Judicial

El Gobierno aprieta al CGPJ para acelerar la ley de memoria democrática

La división interna entre los ponentes del informe ha retrasado su publicación. Carlos Lesmes convocará un pleno extraordinario

EuropaPress_3576943_Preview_i-d_vicepresidenta_primera_ministra_presidencia_relaciones_cortes (1)
photo_camera La vicepresidenta Carmen Calvo junto a Carlos Lesmes, Pablo Casado y Juan José González Rivas

El Gobierno quiere sacar adelante una de sus leyes estrella y no está dispuesto a esperar más. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) va a convocar un pleno extraordinario para tratar el tema de la Ley de Memoria Democrática, después de que el Ejecutivo haya apretado al presidente Carlos Lesmes para que haga público ya el dictamen del órgano. 

El entorno del presidente Pedro Sánchez ha transmitido al CGPJ como fecha límite la próxima semana, según indican fuentes internas a Confidencial Digital. Por eso, está prevista la convocatoria de una reunión en la que estén todos los vocales que, por norma general, solo se suelen reunir una vez a final de mes. 

Este dictamen no es vinculante, pero hay mucha expectación ya que se trata de una ley que no está exenta de polémica. 

De hecho, el último órgano consultivo en pronunciarse sobre la misma fue el Consejo Fiscal la pasada semana. La fractura entre unos fiscales y otros se evidenció en la votación que tuvo que desempatar la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, con su voto de calidad para avalar la ley. En este caso el informe se centraba más en aspectos relativos a lo que afectaba al Ministerio Público, por ejemplo, la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos en el Tribunal Supremo para la investigación de los hechos acaecidos en la Guerra Civil. 

Sin embargo, el documento que prepara el CGPJ es todavía más extenso porque aborda los 66 artículos de los que se compone la legislación. Los dos ponentes encargados de la redacción -que luego se pulirá en el pleno- llevan semanas arrastrando el informe porque hay puntos en los que son incapaces de llegar a acuerdos, según diversas fuentes. 

El Gobierno ha transmitido que es un “tema urgente” y ha dado de plazo al presidente Lesmes hasta el 15 de mayo porque hay que recordar que la vicepresidenta Carmen Calvo se marcó la aprobación de esta ley como una de las prioridades de 2021, lo que incluye declarar el 31 de octubre como día de recuerdo para las víctimas del franquismo. 

En principio, Lesmes viajará a Canarias a principios de la próxima semana para estar presente en la toma de posesión del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del archipiélago. Por eso, los vocales consultados calculan que la reunión se convocará a mitad de la próxima semana. 

Diferencias técnicas 

Los dos ponentes designados para la redacción del texto inicial llevan semanas de conversaciones complicadas. José Antonio Ballesteros pertenece al ala conservador elegido por el PP, mientras que Álvaro Cuesta inclina la balanza del lado progresista desde su selección por el PSOE. 

Las posturas distanciadas entre ambos han dilatado el proceso de llevar un borrador al pleno, puesto que quieren presentar un texto conjunto y no dos para evitar grandes divisiones en el debate con el resto de vocales. 

Cabe recordar que la ley de memoria democrática incluye la revocación de distinciones y nombramientos de títulos y condecoraciones que hayan sido concedidos o que supongan la exaltación del franquismo; la ilegalización de las asociaciones que hagan apología de la dictadura y la Guerra Civil como la Fundación Franco; la nulidad de las resoluciones y condenas dictadas por los órganos de represión de la dictadura; la exhumación de las fosas comunes, etc. 

Si las diferencias entre ambos vocales persisten no quedará otro remedio que presentar ambas la próxima semana y enviar al Gobierno la propuesta que obtenga mayoría absoluta, Quien discrepe podrá emitir sus votos particulares. 

El Consejo fiscal 

El bloque conservador del Consejo Fiscal se opuso a la norma por considerarla “calculadamente ambigua”. Con seis votos a cinco, la ley obtuvo luz verde por la mínima y la Fiscalía envió un comunicado posterior en el que aseguraba que el anteproyecto sitúa a la Administración en una posición “garante, asegurándose así, en condiciones de igualdad, una misma respuesta en toda España a los derechos a la verdad, a la justicia y a una reparación integral de las víctimas”. 

Para los miembros de la Asociación de Fiscales, sin embargo, la creación de la Fiscalía de Sala que propone la ley es “absolutamente innecesaria” y defienden que “crea falsas expectativas a las asociaciones y familiares de víctimas” y “facilita la instrumentalización del Ministerio Fiscal”. 

El vídeo del día

Vox dará apoyo “gratis” a Ayuso para “que la izquierda no entre en Gobierno”
Comentarios
Somos ECD
Queremos escucharte y queremos que nos ayudes