Enrique López y Juan Carlos Campo, dispuestos a negociar el CGPJ

El Gobierno y el PP tienen más predisposición a dialogar de la que admiten en público. El nombramiento del Defensor del Pueblo y el cambio en RTVE condicionan el pacto

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Enrique López, secretario ejecutivo de Justicia e Interior del PP, y Juan Carlos Campo, ministro de Justicia.

Enrique López, secretario ejecutivo de Justicia e Interior del PP, y Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, serán los encargados de iniciar las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Fuentes del CGPJ confirman a El Confidencial Digital que hay más “predisposición” de la que los partidos hacen ver en público, pero la negociación estará supeditada a otras conversaciones como el nombramiento del Defensor del Pueblo y el cambio de dirección de RTVE. 

En el Poder Judicial hay amplio consenso entre conservadores y progresistas sobre la urgencia de modificar el órgano. El CGPJ lleva en funciones más de un año — el mandato expiró en diciembre de 2018 — y su presidente, Carlos Lesmes, ha expresado hasta en cuatro ocasiones su voluntad de renovación. 

Pero también en el Gobierno y en el PP conocen la prioridad de cambiar el Consejo. “Me consta que hay disposición a negociar, capacidad de diálogo y voluntad”, aseguran fuentes del órgano judicial. Por eso, los elegidos para iniciar las conversaciones son viejos conocidos con buena sintonía. Juan Carlos Campo y Enrique López fueron vocales del CGPJ en el mandato de 2001 a 2008: “son más políticos que magistrados y fueron compañeros”, cuenta un miembro del Consejo. “Los dos son profesionales y buenos conocedores de los Tribunales”, explica otro. 

Las negociaciones no están todavía en marcha, pero sí la intención de empezarlas. “Tanto Casado como Sánchez se dicen constitucionalistas y no tendría sentido prolongar esto más”, revelan fuentes a ECD. 

Pero que negocien los encargados de Justicia de ambas formaciones no quiere decir que cierren ellos el trato. “Ellos podrían alcanzar un acuerdo que sea muy razonable para todos, pero luego lo que se decida se hará por encima de ellos”, explica personas conocedoras del proceso. 

La decisión va más allá 

Pablo Casado y Pedro Sánchez deben decidir juntos sobre más aspectos en esta legislatura. En este momento no hay Consejo de Administración de RTVE y, mientras se elige uno, Rosa María Mateo es administradora única. Se necesita mayoría de dos tercios del Congreso para el cambio, así que corresponde a ambas formaciones consensuarlo. Lo mismo ocurre con el nombramiento del Defensor del Pueblo para el que se necesitan tres quintos de la cámara. 

Nadie se atreve a hablar de plazos aunque las distintas fuentes consultadas por este diario aseguran que “un plazo muy prudente es no excederse de junio”. 

Puerta abierta a VOX 

Otra de las incógnitas está en si el partido de Santiago Abascal, tercera fuerza en el Congreso, formará parte de alguna manera de este pacto

En principio, PSOE y PP tienen más de los 210 diputados para decidir en solitario la renovación, pero esta semana el portavoz en el Congreso de VOX, Iván Espinosa de los Monteros, aseguraba que, aunque el sistema de elección no era el que querían, participarían activamente en la elección de los miembros. Su formación luego lo desmintió, pero entre los magistrados admiten que hay dudas de si Abascal terminará proponiendo algún nombre con posturas cercanas a su formación. 

 

El nuevo Consejo será diferente

En 2018 se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial y pasará a tener efectos con la formación del nuevo Consejo. En el órgano actual los miembros de la Comisión Permanente dedican todos su tiempo al trabajo del CGPJ; pero los 12 restantes lo compaginan con su labor en los tribunales, juzgados o despachos correspondientes. 

Sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley 4/2018 del 28 de diciembre los nuevos miembros del CGPJ se dedicarán todos a tiempo completo a las labores del consejo. 

El Consejo entrante será el encargado de designar a los cargos de la cúpula judicial. En su periodo en funciones el CGPJ ha nombrado a diez magistrados del Tribunal Supremo. Aunque el pasado 16 de enero, el Pleno decidió paralizar las designaciones hasta que la esperada renovación se produzca. 

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