Judicial

El Constitucional espera a la marcha del ponente para desbloquear la ley del aborto

El presidente no quiere llevar a pleno el actual borrador para evitar un debate polémico. Con la entrada de cuatro nuevos magistrados se asignará la sentencia a otro jurista

Tribunal constitucional
photo_camera Tribunal constitucional

La ponencia sobre la constitucionalidad de la ley del aborto está escrita desde hace años, pero sigue en un cajón. Concretamente en el cajón del despacho de Andrés Ollero, magistrado del Tribunal Constitucional. Y todo apunta a que ahí se quedará. La sentencia escrita por él nunca verá la luz porque, según todas las fuentes consultadas en el órgano, el presidente Juan José González Rivas no tiene intención de convocarla al pleno. Quiere evitar que se produzca un debate que divida al tribunal en un tema tan sensible y espera a la renovación de parte de sus miembros para que un nuevo magistrado redacte una nueva sentencia. 

Se trata de un asunto récord en el Constitucional: es el recurso que más tiempo lleva retenido en la historia del órgano. Desde que en junio 2010 más de sesenta diputados del PP recurrieron la ley que ese mismo año había aprobado el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, el encargo de la sentencia ha pasado ya por dos magistrados. 

Lo que sucede es que en 2011 el PP ganó las elecciones con mayoría absoluta y, tal y como reconoció el antiguo presidente del tribunal de garantías Francisco Pérez de los Cobos, decidieron esperar a ver si la formación que había recurrido cambiaba la legislación. 

Así lo había prometido el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, sin embargo, en 2015 solo se reformó lo concerniente al consentimiento paterno en el caso de menores que quisieran interrumpir el embarazo y no se ejecutó la ambiciosa reforma que el PP había prometido en campaña de volver a la ley de supuestos de 1985. Esto derivó en la dimisión de Gallardón y en parte del electorado popular movilizado en las calles. 

Ya en 2012 Andrés Ollero había entrado a formar parte del órgano y heredó el borrador de la magistrada Elisa Pérez Vera. Fuentes del tribunal explican que él lo rehizo completamente y el falló iba en otra dirección. Cabe destacar que Ollero es un jurista con firmes convicciones religiosas, miembro del Opus Dei, por lo que, quienes le conocen, aseguran que una sentencia favorable al aborto iría en contra de sus convicciones. 

Nunca se le planteó retirarlo 

En el tribunal la idea de retirarle la ponencia nunca ha estado sobre la mesa. Ollero está respaldado por el alto tribunal y por la Ley Orgánica del Poder Judicial que no indica la ideología ni la religión como un motivo de abstención de los asuntos. Situación distinta es que él decidiera apartarse por su propia voluntad, algo que según las fuentes consultadas tampoco se ha barajado. 

La sentencia está escrita y él así lo ha hecho saber al presidente, pero distintas fuentes aclaran que González Rivas ha evitado siempre llevarla a pleno porque sabe que no habría consenso.

El artículo 15 de la Constitución, que habla de que “todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral” es el que se mira con lupa en este fallo. Ese “todos” debe ser diseccionado con bisturí por los magistrados para estirar las garantías constitucionales tanto como crean. El tribunal se fracturaría en un tema tan sensible, puesto que el sector más progresista nunca avalaría una sentencia que revocara la llamada Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. 

Algunos magistrados indican que solo ese fallo merecería un pleno completo -se realiza uno mensual- para debatirlo y dan por hecho que llevará votos particulares salga en el sentido que salga. 

Además, es un asunto tan delicado que saben que podría movilizar a la opinión pública. Algunos en el Constitucional recuerdan el reciente caso de Argentina donde el pasado 30 de diciembre fue regido por primera vez este derecho en una ley envuelta en polémica durante años. 

La inminente renovación 

Tanto el presidente como Ollero, junto a la vicepresidenta Encarna Roca, son los tres magistrados que tienen el mandato vencido y que en un inminente pacto para la renovación de las instituciones entre PP y PSOE saldrán del alto tribunal. Junto a los nuevos miembros del Consejo General del Poder Judicial, llegarán los nuevos miembros del Constitucional. 

Serán cuatro nuevos juristas -los tres que salen más la vacante que dejó el magistrado Fernando Valdés al dimitir tras ser acusado por un delito de violencia machista- que se hagan cargo de todas las sentencias pendientes que los que se van tienen sobre sus mesas. 

El vídeo del día

El BOE publica los decretos de indulto a los líderes del procés
Comentarios
Somos ECD
¿Buscas un medio de información libre, que no se casa con nadie?