Indignación entre los jueces porque la Justicia no aparece en el Plan 2050

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó hace una semana los objetivos para España en 2050. Habló de educación, medio ambiente, sanidad, fiscalidad y empleo, pero no hubo una sola mención a la Justicia. Esto ha provocado la indignación de algunos jueces y la resignación de colectivos judiciales que están acostumbrados a que los problemas de los tribunales nunca figuren en la agenda del Ejecutivo.

En las 676 páginas del informe la palabra “justicia” aparece seis veces, pero no para algo relacionado con los tribunales, sino que se alude a “justicia climática”, “justicia fiscal”, o algún apellido que se escribe de esta forma. La comparación es flagrante con otras áreas como “educación” que aparece 627 veces, o “sanidad” que se encuentra en 63 ocasiones.

El documento tiene una tabla en la que se enumeran los desafíos a largo plazo, y se habla por ejemplo de la ley del cambio climático, la hoja de ruta del hidrógeno renovable, la modernización de la política agrícola y pesquera ,y las nuevas políticas de vivienda. Es el único lugar donde aparece la “modernización de la Justicia”, pero sin embargo, el cuadrante está vacío, como si alguien se hubiera olvidado de rellenarlo.

Acostumbrados

“Hace tantos años que venimos reclamando medios, una evaluación de la planta judicial, funcionarios realmente preparados, inversión tecnológica… que no me sorprende”, dice María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación de Profesionales de la Magistratura (APM) -mayoritaria entre los jueces- y decana de los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. “No se acuerdan, porque jamás se acuerdan de lo que es Justicia”, dice.

Como ella, muchos de los profesionales con los que ha hablado Confidencial Digital reconocen que están ya “acostumbrados” a que no se les coloque en el centro de las reformas. “Sin seguridad jurídica no existe seguridad económica, que son muchas de las promesas de esa agenda”, remarca del Barco. Reprochan al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que no sea capaz de liderar su cartera para introducir esos temas en el debate del Gobierno.

“Al 2050 le pido tener ministros competentes, con altura de miras y con la suficiente competencia en el terreno para poder colocar la Administración de Justicia en el lugar que le corresponde”, dice Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la segunda mayoritaria de la carrera. Para él, las necesidades actuales en los juzgados podrían resumirse en tres: personal, tanto en número como en organización; dotación de materiales y medios, y digitalización.

Jueces sobrecargados

En el primer punto coinciden todos. La sobrecarga de trabajo de los jueces complica muchas veces los plazos procesales y el trato a los ciudadanos. “La inmediación y la proximidad con el ciudadano es un factor esencial. Necesitamos medios personales, sobre todo porque la ratio de jueces y fiscales está muy por debajo de la de la Unión Europea”, señala Ascensión Martín, portavoz de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia.

Los datos son contundentes: en España hay 11,5 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que la media europea es de 17,7. Y esto preocupa todavía más en la carrera fiscal de cara a la aprobación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que otorgará la instrucción a los fiscales.

El Ministerio todavía no ha hecho una evaluación de cuántos jueces y fiscales serán necesarios para esta reforma, que cambiará el paradigma judicial en España, tal y como contó ECD.

Digitalización de la Justicia

Otro de los puntos en los que las asociaciones coinciden es en la urgencia de la digitalización. Lleva siendo un reto para todos los ministros de Justicia, al igual que lo es para Campo en su planificación Justicia 2030. “La digitalización ha avanzado más en el papel que en la realidad”, dice María Jesús del Barco. “Hay lugares en Madrid donde no existe el expediente digital electrónico”.

Por Comunidades Autónomas las diferencias resultan abismales. Por ejemplo, en Murcia se puso en marcha hace años el expediente judicial electrónico de forma pionera, y todos los órganos lo han ido implantando en una fase piloto. Fundamentalmente supone un cambio de modelo, porque el expediente deja de ser un conjunto de papeles y pasa a un formato electrónico, accesible para todos los intervinientes. Pero esto no se ha extendido a otros lugares de España por igual.

“El problema es que se parte de una realidad sobre el papel que no es tal, porque no tenemos desarrollo el tecnológico del que parte el Anteproyecto del Ministerio”, dice Del Barco. “No conocen la realidad de los juzgados, hablan de tecnologías que no existen, que no se están aplicando. Los juicios telemáticos no todos pueden hacerse”, expresa.

Juicios telemáticos

Es otro de los puntos claves a resolver. La pandemia ha acelerado la celebración de juicios telemáticos y el teletrabajo, sin que, a su vez, se haya desarrollado una ley a largo plazo que desarrolle cómo debe hacerse esto en la administración de Justicia. “Se introdujo una modificación legal [Real Decreto Ley 3/2020], pero no se dijo cómo había que hacer las cosas; solo se dice que, en aquellos actos en los que se pueda hacer, que se haga telemático”, explica Fernández Vaquero.

Por eso, cada autonomía está utilizando programas diferentes para la celebración de juicios e incluso en un mismo territorio se ha cambiado varias veces de plataforma. Es el caso de Andalucía, donde se empezó a utilizar ‘Circuit’, pero después de haber dado problemas, sobre todo con el audio, se ha cambiado a ‘Webex’.

“Digamos que eso, como solución de emergencia en 2020, ha servido para salir del paso, pero no hay ningún diseño a medio plazo sobre cómo queremos que sea esa justicia adaptada al entorno digital”, defiende Fernández Vaquero. “Parece que el Ministerio da por supuesto que todas estas herramientas tecnológicas se van a quedar, pero no nos ha trasladado un diseño claro sobre cómo se va a garantizar en ese entorno digital que se respetan las garantías procesales básicas”.

La inteligencia artificial

Los profesionales de Justicia señalan que hay diferentes herramientas que podrían ser muy útiles para procesos judiciales y que España no está yendo a la vanguardia. Por ejemplo, hablan de un sistema de algoritmos llamado Viogen, que actualmente utiliza la Policía para evaluar el riesgo de las mujeres en asuntos de violencia de género.

Se introduce en el sistema información basada en la propia denuncia de la víctima, los antecedentes de la persona, el entorno… “Pero no está regulado qué valor debe un juez darle a eso, qué derechos tiene la defensa para acceder a ese algoritmo… De esto no dice nada en la regulación. Es todo incipiente, pero son cosas que hay que tener en cuenta desde antes, no cuando tengamos 25 herramientas de inteligencia artificial empezar a regularlas”, lamenta Fernández Vaquero.

En este sentido, habla de la tecnología ‘blockchain’ que ya se está empezando a aplicar en muchos sistemas. “¿Cómo vamos a implementarla? ¿Tiene esto alguna utilidad para la administración de justicia? Todo eso me da la sensación de que, si no lo planificamos ahora, no lo tendremos en el futuro”.