Judicial

Los jueces denuncian una “campaña orquestada” para desprestigiar la carrera

Entienden que el afán por cambiar el sistema de acceso a la judicatura responde a un interés por controlar la Justicia también en la base

magistrados con togas
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De “campaña orquestada” o “como mínimo debate interesado” hablan los jueces estos días. Las últimas controversias nacidas al calor por el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como cambiar el acceso a la carrera, han llevado a la judicatura a creer que desde la política se está transmitiendo un mensaje intencionado y erróneo para que los ciudadanos desconfíen de la Justicia. Numerosos jueces, con los que Confidencial Digital ha hablado, denuncian una campaña de desprestigio. 

Todos coinciden en el problema de raíz: la falta de pacto para nombrar a nuevos vocales del CGPJ está afectando a la imagen de la institución. “Que los órganos de Gobierno no se renueven como establece la ley es algo tan grave como que no se celebren elecciones cuando toca en un Gobierno”, explica Juan José Carbonero, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. 

Él pertenece a la asociación considerada conservadora, la Asociación Profesional de la Magistratura -mayoritaria en la carrera-, pero coincide en el diagnóstico con la portavoz de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, que se sitúa justo al otro lado del espectro ideológico: “la no renovación afecta al prestigio del organismo, pero no a la carrera judicial. Nosotros seguimos trabajando igual”, indica Ascensión Martín, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. 

De hecho en un acto algo inusual, las cuatro asociaciones -que aúnan aproximadamente a la mitad de los 5.400 jueces que hay en España- han emitido esta semana un comunicado para reivindicar el papel de los jueces españoles “ajenos a las disputas políticas”. 

La mayoría de los consultados muestra su hartazgo porque se esté proyectando una imagen que nada tiene que ver con el trabajo diario de los funcionarios. “Todos sabemos que determinadas altas instancias sí están politizadas, pero el problema es que lo están extendiendo a toda la carrera judicial y, encima, ponen el foco y la sospecha en que el problema de que se haya politizado es nuestro”, expone Teresa Puchol magistrada en Huesca y miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. 

“En sectores políticos y mediáticos se pone en duda la legitimidad de 20 o 30 sentencias, cuando los jueces ponemos decenas de miles de sentencias anuales”, aclara Fernando Portillo, juez de lo Contencioso-Administrativo en Melilla y miembro del Foro Judicial Independiente. 

Que en la apertura del año judicial hace una semana el discurso de Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, girara en torno a la independencia judicial, da una medida de cuánto se está hablando esto en los círculos judiciales. Hasta 39 veces citó Lesmes el “poder judicial independiente”, la “independencia” y la “autonomía” en todas sus versiones. 

¿Una campaña de la derecha o la izquierda? 

Precisamente el escollo actual para la renovación del CGPJ está en la fórmula para hacerlo: si primero renovar y luego debatir el sistema de elección de los vocales, o si primero reformarlo para que sean los jueces los que elijan a sus pares. Algo en lo que no se ponen de acuerdo ni la izquierda, ni la derecha, ni los propios jueces. 

“Yo creo que se está instrumentalizando por la derecha, cuando el orden normal y lógico sería primero aplicar la ley, renovar el Consejo y luego cambiar el sistema”, dice Lucía Avilés, magistrada en Mataró (Barcelona) y una de las candidatas para el nuevo CGPJ. “Percibo que es por el espectro de la izquierda, por los argumentos que se dan como la lucha de clases, la casta privilegiada, que no conocemos los problemas reales de la gente… Pero eso no quiere decir que no haya otros ataques por la derecha”, indica, por su parte, Portillo. 

Pero, de lo que no hay duda ni para él ni para sus colegas es de que la campaña existe: “Siempre he sido contrario a pensar que hay campañas o confabulaciones, pero en este caso creo que sí hay una campaña orquestada desde políticos y medios en la que se está poniendo en duda nuestra legitimidad y las formas de acceso a la carrera”. 

“¿Si hay o no una campaña? Yo creo que por tierra, mar y aire”, expone Luis Enrique García, magistrado de instrucción en Santander. “Siempre se intenta menoscabar ese prestigio, pero es que ahora es un ataque continuado por todos los frentes”, expone Puchol. “Da la impresión de que hay una campaña, sí. O como mínimo un debate interesado”, dice Carbonero. 

Objetivo: cambiar el acceso 

Para muchos el hecho de que se traiga a la actualidad un cambio en el sistema de acceso a la carrera forma parte del plan para proyectar en el imaginario colectivo que los jueces son unos pocos privilegiados.  “Cuando se señala el acceso a la carrera, que viene a ser similar con los Abogados del Estado, los Fiscales, los técnicos de administración civil, etc y que son pruebas imparciales, pero solo se hace hincapié en el sistema de los jueces, pues es sospechoso”, dice el magistrado del TSJ de Aragón Carbonero. 

Este mismo lunes, la portavoz de Unidas Podemos Isa Serra, anunció la propuesta de un sistema “similar al MIR” con el objetivo de “acabar con el sesgo de clases” en este tipo de oposiciones. Algo que no convence a los consultados: “el proceso en la Escuela Judicial dura dos años. Es el Estado el que forma a los jueces. Por eso, cuando un juez entra de juez ya lleva tres años de formación. Cuando se habla de MIR judicial, es que no se conoce el terreno”, apunta Carbonero.

Cambiar el sistema de acceso a la carrera, resuelve un problema que nadie ha demandado como un problema. La sociedad Civil no está pidiendo eso”, apunta Portillo. Para ellos, las intenciones que hay detrás de esta "campaña" se sustentan en controlar el Poder Judicial desde la base. “Puedo adivinar que se trata de alguna manera de poner límites al poder estatal, que no se subyugan a otros poderes. Los jueces estamos aquí para controlar a los poderes públicos y eso es incómodo”. 

"El sistema de acceso es mejorable, pero no creo que haya un problema. Este debate lo llevo escuchando veinte años", expresa la magistrada Ascención Martín. No obstante, tanto ella, como todos los preguntados en este artículo están de acuerdo en un sistema de implementación de becas por parte del Gobierno para poder estudiar la oposición. "Hoy día yo creo que se ha democratizado bastante, muchos de nosotros no procedemos de familias ricas. Otra cosa es que para lograr una democratización sólida se haga un sistema de becas", aclara también Avilés. 

La ministra de Justicia, Pilar Llop, anunció la pasada semana que el Gobierno ultima un sistema de ayudas para estas oposiciones. Cabe recordar, que la última vez que se convocaron estas becas estatales en el sector fue en 2008, durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, y se trató de 120 plazas con una dotación anual de 3.000 euros. 

Asimismo, algunos indican que la mirada de los políticos en materia de Justicia debería estar puesta en otros asuntos: “Tenemos la carrera hecha una mierda: salud laboral, exceso de trabajo, juicios para 2026 porque no hay jueces… pero eso no parece importar a nadie”, dice el juez Luis Enrique García. "Tenemos 10 sistemas distintos de gestión procesal en España, en muchos aspectos, incompatibles entre sí, algo que cuentas en el extranjero y no te creen", apunta otro juez en 'Twitter'. 

En este sentido, asociaciones y magistrados han estado las últimas semanas muy activos en redes sociales sobre este asunto. Incluso, el veterano juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, poco dado a tuitear, ha escrito: "Puedo asegurar que en más de 35 años de mi carrera judicial nadie me ha dado un "toque". Y menos aún en mi vida personal por mi trabajo. Es la grandeza de nuestra carrera. Independencia judicial".  

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