Judicial

Denuncia en un Juzgado de Madrid contra el presidente de la SEPI por el rescate de Plus Ultra

Manos Limpias acusa a Bartolomé Lora Toro de un presunto delito de malversación de caudales público y tráfico de influencias. Vox acaba de interponer otra querella ante el Supremo

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photo_camera Sede de la SEPI

Los juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla han recibido este jueves una denuncia por el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno ha concedido a la aerolínea Plus Ultra. La denuncia, a la que ha tenido acceso Confidencial Digital, está dirigida al presidente en funciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora Toro - encargado de otorgar esta ayuda- por un presunto delito de malversación de caudales públicos y otro de tráfico de influencias. 

El documento, presentado por el sindicato Manos Limpias, extiende la responsabilidad también “solidariamente” contra el resto de miembros del Consejo de Administración de la SEPI como cooperadores necesarios. 

La denuncia llega justo un día después de la querella que Vox ha interpuesto ante el Tribunal Supremo por el mismo motivo y tras el debate del Congreso de los Diputados en el que parte del tiempo estuvo copado por esta polémica. 

El revuelo se inició el pasado 9 de marzo cuando el Gobierno anunció la de estos 53 millones de euros con cargo del Fondo de Apoyo de Empresas Estratégicas. Para acceder a las ayudas de este fondo, adscrito al Ministerio de Hacienda y a la SEPI, la Comisión Europea estableció dos condiciones indispensables para las empresas: que fueran estratégicas y que tuvieran dificultades financieras que pusieran en duda su viabilidad. 

Precisamente, el requisito de “estratégica” es el que cuestiona la denuncia de Manos Limpias. Considera que no puede ser estratégica una empresa que ha registrado números rojos desde su fundación, que acumula un único avión y que transporta el 0,08% de los pasajeros internacionales y aporta menos del 1% de las conexiones aéreas. 

Argumentos compartidos por la oposición

La formación de Inés Arrimadas -que también afeó el tema a Pedro Sánchez en el debate de este miércoles en el Congreso- ha elevado el asunto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano ha presentado una carta a la presidenta de la CNMC para que se posiciones sobre el rescate del Gobierno. 

La misiva comparte argumentos con la denuncia recién presentada. Dice que no puede considerarse estratégica porque la aerolínea ni siquiera se incluye en el ranking del Gobierno de las 30 aerolíneas más grandes que operan en la península. Además, tanto PP como Vox relacionan el apoyo público con la vinculación de los principales socios de la aerolínea con el régimen venezolano de Nicolás Maduro. 

Tres informes en los que se apoya 

Por su parte, el Gobierno se defiende alegando tres informes en los que entidades independientes se muestran favorables a la concesión de las ayudas públicas. Uno del banco de inversiones Daiwa Corporate Advisory, otro de la consultora Deloitte y un tercero de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), según publicó El País. 

En la denuncia presentada en los Juzgados de Plaza de Castilla se pide practicar una serie de diligencias en relación a estos informes. Manos Limpias quiere que los responsables de este rescate aporten el Plan de viabilidad elaborado, así como los informes de DC Advisory y de Deloitte. 

Vox se va al Supremo

Vox trató sin éxito el pasado 23 de marzo lograr el apoyo en el Congreso para llevar a la Fiscalía Anticorrupción el expediente del rescate. La formación que preside Santiago Abascal ha presentado por su cuenta una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el Consejo de Ministros y la SEPI también por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. 

Asimismo ve indicios de posible fraude fiscal y un entramado societario fraudulento relacionado con empresarios venezolanos afines al régimen de Maduro y ramificaciones en el paraíso fiscal de Panamá. 

Hay que recordar que el Supremo ha rechazado en el último año investigar al Consejo de Ministros por su responsabilidad durante la primera ola de la pandemia, así como al responsable del Ministerio de Transporte, José Luis Ábalos, por el 'delcygate'. Esta es la razón por la que el sindicato Manos Limpias ha preferido centrar la denuncia en los responsables más directos de este rescate y garantizar así la apertura de una investigación inicial. 

Imágenes de la zona de la erupción en La Palma tomadas por la Guardia Civil

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