Hacienda solicita ayuda para gestionar el pago de las condenas a la Administración, que se han multiplicado por quince
En la última década las sanciones han pasado de 466.000 euros a más de siete millones que el Estado debe abonar
El Ministerio de Hacienda ha contratado a la Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios S.A. para que le ayude a gestionar las costas procesales y el pago de sanciones derivadas de sentencias en las que se condena al Estado. En los últimos diez años este dinero se ha multiplicado por 16, pasando de 466.000 euros a más de 7 millones de euros a pagar por la Administración, según un documento consultado por Confidencial Digital.
Cuando se condena al Estado, este debe abonar un dinero a una de las partes que ha demandado y, si así lo dice el auto, también la cantidad que ha costado el juicio. Si esta cantidad a pagar es menor de 150.000 euros -lo más habitual- de este trabajo se encarga la Oficialía Mayor del ministerio de Hacienda.
En un documento, esta entidad reconoce que “no dispone de medios materiales ni humanos suficientes” para hacer frente a este trabajo ante el aluvión de condenas que en los últimos años no ha parado de incrementar.
Delegar trabajo
En un informe que realizado por Hacienda en febrero de 2019 se constató “claramente la dificultad creciente de la Oficialía Mayor para absorber la carga de trabajo derivada del abono en costas” de unos expedientes que solo crecen. Y este ha sido el motivo para esta resolución en la que Hacienda busca delegar competencias.
Para ello, ha contratado a la Empresa de Transformación Agraria S.A. (TRAGSA) y su filial Tecnologías y Servicios Agrarios (TRAGSATEC) que llevarán a partir de ese momento el 80% del trabajo.
La filial de tecnología ha desarrollado en los últimos tiempos una intensa actividad al servicio de la administración y dispone de una importante experiencia en la prestación de asistencia y servicios técnicos relacionados con la mejora y modernización de los procesos de gestión de las administraciones públicas.
Número de expedientes en aumento
Cada año crece tanto el número de expedientes tramitados como el dinero a abonar por parte del Estado de manera exponencial.
En 2010 se tramitaban en España 142 expedientes; en 2015 pasaron a ser algo más de 1.000 y el año pasado llegaron a los 2.315.
De la misma manera se ha inflado el importe a pagar. En 2010 se abonaron 466.000 euros, el millón se sobrepasó a partir de 2013 y desde entonces ha crecido prácticamente un millón de euros por año hasta llegar a 2019 con 7.498.645 euros.
Según Hacienda estos datos son indicativos de la dificultad creciente de la carga de trabajo y es lo que que provoca importantes retrasos en la tramitación y el abono de los expedientes, por encima del plazo legal.
El trabajo de apoyo
La nueva empresa contratada ha firmado por 134.396 euros para hacerse con parte de este trabajo. El encargo no supone la cesión de la titularidad de las competencias, si no una labor de apoyo.
TRAGSATEC tendrá que realizar el seguimiento de la gestión y ejecución de las actuaciones previstas y velar por el adecuado cumplimiento del presente encargo. Tramitar expedientes, es decir, recibir las sentencias judiciales, darse de alta en el sistema, revisar dichos fallos y determinar la cuantía a abonar, además de comunicarlo al órgano judicial son las mayores tareas que tendrá la entidad.
