El juez de ‘Kitchen’ ahonda en la compra de la pistola y material informático del ex chófer de Bárcenas con fondos reservados

El juez Manuel García-Castellón quiere saber más sobre cómo se utilizaron los fondos reservados con los que se pagaron al ex chófer de Bárcenas Sergio Ríos por su trabajo de confidente en el espionaje al ex tesorero del PP. Por eso, en un auto con fecha del pasado 21 de diciembre al que Confidencial Digital ha tenido acceso, el magistrado que investiga la pieza 'Kitchen' solicita al Ministerio de Interior más información sobre la compra de la pistola y material informático que se realizó con este dinero. 

El juez quiere saber si los pagos para comprar material y la pistola se justificaron como “cantidades de información” y no como “cantidades de operaciones” en los documentos que se elevaban desde la Dirección Adjunta Operativa, que dirigía Eugenio Pino, a la secretaría de Estado, al frente de la cual estaba Francisco Martínez. Ambos imputados en esta pieza de la macrocausa que investiga todo lo relativo a Villarejo. 

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha pedido a Interior que aclare si consta el pago de fondos con “periodicidad mensual” a un colaborador entre julio de 2013 y septiembre de 2015, ya fueran colaboradores fijos u ocasionales. Este fue el periodo en el que a Sergio Ríos  se le asignaron 2.000 euros mensuales por sus trabajos, pero García-Castellón quiere saber ahora si hubo más confidentes. 

Por eso, amplía la búsqueda y pide a Interior que no lo acote solo a lo que llevara el nombre de ‘Kitchen’, sino que aclare si constan otros trabajadores a cargo de fondos reservados que pudieran colaborar. Cabe recordar que en un informe conocido recientemente de la Policía, Eugenio Pino dice a Martínez que había otros cinco confidentes más. 

Anteriores peticiones al Consejo de Ministros 

Ya en noviembre de 2018 el juez acordó solicitar la descalificación de toda la información que tuviera que ver con la operación policial ‘Kitchen’ y de los últimos responsables de sus tareas. Pidió toda la documentación durante el desarrollo como notas de servicio, gastos, etc. 

El Consejo de Ministros de diciembre de ese año, ya con Pedro Sánchez a la cabeza, aprobó descalificar esta información secreta y eximir de responsabilidad a los funcionarios que tuvieran que declarar sobre esta materia clasificada. 

Recuerda en el auto García-Castellón que por estas investigaciones han declarado ya los comisarios Benavides Royo y Lacasa y el facultativo Miguel Ángel Bayo Herranz en dos ocasiones, además del que fue Teniente Coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. 

Irregularidades en la gestión de los fondos 

El juez relata cómo se han utilizado mal los fondos reservados. Apunta que de las declaraciones de estos testigos se infieren “irregularidades en la gestión y en control” de estos, lo que “habría permitido su utilización ilícita, propiciando tanto la financiación en una operación policial intrínsecamente ilegal, como el enriquecimiento personal de altos mandos policiales”. 

Dice el auto que la documentación que se remitía a la Secretaría de Estado no se ajustaba siempre a la normativa legal y que en algunos casos desde la Secretaría de Interior “se libraban los fondos antes de comprobar la documentación” que remitía el DAO. Además, de que mensualmente se abonaba al comisario jefe de la UCAO, Enrique García Castaño, que no es una unidad receptora de fondos reservados. 

El magistrado revela las contradicciones de García Castaño quien recibió 50.000 euros de fondos reservados en total entre 2014 y 2015 en efectivo entregados por Eugenio Pino. Dice que aunque él ha negado en sus declaraciones que estos fueran destinados a la ‘Kitchen’, ha reconocido que otros dos documentos -un recibo acreditativo para la compra de la pistola de Sergio Ríos por 700 euros y otros 1.905,82 euros para material informático- sí fueron empleados para este operativo. 

Por ahora Pino no declarará 

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado la declaración nuevamente de Eugenio Pino. Sin embargo, el juez la rechaza argumentando que ha declarado recientemente -el pasado 14 de diciembre- para esclarecer lo que se investiga en esta pieza y que los fiscales podían haber aprovechado esa cita para preguntar. 

“La declaración del Sr. Pino no resulta necesaria en este momento, sin perjuicio que, de la respuesta que se obtenga del Ministerio del Interior se recabe nueva información que pueda justificar su presencia de nuevo en sede judicial”, concluye el juez.