La denuncia por el rescate del Gobierno a Plus Ultra se extiende a los dueños de la aerolínea
Acusan al presidente de la compañía y a los máximos accionistas de un delito de corrupción en la negociación y delito al mercado
El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha abierto diligencias previas tras la denuncia contra los responsables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra. A esta denuncia, a la que Confidencial Digital tuvo acceso, se suma ahora un nuevo escrito que pretende ampliar las responsabilidades a los jefes de la compañía.
Concretamente al presidente de la aerolínea, Fernando García Manso y al presidente, consejero delegado y máximos accionistas, José Reyes Rojas y Raif El Airigie Harbie, a través de sus sociedades, Snip Aviation, Flyspain. El denunciante, el sindicato Manos Limpias, les acusa de delito de corrupción en la negociación y delito al mercado y a los consumidores.
Los hechos se retrotraen a principios de marzo cuando el Gobierno anunció el rescate millonario con cargo del Fondo de Apoyo de Empresas Estratégicas, adscrito al Ministerio de Hacienda y a la SEPI. La Comisión Europea estableció dos condiciones indispensables para las empresas que accedan a este dinero: que sean compañías estratégicas y que tengan dificultades financieras que pongan en duda su viabilidad.
Todos los partidos de la oposición criticaron con dureza esta ayuda acordada por el Ejecutivo a Plus Ultra, por su vinculación con el régimen venezolano de Nicolás Maduro y porque no consideran que cumpla el requisito de “estratégica”.
Los argumentos de la denuncia
La primera denuncia se presentó el pasado 25 de marzo en los Juzgados de Plaza de Castilla, tal y como informó ECD, contra el presidente en funciones de la SEPI, Bartolomé Lora Toro, por un delito de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Además, extendía la responsabilidad “solidariamente” contra el resto de miembros del consejo de administración de la entidad.
Considera el documento que no puede ser estratégica una empresa que ha registrado números rojos desde su fundación, que acumula un único avión y que transporta el 0,08% de los pasajeros internacionales y aporta menos del 1% de las conexiones aéreas.
Este jueves Manos Limpias ha presentado una ampliación a esta denuncia, según fuentes judiciales, para extender las responsabilidades. “Que se ha vulnerado la proporcionalidad de la ayuda”, dice el escrito que subraya las declaraciones del presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) en las que hablaba de que se había producido discriminación.
Por su parte, el Gobierno se ha defendido alegando tres informes en los que entidades independientes se mostraron favorables a la concesión de las ayudas públicas. Uno del banco de inversiones Daiwa Corporate Advisory, otro de la consultora Deloitte y un tercero de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), según publicó El País. Unos informes que el denunciante pide que se aporten al juzgado.
El sindicato de pilotos Sepla ha salido en defensa de los pilotos de Plus Ultra, de quien ha destacado la profesionalidad y la experiencia. Además, ha llamado a la responsabilidad y el rigor en el tratamiento de la información sobre la aerolínea porque hay en riesgo más de 400 trabajadores españoles.
Otra querella de Vox en el Supremo
El pasado 24 de marzo Vox también presentó en el Tribunal Supremo una querella contra el Consejo de Ministros y la SEPI por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Por el momento el alto tribunal no se ha pronunciado sobre su admisión a trámite, pero cabe recordar que en el último año ha rechazado investigar al Consejo de Ministros por su responsabilidad durante la primera ola de la pandemia, así como al responsable del Ministerio de Transporte, José Luis Ábalos por el ‘Delcygate’.
