Los jueces recurren a la justicia europea para que el Congreso renueve el CGPJ

Los jueces no se dan por vencidos. El Tribunal Constitucional ha desestimado un recurso de amparo en el que pedían que se pronunciara sobre la necesidad de que los partidos políticos cumplan con su mandato de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lleva en funciones dos años y ocho meses. Pero, a pesar de la negativa del tribunal de garantías, que lo desestima por un fallo de forma, los jueces están decididos a continuar con el periplo judicial en Estrasburgo, según confirman varias fuentes. 

En concreto, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) -segunda más numerosa en la carrera- está redactando este recurso para denunciar en Europa una vulneración de los derechos fundamentales al considerar que la inactividad de las Cortes en este sentido, solo responde a la sumisión a los intereses de los partidos políticos que las controlan. Para ellos, los políticos deben cumplir con la Constitución que establece el mandato del CGPJ en cinco años y el bloqueo en el que se mantiene el órgano desde hace más de dos merece una respuesta judicial. 

Además, consideran que el sistema de designación actual, en sí mismo, se aparta del canon de constitucionalidad que el propio Tribunal Constitucional fijó en 1986 y querían una respuesta de los magistrados sobre esto. 

Pero ninguna de estas cuestiones ha aclarada. En una resolución del pasado 3 de junio, a la que ha tenido acceso Confidencial Digital, el presidente, Juan José González Rivas, junto a los magistrados Alfredo Montoya y Cándido Conde-Pumpido creen que el recurso se interpuso fuera de plazo y, por tanto, no entran a valorar el fondo de los argumentos. Para el Constitucional el tiempo empezó a correr el día que ingresó en las Cámaras la lista de candidatos para ser vocales remitida por el CGPJ y, por tanto, consideran que el recurso debía haberse interpuesto como máximo tres meses después, como indica la ley, y no octubre de 2020 cuando se hizo. 

Una tesis que no comparten en la asociación puesto que, según sus argumentos, la inacción de las Cortes se sigue produciendo hoy.  

Un bloqueo de más de dos años

Desde que tuvo entrada la lista de candidatos remitida por el Consejo General del Poder Judicial han pasado dos años y ocho meses sin que se hayan convocado los plenos del Congreso y Senado para proceder a la votación y el nombramiento de los seis vocales que elige cada Cámara. 

La decisión ha estado cerca en varias ocasiones. En un primer momento en 2018 cuando se filtró que el presidente de la Sala Penal Manuel Marchena lideraría el nuevo Poder Judicial. Precisamente esta filtración vía Whatsapp del entonces senador Ignacio Cosidó - sobre controlar “por detrás la Sala Segunda”-  provocó la renuncia del penalista y puso el contador de la renovación a cero. 

En febrero de este 2021 se produjo otro punto de acercamiento entre PP y PSOE para la renovación, pero los pactos cruzados en contra de la jueza Victoria Rosell (actual delegada de Violencia de género del Gobierno) y del juez Ricardo de Prada volvieron a enfriar las negociaciones y, de nuevo, a la casilla de salida. En el actual contexto y con los indultos a los políticos del ‘procés’ todavía en el recuerdo no hay nadie que se atreva a dar por pronta esa renovación. 

Los argumentos que viajan a Estrasburgo 

Cada candidato necesita el aval de una asociación y este, precisamente, es uno de los argumentos que se han utilizado ante el tribunal de garantías. Creen los jueces recurrentes que el bloqueo afecta al derecho de asociación en sí mismo porque vacía de contenido las funciones que le designa la Ley orgánica del Poder Judicial. 

De igual forma, consideraban que existía una especial trascendencia constitucional porque no existe doctrina de los magistrados al respecto. Por eso, la asociación rechaza la decisión del Constitucional de no entrar en la cuestión y dice que es “en sí misma una violación de derechos fundamentales”. Motivo por el que lo llevarán a Estrasburgo. 

Como argumentos, por ejemplo, un informe de septiembre de 2020 de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en España en el que urgía a renovar al CGPJ por la “anomalía institucional” que podría generar un bloqueo mayor, dejando a la institución expuesta a la influencia política. 

“Cuando emprendimos este camino sabíamos que sería largo, pero estamos decididos a recorrerlo hasta el final”, reza una carta que el Comité Nacional de la asociación ha enviado a sus asociados.  Este recurso, además de en nombre de la asociación, será presentado por los magistrados José Antonio Baena, Rafael Estébez, Mónica García, Manuel Jaén Vallejo, Juan Luis Lorenzo Bragado y María Tardón que se encuentran precisamente en esa lista de vocales propuestos para la renovación y, por tanto, están afectados directamente por el bloqueo.