideraron que se habían quebrantado dichas medidas durante su defensa.

Según el documento, en la ley procesal no existe una normal que obligue al abogado a continuar con el caso.

Abogado de oficio para personas jurídicas

Según la Ley 1/96 de 10 de enero, las personas jurídicas, es decir, las empresas, no tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita. Pero en el año 2016 el Colegio Oficial de Abogados suscribió un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía para que las sociedades pudiesen acceder a la defensa gratuita.

Sin embargo, a fecha actual y según el escrito de ICAM, el Ministerio de Justicia quiere anular este acuerdo pero sin asumir el pago de las defensas de los letrados del Turno de Oficio. Por este motivo, desde el Colegio de Abogados, han considerado que si no se les paga, los abogados no tienen obligación de defender a las empresas de forma gratuita, por lo que han manifestado que “la renuncia de los letrados está justificada”.

Además, el decano de ICAM, José María Alonso, explicó en Confidigital que no iban a designar abogados de oficio a personas jurídicas si no se les paga porque, además, este tipo de casos son macrojuicios. A ello añadió que “si este decano tiene que asumir algún tipo de consecuencia, la asumiré, pero no puedo permitir eso”.

Juicio sobre corrupción

Los dos abogados de oficio que solicitaron el amparo fueron designados en julio de 2016 para asumir la defensa de las empresas mercantiles Hator Consulting y Proyectos Financieros en un juicio sobre corrupción en el municipio madrileño de Boadilla del Monte.

En esta causa el PP se sentó el pasado 16 de noviembre en el banquillo de los acusados como partícipe a título lucrativo por, presuntamente, haberse beneficiado de las supuestas irregularidades cometidas por Arturo González Panero, ex alcalde de la formación en la localidad madrileña, más conocido como El Albondiguilla. La cuantía es de 204.198 euros entre 2001 y 2009.

El juicio, que tiene previstas más de treinta sesiones  y que se prolongarán al menos hasta finales de febrero, se dirige contra 27 procesados y 13 personas jurídicas.