Judicial

¿Cómo avanzan las reclamaciones de las tarjetas revolving?

La sentencia del Tribunal Supremo del 4 de marzo que declaró como abusivos los intereses de una tarjeta WiZink ha impulsado las reclamaciones de los consumidores

Tarjetas revolving
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Era una de las sentencias más esperadas del primer trimestre de 2020. Miles de consumidores llevaban meses aguardando una respuesta del Tribunal Supremo sobre las tarjetas revolving, un mecanismo de pago aplazado que ha conducido a multitud de personas a la ruina por su complejo funcionamiento y dudosa transparencia.

Después de semanas de especulaciones, el fallo se produjo el 4 de marzo y el Alto Tribunal declaró como abusivos los intereses de una tarjeta revolving de WiZink que alcanzaba el 27% TAE anual, sentando así jurisprudencia de cara a futuras reclamaciones y abriendo la puerta de los tribunales a todos los afectados.

Sin embargo la oleada de reclamaciones que se esperaba tras la sentencia no ha sido tal en estos primeros meses. La proximidad de esta decisión con la declaración gubernamental del estado de alarma producida el 14 de marzo ha influido directamente en el número de procedimientos iniciados por la obligación de confinamiento. En cualquier caso, ¿qué tal van las reclamaciones de aquellas personas que sí han iniciado los trámites?

Balance muy positivo

Desde la plataforma indemniza.me han gestionado cuantiosas reclamaciones y de la mano del letrado Iván Metola explican que “el balance hasta la fecha es muy positivo”. Analizando con detenimiento la sentencia, él considera que “el Tribunal Supremo ha ratificado su doctrina despejando cualquier atisbo de duda y señalando que los intereses desproporcionados pueden ser controlados por los jueces con la Ley de Represión de la Usura”.

A continuación añade que además “se ha abierto la puerta a impugnar este tipo de contratos también por la vía del control de transparencia de las cláusulas que no son suficientemente claras o comprensibles para el consumidor sobre el verdadero funcionamiento de estos productos en el momento de su contratación”.

Los pasos a seguir

Una de las dudas más frecuentes de los consumidores afectados por este mecanismo de pago aplazado es qué pasos o qué hoja de ruta deben seguir para iniciar su reclamación. En este aspecto Iván Metola no recomienda que el consumidor “intente resolverlo por su cuenta dado que las financieras intentan aprovechar su situación de indefensión”.

Tal es así que “les ofrecen acuerdos bajo una apariencia de mejora de la situación angustiosa del cliente, que en realidad esconden una estrategia para neutralizar las opciones de los consumidores para reclamar después”. Por ello su consejo es “buscar asesoramiento profesional” y “que no se acepte ninguna propuesta sin consultar con especialistas”.

De hecho termina por señalar que “la mayoría de las propuestas que se están recibiendo por parte de las entidades bancarias consisten en una reducción de los tipos de interés o una quita parcial de la deuda”. Algo que él mismo califica como “totalmente insuficiente” en comparación con lo que se podría lograr iniciando una reclamación.

Ninguna propuesta que no incluya la devolución de todas las cantidades pagadas por el cliente que excedan del capital que le prestaron debería ser aceptada”, aconseja. Su postura es clara y según su criterio “el castigo para la usura es muy contundente: no se podrá cobrar ningún tipo de interés”.

 

El estado de alarma no es un impedimento a la hora de reclamar

Es evidente que el estado de alarma ha afectado a las reclamaciones y el abogado de indemniza.me afirma que “la Administración de Justicia se encuentra en este momento trabajando a un ritmo lento”, aunque también reconoce que “progresivamente va a ir recuperado su actividad”.

De cualquier forma esta medida excepcional no supone un impedimento a la hora de interponer una reclamación. Iván Metola explica que “cuanto antes se actúe más pronto llegará la solución al conflicto”, pero no niega que “el parón que estamos sufriendo provocará que se retrase unos meses la resolución de los casos”.

Independientemente de cuáles sean los plazos, todo parece indicar que los bancos tendrán que hacer frente a la devolución de cantidades millonarias por haber comercializado estas tarjetas revolving sin ofrecer al consumidor unos mínimos de transparencia sobre su funcionamiento y empleando unos intereses que el Tribunal Supremo considera usurarios.

Así lo preveía la entidad Barclays, que auguraba hace un par de meses un impacto en los bancos de hasta 3.100 millones de euros. De hecho, este estudio estimaba que las entidades que tendrán que desembolsar mayor cantidad de dinero serán: CaixaBank (1.000 millones de euros), Banco Santander (625 millones de euros), BBVA (500 millones de euros) y Sabadell (300 millones de euros), principalmente. El paso del tiempo confirmará si tienen razón.

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