Funcionarios de prisiones envían una carta al Congreso para endurecer los castigos por las agresiones de los presos

Hacer frente al polvorín de las cárceles cada vez es más complicado para los funcionarios de prisiones. El pasado sábado, en la prisión de El Puerto de Santa María, un interno propinaba varios puñetazos al grito de “te voy a matar” y “te voy a sacar el corazón” a un funcionario. Días antes, en Brians, Barcelona, un preso catalogado como muy peligroso arrancó de un mordisco la falange de la mano del funcionario que controlaba el módulo. El pasado dieciséis de noviembre, en la cárcel de Melilla, un jefe de servicio estuvo a punto de perder un ojo por un puñetazo de un preso. Casos también de gravedad se han dado en el módulo de aislamiento de la cárcel de Villena, donde un interno prendió fuego al colchón de la cama y aprovechó el caos generado y la poca visibilidad a causa de las llamas para atacar a varios funcionarios. Y precisamente de Villena fue trasladado a  a la prisión de Cuenca un preso que agredió brutalmente al jefe de servicios durante el recuento nocturno propinándole una puñalada de tres centímetros con un trozo de cristal.

Son algunas de las más de veinte agresiones cometidas en las prisiones del país en los últimos dos meses y ejemplos de lo que, según un miembro de la asociación “Tu abandono me puede matar”, ocurre día sí y día también en cualquier cárcel. “Raro es el día que no hay un incidente grave”.

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), sindicato afiliado a UGT, ha presentado una denuncia a la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados donde acusa a la Secretaría de Instituciones Penitenciarias de incumplir el Protocolo de actuación frente a agresiones (PEAFA). Se trata de un protocolo, según el sindicato, que “no protege a los trabajadores”.

Una de las cuestiones claves que se recogen en el escrito es que “el registro de agresiones que se crea en el Protocolo no refleja la realidad ni cuantitativa ni cualitativa de las agresiones que los empleados de prisiones sufren”. Por ello, exigen que éste sea eliminado para construir uno nuevo desde cero.

Desde la organización Tu abandono me puede matar aseguran que, tan solo menos de la mitad de los casos de agresiones, son reconocidos por la Secretaría, “no contemplan las lesiones que pueden sufrir los funcionarios al reducir a un interno, tampoco los forcejeos ni las amenazas de muerte”.

Entre las actuaciones que reclama el colectivo de funcionarios de prisiones destaca la de reforzar la participación de los delegados de prevención, encargados de representar a los trabajadores en las juntas de cada provincia y que están poco presentes actualmente.

Algo que vienen demandando desde hace tiempo es una formación para hacer frente a las reducciones a los internos, ya que, indica “entramos como pollo sin cabeza y, por eso, queremos una formación. Para no hacernos daño ni hacérselo al interno”

Además, exigen un amparo jurídico. Corroboran que “no se ha elaborado aún una guía de asesoramiento jurídico que facilite la actuación del empleado ante la apertura de un procedimiento judicial en la vía penal por la agresión sufrida”.Asimismo, añaden en el escrito la necesidad de endurecer la sanciones disciplinarias a los internos, en el caso de que “el funcionario sufriera un quebranto significativo en su salud o integridad”. Miembros de la asociación denuncian que “tras una agresión de un preso, tan solo pasados tres días, vuelve al mismo módulo y eso nos deja desprotegidos”

Por su parte, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, declaraba en una comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso para presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, que “estas agresiones están contabilizadas con los partes de incidencias que a diario firman y presentan los funcionarios de prisiones, no admiten manipulación”. Algo que ACAIP tacha de rotundamente falso. De momento, según confirman ACAIP y Tu abandono me puede matar, las respuestas obtenidas por la Secretaría se basan en “echar balones fuera” y alegar que mantendrán una reunión pero que no hay suficiente presupuesto para todas las reformas propuestas.