Judicial

Una comisión rogatoria de Suiza revela 4,9 millones de euros de la trama del exembajador Morodo

La Fiscalía helvética ha bloqueado las cuentas de la Fundación Ayacucho, que asocia con el diplomático español en Venezuela en la etapa de Zapatero

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photo_camera El exembajador en Venezuela, Raúl Morodo, acude a declarar en la Audiencia Nacional

El Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, que investiga al ex embajador español en Caracas Raúl Morodo, ha descubierto una cuenta en Suiza con un total de 4.921.875 millones de euros. El magistrado Alejandro Abascal sigue el rastro del dinero en cuentas bancarias de PDVSA del que fue diplomático con José Luis Rodríguez Zapatero y de su hijo Alejo Morodo, a quienes se investiga por presunto cobro de cantidades millonarias procedentes de esta petrolera estatal venezolana. 

En una comisión rogatoria a la que ha tenido acceso Confidencial Digital, las autoridades suizas remiten toda la documentación bancaria referente a una fundación llamada Ayacucho. La información procede del banco helvético Zarattini Bank que calcula que, a fecha de diciembre de 2020, el patrimonio ascendía a 1.282.138 millones de euros líquidos y otros 3.640.737 en acciones, es decir, casi 5 millones de euros. 

La Fiscalía Suiza ha enviado a la Audiencia Nacional un pendrive en el que detalla toda la información que, en su momento, solicitó el juez instructor Santiago Pedraz cuando lideraba las pesquisas en 2019. Después de haber aglutinado todos los datos, remiten detalles sobre la apertura de cuentas bancarias, correspondencia, extractos de cuentas, patrimonios, aclaraciones sobre transacciones y justificantes en un extenso informe.

Además el Ministerio Público de ese país aclara que ha embargado de forma provisional todos los bienes a nombre de la Fundación Ayacucho, pero incide en la provisionalidad y dice que, si el juez así lo estima, se solicite mediante comisión rogatoria un bloqueo ordinario del patrimonio. 

El juez Abascal acordó prorrogar el plazo de instrucción de este caso seis meses más porque estaban pendientes de incorporar el resultado de esta comisión rogatoria, así como otra en Estados Unidos y una en Andorra. El instructor trata de esclarecer el cobró de comisiones millonarias del entramado de Morodo y su familia por la petrolera PDVSA a cambio de asesorías ficticias. 

La Policía sostiene que el embajador utilizó sus contactos políticos para enriquecerse y lo hizo en compañía de sus socios: Carlos Adolfo Prada, también imputado, y Juan Carlos Márquez, que se suicidó en Madrid en 2019 tras declarar ante el juez que “saquearon” la petrolera al tiempo que abandonaron comisiones a jerarcas venezolanos. 

Su hijo, Alejo Morodo, está en el centro de la investigación y se le imputa un desfalco de la petrolera de más de 4,5 millones de euros mediante falsos contratos. En el sumario existen también unas transferencias de Morodo a René Arreaza que era coordinador general de la vicepresidencia de Hugo Chávez. 

Las últimas declaraciones 

El pasado mes de julio el magistrado Abascal decidió volver a citar al exembajador y a otras 23 personas en una nueva ronda de declaraciones (18 en calidad de testigo y cinco como investigados), entre las que incluía a René Arreza. 

Por el momento, tanto Morodo como su hijo se acogieron a su derecho a no declarar mientras que su mujer Cristina Cañete justificó su patrimonio en términos de herencia familiar y su nuera Catarina Varanda esgrimió un argumento similar para explicar movimientos como la compra de un piso de lujo en Madrid para la que recibió una transferencia desde Portugal. 

 

El pasado martes compareció como testigo el exviceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez, Nervis Villalobos, pero se desligó por completo de cualquier vínculo con Morodo. 

En toda esta ecuación ha entrado también un actor de última hora. El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo Carvajal, conocido como ‘El Pollo’, declaró hace una semana ante otro juez en la Audiencia Nacional y sostuvo que Unidas Podemos recibió pagos de esta petrolera estatal a cambio de unos informes de asesoría carentes de contenidos, según publicó ‘El Mundo’. 

La causa todavía está a la espera del resultado del resto de comisiones rogatorias, así como de otras declaraciones como la del hermano del embajador, Guillermo Morodo, que se suspendió la pasada semana por un error en la cédula de citación. 

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