España entrega a Venezuela a un supuesto comisario de la Policía Militar tras haber rechazado otras extradiciones por riesgo de tortura

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido extraditar a un hombre de nacionalidad venezolana que se autodefine como comisario de la Policía Militar por cometer presuntos delitos de estafa continuada, según un auto consultado por Confidencial Digital.

España había recibido una orden procedente de la Interpol en agosto de 2021 explicando que contra el reclamado existía una orden internacional de detención expedida por las autoridades judiciales de Venezuela por haber cometido, presuntamente, un delito de estafa continuada y asociación para delinquir en 2016. 

En agosto de 2016, presuntamente, el reclamado contactó con el representante de la empresa Diagold Overseas. Le ofreció una propuesta de inversión internacional de diversas cantidades en bolívares con un grupo de empresas tanto nacionales como extranjeras, las cuales pertenecen a una figura denominada “La Plataforma”. 

Estos negocios supuestamente generarían dinero debido a las inversiones que generarían en España. La labor de dicha empresa era la de captar clientes con una alta capacidad económica para llevar a cabo el tipo de inversión que les ofrecía. 

Pero según explica la orden Orden de Aprehensión procedente de la Fiscalía de Venezuela el ciudadano engañó a Diagold con el objetivo de apropiarse indebidamente de una cantidad aproximada de 53.000 euros.  

Tras celebrarse la comparecencia prevista, se decretó la libertad provisional del reclamado, pero con limitaciones: tuvo que comunicar su lugar de domicilio y teléfono de contacto, comparecer siempre que sea llamado y comunicar cualquier cambio de casa que se produzca durante la tramitación de la causa. 

Pero al no disponer de toda la documentación extradicional necesaria para llevar a cabo el proceso, el 7 de octubre de 2021 el Juzgado Central de Instrucción nº1 archivó provisionalmente el procedimiento, que fue reabierto en marzo de 2022. Ese día el reclamado no aceptó su extradición y no renunció al principio de especialidad, por lo que se acordó elevar las actuaciones a la Audiencia Nacional.

“Los tribunales de Venezuela no tienen jurisdicción”

La defensa del reclamado se opuso a la demanda de extradición al considerar que los tribunales venezolanos no tienen jurisdicción para conocer los hechos al no haber ocurrido en el país. A ello añade que el acusado residía en España en el momento de los hechos por lo que tendrían que ser los tribunales españoles los que deberían juzgar. 

En cambio, la Audiencia Nacional considera que sí tiene competencia el tribunal latinoamericano de juzgar porque la empresa tiene sede en Venezuela, por tanto, parte del delito se ha cometido allí. 

No prueba ser comisario de la Policía Militar

Por otro lado, para esquivar la extradición, el reclamado manifiesta que, en su país, es perseguido políticamente debido al trabajo que, desempeñado como comisario de la Policía Militar, por lo que podrían verse vulnerados sus derechos humanos. Sin embargo, la Audiencia Nacional explica que esta profesión no ha quedado acreditada puesto que no ha presentado pruebas. Además, alega que los delitos investigados no tienen carácter político.

En el caso de que hubiese podido demostrarlo, se hubiese denegado la entrega al país de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República de Venezuela.

Pues bien, en otras ocasiones la Audiencia Nacional sí ha rechazado la entrega de persona reclamadas por Venezuela, incluso por delitos que no tenían una connotación política directa, pero se tuvo en cuenta la relación de la persona reclamada con el régimen de Nicolás Maduro.