Juan Carlos Campo, candidato al Tribunal Constitucional, incurso en una investigación disciplinaria del CGPJ

El Gobierno de Pedro Sánchez ha movido varias fichas para tratar de forzar la renovación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Y ha puesto en marcha una reforma sobre el modo de designar a sus integrantes.

El Consejo de Ministros del 29 de noviembre acordó dos propuestas de nuevos miembros del Tribunal Constitucional: Juan Carlos Campo, ex ministro de Justicia y actual magistrado de la Audiencia Nacional; y Laura Díaz, catedrática de Derecho Constitucional, ex directora general de Asuntos Constitucionales del Ministerio de la Presidencia y ex vicepresidenta del Consell de Garanties Estatutàries de Cataluña.

La propuesta de Juan Carlos Campo ha suscitado numerosas críticas contra el Gobierno, con la acusación de “politizar” el TC al proponer a un ex ministro de Justicia. Se da una situación similar a la del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, si bien ahí el salto fue directo del Ministerio de Justicia a la Fiscalía.

Examen de idoneidad

El pleno del Tribunal Constitucional todavía no ha realizado el examen de idoneidad al que somete a los candidatos a nuevos magistrados, en este caso los dos que según la Constitución corresponde proponer al Gobierno.

El examen de idoneidad sobre Juan Carlos Campo se realizará coincidiendo con el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial ha incoado diligencias informativas por una denuncia presentada por un abogado contra el ex ministro de Justicia, según ha podido saber Confidencial Digital.

Acción disciplinaria

Dentro del Consejo General del Poder Judicial existe la figura del Promotor de la Acción Disciplinaria. Se trata de un cargo que asume la función de decidir sobre la incoación e instrucción del procedimiento disciplinario sobre magistrados y jueces, la formulación del pliego de cargos, y la emisión de la propuesta de resolución.

Se creó esta figura con la idea de introducir el principio acusatorio y la profesionalización de la instrucción del procedimiento disciplinario.

Pues bien: el Promotor de la Acción Disciplinaria ha comunicado al denunciante que, tras recibir su denuncia contra Campo, “por acuerdo de 9 de diciembre de 2022 se ha procedido a la incoación de la diligencia informativa”.

Francia y los teléfonos encriptados

La denuncia que ha supuesto la incoación de diligencias informativas en el CGPJ está relacionada con la extradición a Francia de tres españoles, acusados de distribuir a delincuentes teléfonos encriptados con el programa Encrochat.

Los tres fueron detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado mes de junio, según reveló La Razón. El juez titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, aprobó enviar a los detenidos a Francia en virtud de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE).

Las defensas de los detenidos -que ingresaron en prisión provisional- recurrieron los autos de Pedraz. Esos recursos llegaron a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que los desestimó.

El magistrado que firmó al menos uno de los autos era Juan Carlos Campo, quien, tras cesar como ministro de Justicia en el verano de 2021, se reincorporó a su plaza de magistrado en la Audiencia Nacional.

Estos tres españoles fueron trasladados a Francia en el mes de agosto, después de que fueran rechazados todos sus recursos para intentar frenar la entrega.

Eurojust y el ministro de Justicia

El autor de esta denuncia disciplinaria apunta que, como ministro de Justicia entre enero de 2020 y julio de 2021, Juan Carlos Campo tuvo “un papel crucial en las relaciones de España con Eurojust, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal, de la que formamos parte como Estado miembro de la Unión Europea”.

A propuesta de Campo, el Consejo de Ministros nombró al magistrado José de la Mata representante de España en Eurojust. De la Mata le entregó a Campo, en mayo de 2021, la memoria anual de 2020 de la delegación española en Eurojust. En esa memoria se hacían varias referencias al ‘caso Encrochat’.

En la denuncia que ha llegado al CGPJ se destaca que, en el desmantelamiento de la red de teléfonos encriptados Encrochat, tuvo un papel clave un equipo conjunto de investigación que se creó entre las autoridades judiciales de Francia y de los Países Bajos, bajo los auspicios de Eurojust y con el apoyo de Europol, del que forman parte 13 miembros de la Unión Europea, entre ellos España.

Información enviada a España

“Desde entonces España ha recibido los datos pirateados del sistema de comunicación encriptado de Encrochat por parte de la Gendarmería Francesa, y se han iniciado varias investigaciones penales en el seno de la Audiencia Nacional, de entre las que destaca la extradición a Francia de dos españoles que comercializaban legalmente los móviles Encrochat en España”, indica la denuncia.

El abogado denunciante ha puesto otros ejemplos de la implicación de Eurojust en la operación contra los distribuidores del sistema Encrochat: notas de prensa, reuniones internas…

“Por lo tanto, el conocimiento y participación de España en el marco de Eurojust sobre el ‘caso Encrochat’ es evidente”, considera el denunciante. “Como también es evidente que la máxima autoridad de España en ese marco de cooperación penal a nivel de la Unión Europea era en aquella época el ministro Campo”.

Causas de abstención de un magistrado

Todo esto ha llevado al denunciante a considerar que Juan Carlos Campo debería haberse abstenido, en vez de resolver los recursos contra el auto que confirmó la tramitación de las Órdenes Europeas de Detención y Entrega de los tres españoles arrestados por vender estos teléfonos móviles encriptados.

En su denuncia ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, indica que en el caso del ex ministro Campo incurriría en dos causas de abstención, y en su caso de recusación, que la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial contempla para jueces y magistrados.

El artículo 219.13 considera causa de abstención “haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo”.

En el punto 16 de ese artículo 219 se establece que también es motivo para que un magistrado se abstenga de intervenir en un caso el hecho de “haber ocupado el juez o magistrado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad”.

“Considero que el ministro Campo cuando ocupó la cartera del Ministerio de Justicia en España estaba al tanto del ‘caso Encrochat’ y la investigación auspiciada por Eurojust, como no podría ser de otra manera, participó indirectamente en el asunto objeto de la causa, tuvo conocimiento del mismo y ya iba con su criterio propio en detrimento de la debida imparcialidad cuando resolvió el asunto en la Audiencia Nacional”, concluye el denunciante.

“Falta muy grave”

Siguiendo con su argumento, señala que “según el artículo 417.8 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, es considerada falta muy grave de un juez o magistrado la inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas”.

En el artículo 420.2 de dicha ley se indica que las faltas muy graves podrán sancionarse con suspensión, traslado forzoso o separación, y el órgano competente para su imposición sería el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la Comisión Disciplinaria.

De ahí que considerara necesario denunciar los hechos, y solicitar al CGPJ que abriera un expediente disciplinario a Juan Carlos Campo. Como castigo para esta falta muy grave que, a su juicio, habría cometido el ex ministro de Justicia y ahora candidato a magistrado del Tribunal Constitucional, pide la expulsión de la carrera judicial.

Por ahora, como ya se ha indicado, el Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha incoado una diligencia informativa a raíz de esta denuncia contra Juan Carlos Campo.