Judicial

El Gobierno ha comenzado a negociar con el Poder Judicial tras el escándalo por la renovación del CGPJ

Está testando a los vocales después de presentar la reforma para la elección de los miembros del Consejo

El Gobierno de Pedro Sánchez no consultó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para desarrollar la proposición de ley que cambiaría la manera en la que se eligen a los miembros. Sin embargo, después de la presentación de la norma, miembros del Ejecutivo han iniciado contactos con el presidente Carlos Lemes y otros vocales para testar el ambiente, según fuentes del Consejo. 

Tanto Lesmes como la práctica totalidad de los vocales han mostrado su frontal rechazo a la reforma legislativa que en esencia rebaja los tres quintos necesarios actualmente para nombrar 12 de los 20 vocales del Consejo a mayoría absoluta. Al bajar este listón en la ley orgánica, la renovación podría lograrse sin el apoyo del PP según se aprobara para terminar así con el mandato caducado de los actuales vocales desde 2018. 

Miembros del Poder Judicial reconocen que conocían la información que hablaba de que el Ejecutivo estaba preparando esta proposición de ley, pero la observaban desde la distancia como un “farol”. Según estas fuentes, creían que el PSOE lo podía estar utilizando como arma para presionar al partido de Pablo Casado en los pactos.  

Por eso, la publicación de la norma se ha recibido con estupor en el seno del Consejo. Si ya de por sí la manera de elegir a estos 12 miembros del CGPJ, que desde 1985 pasa por el Parlamento, no convence a la mayoría de jueces, el cambio legislativo en esta dirección ha tenido todavía una peor acogida por Lesmes y el resto de vocales. 

De hecho, este martes siete vocales han solicitado a Lesmes que celebre un Pleno extraordinario para fijar una posición conjunta. Al ser más de cinco los vocales que solicitan la reunión todo indica que Lesmes lo convocará la próxima semana. 

Y no solo por el Poder Judicial, las asociaciones de jueces -tres de las cuatro- han salido en masa a rechazar de plano la norma. Incluso la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha presentado este jueves un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que inste a las Cortes Generales a “votar de una vez” la renovación. 

La Fiscalía tampoco lo ve claro, según se deduce de las últimas declaraciones de Dolores Delgado este jueves en el foro del Colegio de Abogados de Madrid: “hay que oír a los operadores jurídicos y a los administradores”. 

No llegará a buen puerto 

En privado, algunos vocales dudan que esta modificación legislativa llegue a aprobarse después de la presión que el Gobierno está soportando, incluso desde el ámbito internacional. “Las reformas de los sistemas judiciales en los Estados miembros deben hacerse siempre en consulta con todas las partes relevantes, incluida la Comisión de Venezia”, ha señalado Christian Wigand, portavoz del departamento de Justicia de la Comisión Europea.

La Comisión ha advertido este jueves al Gobierno Español que la vía emprendida pone en peligro la independencia judicial y agrave la impresión de que el Poder Judicial es vulnerable a una politización. 

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Por eso, miembros del Consejo no creen que vaya ni siquiera a pasar el filtro del Congreso de los Diputados, pero aseguran que aunque lo pasara sería recurrido ante el Constitucional y este podría revocar entonces la decisión. 

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