Una división en el Constitucional provocó la renuncia del magistrado recusado por los independentistas

Presentó hasta 12 informes con las razones por las que creía que no debía apartarse, pero su decisión evitó que el Pleno se desgastara en debatir la recusación

Tribunal Constitucional.

El Pleno del Tribunal Constitucional aceptó por unanimidad este martes la decisión del magistrado Antonio Narváez de abstenerse de participar en los recursos que tienen sobre la mesa de los líderes del ‘procés’. Sin embargo, según ha podido saber Confidencial Digital, este paso a un lado se produjo después de que voces internas del Tribunal mostraran sus dudas y no por el convencimiento de Narváez de que los argumentos de su recusación fueran válidos. 

De hecho, el magistrado llegó a presentar hasta 12 informes en el que defendía las razones por las que entendía que no concurrían las causas de la recusación, afirman fuentes del Constitucional. 

Narváez, exfiscal y miembro del sector conservador del Tribunal, manifestó en una conferencia en 2017 que los sucesos de Cataluña habían sido un “golpe de Estado encubierto” y lo comparó con lo sucedido el 23-F. Por eso, once de los doce miembros independentistas condenados le consideraban no válido para juzgar los recursos que deben avalar o no la sentencia del Tribunal Supremo. 

Un paso a un lado 

El resto de magistrados del tribunal de garantías tenía que decidir si apartaba a Narváez de la causa por estas declaraciones. Él, como informó Confidencial Digital, tenía decidido desde el pasado año que no iba a hacerlo voluntariamente. 

La Fiscalía y la Abogacía del Estado lo dejaron claro: se oponían a su recusación.  Argumentaron que con sus palabras “no se refiere directa o indirectamente a los episodios de alzamiento tumultuario de 2017 y, menos aún, a su aspecto o vertiente penal”, sino que el magistrado, según la Abogacía hablaba de “las consecuencias del proceso que relata, que afectaban a la propia soberanía y unidad de España”. 

En cambio, el resto del Tribunal había dilatado su decisión porque empezaron a surgir voces discrepantes entre algunos magistrados que consideraban que mantener a Narváez como firmante de las sentencias podría suponer el varapalo de Estrasburgo cuyo tribunal es “muy purista”. 

Ante esta división de pareceres, fuentes internas aseguran que el magistrado Narváez tomó la determinación de apartarse, aún creyendo que no debía hacerlo, como la mejor solución de cara a la imagen del Constitucional, según estas fuentes. Así, evitó que los magistrados tuvieran que entrar a debatir sobre el asunto y centraran sus esfuerzos en tratar las resoluciones de todos los recursos de amparo del ‘procés’. 

Con esto, Narváez también ha declinado las ponencias en los recursos de amparo que le correspondían que eran el de la exconsejera Dolors Bassa y el de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. 

Las decisiones hasta ahora 

La renuncia del magistrado despeja el camino para empezar a resolver todos los recursos uno a no. Este mismo miércoles ya han resuelto las primeras cuestiones como avalar la competencia del Tribunal Supremo para enjuiciar el ‘procés’. 

 

El Constitucional ha rechazado las pretensiones de la exconsejera Meritxell Borràs que consideraba que la Sala Penal del Supremo no era la competente, sino que debería haberse tratado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Dicen los magistrados que sí lo era debido a la condición de aforado de los encausados y a que parte de los hechos fueron cometidos en el extranjero. 

Este era el primero de los recursos y el más “sencillo” y a partir de ahora el calendario que barajan dentro del Tribunal es muy seguido. Prácticamente a recurso por Pleno hasta verano. 

Dos miembros menos 

La salida de Narváez del grupo que decida sobre los miembros del ‘procés’ deja al Tribunal todavía más cojo de lo que ya estaba. Cabe recordar que el magistrado Fernando Valdés dejó de formar parte del Constitucional tras su dimisión después de que se le acusara de un caso de presunta violencia de género. 

Por eso, de doce miembros que la Constitución dice que debe tener el tribunal, serán solo diez los que firmen cada sentencia. Algo que no es baladí porque algunas fuentes indican que los independentistas podrían utilizarlo como argumento de cara a su defensa en el Tribunal Europeo. 

Asimismo, tres de los cuatro magistrados que quedan tienen el mandato vencido y están a la espera de un pacto entre Gobierno y oposición para renovar a sus miembros igual que en el Consejo General del Poder Judicial. La salida del presidente Juan José González Rivas, de la vicepresidenta Encarnación Roca y del magistrado Andrés Ollero tampoco es un hecho desdeñable porque podría cambiar el peso de las mayorías dentro del tribunal. 

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