Judicial

Igualdad sospecha que Carmen Calvo y Campo quisieron boicotear la ley de libertad sexual y reducirla a la reforma del Código Penal

La vicepresidenta y el ministro de Justicia buscaban asumir solo la parte penal, y añadirlo a los cambios en los delitos de sedición, rebelión y medio ambiente

Yolanda Díaz, María Jesús Montero e Irene Montero.
photo_camera Yolanda Díaz, María Jesús Montero e Irene Montero.

Cargos del Ministerio de Igualdad creen que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, buscaba tumbar la Ley de Libertad Sexual con sus críticas al borrador elaborado por el equipo de Irene Montero.

La idea que una parte del Gobierno tenía en mente, incluida la vicepresidenta Carmen Calvo, según fuentes jurídicas, era dejar solo lo relativo a lo penal y añadirlo a una amplia reforma del Código Penal junto con los cambios en los delitos de rebelión y sedición, y las penas por atentar contra el medio ambiente

Impropio de una ley

Las correcciones que el equipo de Justicia ha hecho en las 26 páginas del texto cuestionan numerosos artículos y habla de cosas poco “claras” o “impropias” de una ley

Sin embargo, la gran mayoría de las críticas se concentran en todo lo relativo a la prevención, la formación y los derechos de las víctimas, es decir, la parte que no tiene que ver con la reforma del Código Penal.

El informe emitido por Justicia dice que algunos artículos están “vaciados de fuerza normativa” y que son como “una segunda exposición de motivos, lo que es impropio de una ley”. 

Solapando muchas leyes

Justicia se esforzó en demostrar que esta ley se solapaba con otras muchas normas y regulaciones para que no saliera adelante, aseguran fuentes de Igualdad.

Habla por ejemplo de “un problema derivado de la duplicidad normativa, que se repite en distintas ocasiones en el Anteproyecto”. Cuestiona también que muchos artículos del anteproyecto deban ser regulados a título estatal. 

“Había interés en mostrar que el Anteproyecto era muy malo en todos los artículos, pero justo en la parte penal no hace mucha crítica” explican estas fuentes jurídicas.

Justicia está trabajando para modificar los delitos de sedición y rebelión algo que, con toda probabilidad, traerá polémica porque podría reducir las penas de los condenados en el ‘procés’. 

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De esta manera, apuntan estas fuentes, el Ejecutivo quería diluir esta controversia entre el cambio de penas para las agresiones sexuales y la inclusión de penas relativas a delitos de medio ambiente. 

No fue una ley hecha con prisa 

No ha habido precipitación, dicen en Igualdad. La ley se estaba preparando desde hace tres años.

Fuentes conocedoras del texto aseguran que el borrador se basó en la proposición de Ley de Protección Integral de la Libertad Sexual y para la erradicación de las violencias sexuales, que fue presentada por el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú en julio de 2018.

De hecho la estructura de ambas leyes es muy parecida: trata en primer lugar de la prevención en el ámbito publicitario, educativo, laboral, sanitario; luego se ocupa de las medidas de formación y, después, de los derechos de las víctimas

Para esta primera proposición de Ley se hizo una comisión de unas 15 personas, en cuyo núcleo duro se encontraban también dos de las actuales encargadas de redactar el Anteproyecto: María Acale y Patricia Falardo, además de la actual vicepresidenta segunda de la Comisión de Igualdad, Ángela Rodríguez. 

Colectivos feministas

Esta proposición de ley no solo pasó por las manos de las juristas, también se envió  a colectivos feministas que hicieron sus críticas y comentarios. Entonces, hubo reuniones que se prolongaron horas debatiendo, por ejemplo, el concepto de “qué es una mujer”.

Para el Anteproyecto actual ha intervenido un equipo mucho más amplio, en el marco de un Ministerio. Por eso, la sorpresa fue bastante grande cuando Justicia envió sus correcciones.

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