Los fiscales progresistas piden al ministro de Justicia que se replantee la modificación de la LEcrim antes de su aprobación final

El sector más progresista de la Fiscalía ha pedido al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que se replantee la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEcrim) antes de su aprobación final. Se sienten “decepcionados” por cómo ha quedado el artículo 324, cuando el Gobierno prometía su completa abolición. Ahora tendrá que pasar por el Senado y volverá al Congreso para ser aprobada. 

“Decepción” y “frustración” son las dos palabras que confiesan sentir fuentes de la Fiscalía por la reforma del artículo 324 de la LEcrim aprobada en el Congreso, que mantiene un plazo para que se puedan investigar las causas. Así se lo han transmitido a Campo, a cuyo equipo reprochan no haber contado con ellos para esta reforma. 

Con la nueva reforma se amplía este plazo de instrucción en las causas penales de 6 a 12 meses, pero este sector de la Fiscalía pide que directamente se eliminen para poder realizar el trabajo sin un horizonte sobre el que se tenga que archivar la causa sin haber terminado la investigación.  

“Una de las cosas que todos los partidos progresistas en campaña insistían es en la derogación urgente de 324. Hemos pasado por elecciones, mociones de censura, elecciones otra vez… llegamos al momento actual y no solamente no hemos conseguido que no se derogue el artículo que lleva desde 2005 planteando problemas en la investigación penal y que aboca a la impunidad, sino que además nos sorprenden con esto sin haber contado en este ámbito con las asociaciones”, explica Teresa Peramato, fiscal del Tribunal Constitucional y presidenta de la Unión Progresista de Fiscales. 

Inicialmente, la Proposición de Ley impulsada por Unidas Podemos sí contemplaba la derogación total del artículo 324, pero, finalmente, se han introducido modificaciones que no complacen a una gran parte del Ministerio Fiscal. “No nos han consultado qué nos parece esta otra alternativa”, explica también Juan Antonio Frago, presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. 

Hay un punto que ha irritado especialmente a los fiscales. Si una instancia superior determina que la prórroga es nula, toda la investigación que se haya realizado en ese tiempo queda anulada también. “Esto supone una inseguridad jurídica tremenda”, explica Peramato. 

Los peligros de la nulidad

La mayor parte de los fiscales consultados por ECD destacan de la nueva reforma que es positivo se cambie la responsabilidad de controlar los plazos de instrucción y se atribuya a los jueces. 

Sin embargo, creen que las consecuencias de que se puedan anular las diligencias de investigación que se hayan practicado si un órgano superior así lo decide pueden ser “nefastas” y afectar no solo al Ministerio Fiscal, sino también a los propios investigados o víctimas en las causas, puesto que si se hayan nuevas pruebas en este plazo y luego se anula, serían finalmente juzgados sin todas las garantías. 

“¿Por qué el plazo de investigación de un delito no puede ser idéntico al de prescripción?”, se pregunta Peramato. En este sentido piden a Justicia que se revisen los preceptos de la nueva reforma y se ajuste a sus peticiones.