El Constitucional no admitirá ninguna recusación más por parte de miembros de ‘procés’

Tanto Antonio Narváez como Cándido Conde-Pumpido se han apartado voluntariamente de participar en todas las resoluciones que tengan que ver con los condenados del ‘procés’. Sin embargo, ninguno de los dos cree que estén justificadas las razones para la recusación, pero han decidido hacerlo para garantizar la confianza en el tribunal. Así lo indican fuentes internas a Confidencial Digital que aseguran que ya no se aceptará ni una recusación más. 

De los doce magistrados que componen el Tribunal Constitucional, solo nueve firmarán los recursos que quedan sobre los independentistas catalanes, siempre que el Gobierno no pacte la renovación que lleva pendiente meses. Faltan, por tanto, los dos magistrados que se abstendrán y Fernando Valdés, quien renunció a su cargo el pasado mes de octubre tras ser procesado por un presunto delito de malos tratos. 

Esta imagen de tribunal menguado lejos de dar la apariencia de vulnerabilidad supone una garantía para las resoluciones, según todas las fuentes consultadas. Pero aseguran que no habrá ni una baja más. 

Un abuso del derecho

Los independentistas llevan meses ‘peinando’ la hemeroteca en busca de manifestaciones de magistrados a las que agarrarse para plantear nuevas reclamaciones, como publicó ‘Vozpópuli’. 

Algo que no se aceptará con el argumento de que una nueva recusación no pretende garantizar la imparcialidad del tribunal sino “eliminarlo”. Para las fuentes consultadas se trataría de un abuso del derecho y serían ya inadmisibles de plano. Entendería el tribunal que más recusaciones buscarían afectar al quórum y pondrían de relieve una práctica de mala fe procesal. 

Y sobre eso, los magistrados ya han pensado en qué jurisprudencia pueden apoyarse. En septiembre de 2017 Carme Forcadell, en ese momento presidenta del Parlamento catalán, presentó una recusación de todo el Constitucional por su “falta de imparcialidad” para retrasar la respuesta a la Ley del referéndum del Parlament. 

El tribunal de garantías lo rechazó de plano. Consideró en su auto que no pertenece al Poder Judicial y que está compuesto por un número limitado de magistrados sin posibilidad de sustitución interna. Además, afirmó que una recusación a todos sus miembros “no recusa a los magistrados, sino al propio Tribunal Constitucional” y, por tanto, “carece de sustantividad jurídica y no es acreedora de una decisión sobre el fondo”. 

También en 2020 se repitió el episodio. El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, el exconseller de Exteriores, Raül Romeva y, de nuevo, Forcadell trataron de apartar a todo el tribunal  bajo la tesis de que habían demostrado tener una idea preconcebida de su actuación frente a la Cámara catalana. Fue rechazado por unanimidad. 

Entienden las fuentes consultadas que un goteo de recusaciones a cada uno de los miembros esconde en el fondo un intento de tumbar a todo el tribunal y no aceptarán, por tanto, perder a un magistrado más de las decisiones finales. 

Los dos expertos de penal, fuera  

Primero fue Narvaez en febrero y dos meses más tarde ha sido Conde-Pumpido. Ambos integraban la comisión creada para estudiar el fondo de las sentencias del ‘procés’, como contó este digital. El perfil de los dos, expertos en derecho penal y derechos fundamentales, les convertía en el idóneo para analizar y argumentar jurídicamente todos los recursos (solo el de Oriol Junqueras tiene 300 páginas) y ninguno consideraba que tuviera que apartarse por declaraciones vertidas en el pasado. 

De hecho, Narváez llegó a presentar hasta 12 informes con las razones por las que no creía que debía dar un paso al lado, pero para evitar un desgaste del pleno en este debate decidió abstenerse. Conde-Pumpido no podía seguir una línea diferente. Fuentes consultadas en el alto tribunal indican que esto no tiene por qué afectar a la calidad jurídica de los recursos. 

Existen ya más de 30 sentencias puestas sobre el tema del ‘procés’ y en las relativas al proceso penal Narváez y Conde-Pumpido han dejado mucho trabajo preparatorios previos para resolver los recursos que faltan. Además, los magistrados cuentan con asesores y letrados especialistas en penal que pueden resolver cualquier problema.  

El objetivo de haber llevado a cabo todo este trabajo anterior es que no haya fracturas importantes en las decisiones finales. Cuentan con que puede existir algún voto particular, pero la intención es que los recursos salgan con una mayoría amplia. El calendario que siguen manejando llega hasta verano con todo resuelto.