Judicial

Una familia que solicitó el ingreso mínimo vital deberá esperar hasta 2024 a que un juez resuelva su recurso

La Seguridad Social le denegó la ayuda por adaptar un local como vivienda. Andalucía es la comunidad líder en personas que reciben esta prestación

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photo_camera Banco de alimentos. | Alberto Ortega / Europa Press

En Sevilla, la provincia con más beneficiarios, el ingreso mínimo vital convive con los juzgados más colapsados del país, los de lo Social, con juicios programados para el 2026. La renta para personas en situación de pobreza que aprobó el Gobierno en 2020 durante el confinamiento por el coronavirus se ha topado en miles de casos con el atasco judicial.

Tres de cada diez personas -casi el 31 por ciento- que han cobrado en España la prestación residen en Andalucía, a la cabeza por delante de la Comunidad Valenciana y triplicando a Madrid. De las 336.933 ayudas avaladas por la Seguridad Social en todo el país, la comunidad andaluza, la más poblada, con ocho millones y medio de habitantes, concentra 99.415 solicitudes aprobadas que cubren las necesidades de 247.554 personas: 94.096 son menores de edad y 153.458, adultos. En la provincia de Sevilla se han autorizado por ahora 52.648.

El ingreso mínimo vital está destinado a las personas con al menos un año de residencia en España, un requisito evitable para las mujeres víctimas de violencia de género o explotación sexual. El beneficiario que viva solo, sin nadie a su cargo, percibe al mes 491 euros. Las ayudas aumentan hasta los 1.198 euros según los adultos y menores que haya en la familia. Para recibir la prestación, el solicitante debe demostrar un patrimonio, sin incluir su vivienda habitual, inferior a 17.689 euros.

A una familia sevillana la Seguridad Social le denegó esta prestación por haber habilitado como casa un local de su propiedad y presentó una demanda en el Juzgado de lo Social número 9 para revertir la negativa de la Administración, que entendía que tanto el local como la vivienda son dos inmuebles distintos cuya suma supera el límite de patrimonio.

El juez ha fijado el juicio que atenderá la solicitud de esta familia, con un hijo menor a cargo y con el marido desempleado, para dentro de dos años, el 25 de abril de 2024, “la fecha más cercana de las que se encuentran reservadas en la agenda”, asegura el juzgado sevillano en un documento al que ha tenido acceso Confidencial Digital.

“Existiendo una imposibilidad material manifiesta de poder adelantar el señalamiento”, el juez rechaza el recurso presentado por el abogado de la demandante, pese a reconocer el “carácter y tramitación preferente” del caso. “Todo ello es debido a la sobrecarga de trabajo que soportan los Juzgados de lo Social”, matiza el juzgado en un decreto.

El Juzgado de lo Social de Sevilla explica en el escrito que hasta el 30 de diciembre de 2021 se le habían adjudicado 1.447 demandas, una carga de trabajo todavía por resolver que se suma a la “acumulada de aproximadamente unos 2.309 procedimientos pendientes de celebrar juicio con fechas reservadas hasta el mes de octubre de 2025”.

“Esta situación se ha visto acentuada -agrega- con las suspensiones provocadas por el estado de alarma decretado por la emergencia sanitaria COVID-19, que ha obligado a la reubicación de cuatro meses de señalamientos suspendidos”. Los retrasos en la agenda de juicios no se han atajado ni con los refuerzos implementados a raíz del coronavirus, e incluso los jueces y juezas denuncian públicamente, a través de las redes sociales, este colapso y trasladan al ciudadano que la culpa no es suya, sino del Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas.

La pandemia ha desbordado los juzgados, destaca el juez en el escrito, con el que mantiene para abril del 2024 la vista oral por la renta mínima denegada a esta familia. La covid ha entorpecido más “el normal desarrollo de la actividad judicial, al solicitarse suspensiones debido a cuarentenas, bajas por enfermedad o las supresiones por superarse lo aforos permitidos, debiéndose señalar en nuevas fechas”, apunta.

 

“Siendo conscientes y conocedores de la problemática que genera (...) por las circunstancias particulares del caso”, el juzgado de lo Social insta al abogado a esperar la anulación o el aplazamiento de juicios ya programados que abran un hueco más cercano en la agenda.

Miguel Ángel Vega, abogado de la familia, considera vergonzoso e injusto el abandono con el que cargan las personas en apuros económicos que acuden a la justicia a solucionar asuntos que por su importancia, enfatiza, deberían resolverse pronto. Sobre el atasco en los juzgados de Sevilla dice que “en la última década no tiene parangón”.

Una investigación del portal civio.es publicada en diciembre cifra en el 42% las sentencias judiciales que han llevado la contraria a la Seguridad Social con el ingreso mínimo vital. Además, el 56% de las reclamaciones no han recibido aún respuesta. De los 1.486 juicios celebrados, 111 resoluciones han sido favorables a los demandantes frente al Estado, que ha ganado 152, y quedan 1.223 casos enjuiciados sin resolver.

En el año y medio que la renta mínima lleva en vigor en España, han llegado al Gobierno 1.322.904 solicitudes. La Seguridad Social ha rechazado el 67%, 888.458, mientras que 78.875 peticiones están pendientes. Las prestaciones concedidas alcanzan a 799.203 personas.

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