Los investigados en ‘Kitchen’ denuncian indefensión por el tiempo que la causa ha estado secreta

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha recibido ya todos los recursos de los investigados en la pieza número 7, conocida como ‘Kitchen’, del macro-caso sobre Villarejo. El exministro Jorge Fernández Díaz ha reprochado al juez que “encapsule” solo en la actuación del Ministerio del Interior todo el operativo para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, mientras que el exsecretario de Estado, Francisco Martínez, ha denunciado la indefensión que le ha supuesto el largo tiempo que la pieza ha permanecido secreta. 

Todos los recursos de reforma a los que ha tenido acceso Confidencial Digital fueron presentados entre el miércoles, jueves y viernes de la pasada semana. Los abogados de los imputados han trabajado en extensos documentos para presentar los primeros días después del verano en la Audiencia Nacional. El cierre de esta investigación por parte del juez Manuel García-Castellón a finales del mes de julio pilló por sorpresa a muchos de los implicados que se han apresurado ahora a pedir que se archive su procesamiento antes de llegar al siguiente paso: el juicio. 

“Lo realmente preocupante es la decisión judicial de concluir la instrucción limitando el objeto de la investigación al entorno del Ministerio del Interior”, expone en su recurso Jorge Fernández Díaz. Según su defensa, él no tenía ningún interés en la sustracción de información a Bárcenas y, mucho menos, la cartera que dirigía. Señala que mientras la exsecretaria del PP María Dolores De Cospedal sí estaba implicada en los ‘Papeles de Bárcenas’, Fernández Díaz no tenía ningún interés en los mismos. Dice que circunscribir las responsabilidades al Ministerio es un error que evita indagar en el verdadero “origen del problema”. 

Para Fernández Díaz, terminar con la ‘Kitchen’ ahora es un “cierre en falso”. Argumento que comparte con la Fiscalía Anticorrupción que, lejos de pedir el fin de las pesquisas, solicitó en dos escritos en julio nueves diligencias e imputaciones. No puede entender tampoco el ‘exnúmero dos de Interior’ Francisco Martínez cómo se ha procesado a toda la cadena de mandos de la Policía -numerosos comisarios y el exDirector Adjunto Operativo- y a la cúpula del Interior, pero se ha dejado fuera al que fue Director de la Policía Ignacio Cosidó. 

El abogado de Martínez subraya que si alguien tuvo que ver en que el exchófer de Bárcenas Sergio Ríos aprobara de forma dudosa los exámenes de la Policía, ese fue Cosidó que era de quien dependía el cuerpo. “Las conclusiones que alcanza el instructor obedecen a una idea preconcebida desde el origen mismo de la pieza de investigación, que lleva a que solo se considere creíble” una parte de lo que los investigadores revelan. Dice Martínez en su recurso que ha estado “estigmatizado desde el inicio de la investigación”. 

Instrucción de un solo mes

Fernández Díaz y su 'exnúmero dos' se reprochan mutuamente los mensajes que incriminan a uno y a otro. Niega el exministro la veracidad de los sms que Martínez protocolizó ante notario y que apuntaban a que Díaz podía tener conocimiento del operativo montado para espiar a Bárcenas. Pero si hay algo en lo que ambos coinciden es en que la duración de la presente investigación ha sido corta a juzgar por el tiempo que ha permanecido secreta. 

Hace las cuentas el abogado del exsecretario de Estado, y dice que han transcurrido 2 años, 7 meses y 22 días desde que la ‘Kitchen’ se inició, pero que de estos la causa ha permanecido secreta total o parcialmente 2 años y 6 meses. El resultado es que se ha producido indefensión para los acusados  que solo han podido acceder a todos los documentos 1 mes y 22 días, según el recurso. 

Los policías también solicitan el sobreseimiento 

Los recursos de los policías imputados desgranan las versiones que han mantenido en sede judicial a lo largo de estos años. Que ellos no conocían ningún operativo para torpedear la investigación de la ‘Gürtel’, que si participaron en él no sabían que era ilegal o que se limitaron a cumplir órdenes de sus superiores. 

En este sentido, el exDAO Eugenio Pino aclara que, “al margen de que en algún momento puntual, de forma activa o pasiva, tuviese conocimiento sesgado de la marcha de las actuaciones policiales, fuesen cualesquiera que fuesen”, nunca organizó ningún operativo ilegal ni autorizó la sustracción de documentos a Bárcenas. 

De él se desvincula el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que remarca los puestos en el que estuvo alejados de la DAO donde presuntamente se confabuló la ‘Kitchen’. “Por enésima vez” aclara que fue liberado sindical hasta septiembre de 2013, que luego se reincorporó a la Jefatura Superior de Policía de Cantabria hasta 2014 y que no fue hasta julio de 2015 cuando empieza a trabajar al lado de Pino. Pero tampoco muy cerca, porque niega que él fuera la “mano derecha” del DAO, como expone el juez en algunos de sus escritos. 

Sobre por qué Fuentes Gago figura en un correo de 2015, junto al también policía Bonifacio Díez Sevillano, en el que se habla de este operativo, dice que “la instrucción de la causa ni tan siquiera se acredita que dicho correo electrónico haya sido leído por sus destinatarios”. 

Igualmente el comisario Andrés Gómez Gordo que, actualmente, es el único que permanece en activo en el cuerpo y no está liberado, dice que su imputación está basada en “hechos inexistentes”, “no acreditados”, y que se basan en “meras especulaciones o hipótesis”. Los investigadores lo sitúan como el nexo entre Villarejo y el chófer de Bárcenas, quien se convirtió en confidente de la policía, algo que él no niega. Pero matiza que se limitó a ponerles en contacto y que “no hizo otra cosa que cumplir con las instrucciones de sus superiores jerárquicos”. 

En cuanto a los pagos de fondos reservados que recibía Sergio Ríos a razón de 2.000 euros mensuales, señala Gómez Gordo que él hizo entrega de algunas de estas cantidades, pero que “no conocía la causa ni la justificación de esos pagos”. 

También el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas ha pedido que se archive su procesamiento colocándose como víctima de una campaña contra él por haber tratado de investigar a Villarejo en diferentes operaciones policiales. En su recurso además, realiza una recusación anticipada del magistrado Fernando Andreu por su vínculo con Villarejo, como ya informó Confidencial Digital. 

La duda está ahora en qué hará la Fiscalía Anticorrupción, que también puede recurrir ante la Sala de lo Penal para que García-Castellón practique algunas de las diligencias que el ministerio fiscal considera que están pendientes. Fuentes de este órgano apuntan a que los fiscales están trabajando en dicho recurso. Si la Sala respalda al instructor, ya solo quedará buscar una fecha para el juicio.