La Fiscalía renuncia a pedir ante el Supremo penas más elevadas para la cúpula de Pescanova
El alto tribunal da de plazo a las partes hasta el 8 de febrero. La Audiencia Nacional impuso una pena de ocho años de cárcel para el ex presidente de la compañía
La Fiscalía renuncia a interponer recurso alguno contra la condena del expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa-Faro y el resto de condenados de la cúpula del gigante pesquero gallego, según fuentes de la causa. El Ministerio Público, por tanto, acepta la pena interpuesta por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo da de plazo hasta el próximo 8 de febrero para que recurran las partes.
En una extensa sentencia, el pasado 6 de octubre, la Audiencia Nacional consideró probadas las prácticas irregulares de la empresa que contaba con 11.000 empleados. A través de cuentas manipuladas, captaban inversores y obtenían financiación bancaria y mediante este fraude contable Pescanova generó decenas de miles de facturas falsas con las que conseguía liquidez a corto plazo.
Durante el macrojuicio, en el que fueron procesados 11 miembros de la cúpula de la compañía, la Fiscalía Anticorrupción pidió en total 164 años de cárcel para la directiva. Solo para el expresidente Fernández de Sousa-Faro solicitaba 28 años, una pena muy superior a la que finalmente el tribunal le impuso: seis años de cárcel por comisión de diversos delitos económicos y dos por blanqueo de capitales.
En un decreto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso Confidencial Digital, se señala que el Ministerio Fiscal desiste de presentar un recurso de casación.
Una deuda maquillada
El fiscal del caso, Juan Pavía, relató en las vistas cómo la cúpula de Pescanova llegó a esconder una deuda que superó los 3.500 millones de euros en 2013. Asimismo, relató que Fernández de Sousa, hijo del fundador de la empresa creada en 1960, “vendió sus acciones cuando pocos conocían la verdadera situación de Pescanova”.
La sentencia considera probado que el expresidente y su esposa Rosario Andrade Detrell, también condenada a un año de prisión, retiraron cuatro millones y medio de euros de cuentas en España para ingresarlos en Portugal.
La auditora condenada
La Audiencia Nacional también condenó a la auditora BDO a dos años de multa por haber sido conocedora de las falsedades documentales de la empresa. El tribunal impuso una pena de privación de libertad al socio responsable de la autoría en Pescanova Santiago Sañé por un delito de falseamiento de información económica y financiera.
El abogado del expresidente, Gonzalo Martínez-Fresneda, planteó la posibilidad de que la causa volviera a la fase de instrucción -en la fase antes del juicio- y pidió que se imputara a los bancos que concedieron créditos a la compañía a partir de 2010 para sanear sus cuentas. El letrado consideraba que las entidades bancarias también se lucraron de la situación de Pescanova. Sin embargo, el Ministerio Público rechazó este argumento.
En una sentencia de más de 600 páginas, que ahora debe ratificar el Tribunal Supremo, Pescanova como persona jurídica adquiere la responsabilidad civil de indemnizar a Bankia y a UBI Banca con 38,8 millones de euros y pagar una “cantidad a determinar en ejecución de sentencia” al portugués Banco Espíritu Santo (BES).
