Judicial

Cumbre de la Fiscalía en el Pazo de Mariñán para preparar mejoras sobre la ley que les otorga la instrucción

Dolores Delgado y el Consejo Fiscal se encerrarán en un "retiro" de tres días para redactar el informe definitivo sobre la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal

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photo_camera Reunión del Consejo Fiscal. Foto de archivo

Los miembros del Consejo Fiscal, órgano asesor de la Fiscal General del Estado, viajan este lunes a La Coruña, incluida la propia Dolores Delgado para encerrarse en un pazo del siglo XVIII en el que perfilarán el informe sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que otorga la investigación de los procesos judiciales al Ministerio Público. 

Durante tres días, Delgado, el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos, la fiscal jefa inspectora y los otros nueve fiscales que conforman este Consejo dormirán en el Pazo de Mariñán, en el municipio coruñés de Bergondo. En ese “retiro espiritual”, según fuentes de la Fiscalía, se debatirá todo lo relacionado sobre la ley con la que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pretende dar un giro de 180º a cómo se conciben actualmente los procedimientos penales. 

A Galicia no llegan con las ideas en blanco. La Secretaría Técnica de la Fiscalía ha redactado ya un extenso borrador en el que analiza punto por punto la LECrim y, en particular, todo lo que tiene que ver con la carrera fiscal. Se han incluido, además, anotaciones y análisis que algunos Fiscales de Sala han realizado a lo largo de este tiempo que el anteproyecto de ley ha estado en consulta pública. Con todo este material, los miembros del Consejo se han dividido los diferentes capítulos que pondrán en común en la estancia hasta el miércoles. 

Para Delgado desgranar bien las virtudes y defectos de esta legislación no es un asunto menor porque, como explican estas fuentes, la aprobación a todas luces implicará también una reforma en el Estatuto del Ministerio Fiscal. Y abrir este melón será una revolución dentro de la propia carrera en la que se podrá modificar desde su formación hasta la manera de elección de la Fiscal General del Estado. 

La actual Ley de Enjuiciamiento Criminal es de 1882 y Campo ha puesto sobre la mesa una reforma de calado que asemeja a la Justicia española con la del resto de Europa. La Fiscalía llevará la instrucción y el actual juez instructor se quedará como ‘juez de garantías’ a cargo de vigilar que durante el proceso no se violen los derechos del investigado. 

Este nuevo paradigma tendrá que ir acompañado de un rediseño de la plantilla. Confidencial Digital preguntó a Justicia en marzo, una vez se dio a conocer la ley, si había un cálculo de cuántos fiscales más se necesitarían o si existía un diseño de cómo se sustentaría el salto de una carrera a otra (de juez a fiscal), pero la respuesta fue negativa. 

Sin embargo, al inicio del mes de junio Delgado anunció que iba a solicitar al departamento de Juan Carlos Campo un incremento progresivo de fiscales hasta 2023, con una cifra final de 249 profesionales. Esta propuesta se basaba en un estudio pormenorizado de la situación de la plantilla que ahora terminará de completarse con el informe detallado de la LECrim. 

El Poder Judicial también se pronunciará 

El Consejo General del Poder Judicial también debe emitir un informe con su valoración sobre la LECrim. Dicho dictamen no es vinculante, pero se trata de un asunto que toca de lleno a los órdenes judiciales por lo que diversas fuentes indican que el ministro de Justicia debería tener muy en cuenta lo que los diferentes órganos públicos aleguen. 

Esta es una de las funciones que el CGPJ mantiene después de que el Gobierno haya limitado su capacidad para hacer nombramientos en las cúpulas judiciales mientras esté con el mandato vencido. Este tipo de informes, normalmente, tienen uno o dos ponentes, pero en este caso serán 5 de los veinte vocales los que redacten el borrador, algo que da la medida de la complejidad de la ley. 

En este caso, serán tres vocales progresistas Rafael Mozo, Clara Martínez de Careaga y Concepción Sáez junto a dos conservadores, Juan Manuel Fernández Martínez y Roser Bach los encargados de hacer un primer análisis que luego deberá llevarse a pleno para su aprobación. Fuentes consultadas dentro del CGPJ indican que este trabajo se desarrollará ya a la vuelta de las vacaciones de verano.

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