Los condenados por ‘Gürtel’ denuncian ante el Constitucional los pactos de la Fiscalía con los acusados ‘arrepentidos’
Han presentado recursos en los que califican de irregulares los cambios de declaración negociados por el Ministerio Público con la contrapartida de rebajas de penas y beneficios penitenciarios
El Tribunal Constitucional tiene sobre la mesa un asunto de gran trascendencia jurídica: los pactos de la Fiscalía. En este caso, planteado a propósito de los que consensuado con investigados en el caso Gürtel.
Un condenado por la trama ‘Gürtel’ ha presentado recurso de amparo ante el TC para que los magistrados se pronuncien sobre los acuerdos ‘extrajudiciales’ a los que el Ministerio fiscal llega con determinados acusados a cambio de rebajas en las penas. Algo que, por ejemplo, ahora está buscando el ex tesorero Luis Bárcenas de cara al juicio de la Caja B.
El recurso interpuesto el 12 de febrero, al que Confidencial Digital ha tenido acceso, considera que se están produciendo irregularidades judiciales en estos tratos, que la Fiscalía utiliza para apuntalar determinados delitos en causas especialmente mediáticas, gracias al testimonio de otros acusados a los que a cambio le permiten una rebaja de la pena.
Bárcenas quiere colaborar
Un ejemplo de este tipo de actuaciones, según fuentes cercanas al caso, se está produciendo en la investigación que la Audiencia Nacional lleva sobre la corrupción del Partido Popular de la Comunidad de Madrid cuando Esperanza Aguirre era la presidenta. Se trata del caso ‘Púnica’ en el que la ex dirigente está imputada junto a su ex número dos, Francisco Granados.
El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, quien ha empezado a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción tras el reciente cambio de abogado, ha pedido declarar voluntariamente en esta causa. Lo hará el próximo 24 de febrero y, según estas fuentes, con su confesión Anticorrupción intenta atar los delitos que cercan a la ex presidenta Aguirre, mientras que Bárcenas busca, a cambio, mejoras en sus condiciones penitenciarias y en las de su esposa, también en prisión.
Se da la circunstancia de que el nuevo abogado de Bárcenas, Gustavo Galán, también defiende a otros implicados en ‘Gürtel’ que solicitaron voluntariamente declarar en ‘Púnica’, como el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega; el ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, y la ex administradora de empresas de la Gürtel, Isabel Jordán.
Jordán fue condenada a un total de 20 años de prisión, de los que sin embargo, solo ha cumplido 16 meses. La ex administradora, que colaboró desde el inicio con Anticorrupción, ya se encuentra en libertad, como contó Confidencial Digital.
Los pactos de la Fiscalía
Según el documento remitido al Constitucional, la práctica de estos pactos o acuerdos no tienen cobertura ni amparo legal, y quiebran el derecho a la defensa o la presunción de inocencia de determinados imputados.
En este sentido, explica que la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla en varios artículos estos acuerdos, pero concreta que tienen que darse una vez se haya formulado la acusación y el acusado esté conforme con los hechos que se le atribuyen. Los tratos en la fase de instrucción son, según el recurso, “inconstitucionales” y una desventaja para quien los desconoce.
Intercambios en la fase de la investigación
Para el recurrente, lo que sucede en la fase de investigación o de instrucción como conformidades o “revelaciones” de algunos acusados a cambio de que las “recompensas” o “castigos” de la Fiscalía aminora el derecho a la defensa y los derechos fundamentales de los imputados.
Hablan así de irregularidades en el procedimiento penal que trascienden a este recurso, presentado en concreto por un condenado en la causa ‘Gürtel’. Creen que, más allá de este caso, la Fiscalía está alterando determinados procedimientos penales con motivos finalistas, y esto desdibuja la posibilidad de tener un proceso con todas las garantías.
La manera de interpretar la Ley en este sentido supone, según el recurso, una “malformación” del ordenamiento jurídico penal y, además, traslada inseguridad a los acusados porque quedan “sujetos a maquinaciones ajenas a la defensa de estos”.
Un asunto sobre el que no hay jurisprudencia
La razón que se alega para que el Constitucional se pronuncie sobre ese asunto es la inexistencia de jurisprudencia anterior. Insiste en que tiene trascendencia constitucional, y que es una cuestión de “extrema gravedad” que afecta a la articulación del Estado de Derecho.
“Es imperiosa la necesidad de que este alto Tribunal imparta su doctrina, adecuada a las inminentes realidades que en función de aquellas circunstancias se vienen produciendo, particularmente en causas de trascendencia mediática o política”, concluye el recurso.
Si el TC lo admitiera a trámite y entrara a valorar el fondo de la cuestión, se pondría sobre la mesa la permanencia de la actual forma de trabajar del Ministerio Público en casos como la corrupción.
