Judicial

La jueza de ‘los discos duros del PP’ denuncia ante el TC discriminación de género por una plaza en la Audiencia Nacional

En un recurso Rosa María Freire dice que los criterios del CGPJ no son objetivos para la adjudicación de una vacante al magistrado Alejandro Abascal

Constitucional
photo_camera Tribunal Constitucional

La batalla judicial entre dos magistrados por una plaza en la Audiencia Nacional todavía continúa. La jueza que investigó la destrucción de los discos duros del PP Rosa María Freire ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para obtener la vacante que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) otorgó al magistrado Alejandro Abascal. 

Se trata de un puesto de juez de refuerzo en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional junto a Manuel García-Castellón que investiga, entre otros, casos tan mediáticos como el del comisario Villarejo, el caso ‘Púnica’ y el caso ‘Lezo’. El Poder Judicial acordó en febrero de 2019 otorgar este puesto a Abascal y desde ese momento Freire inició una batalla en los juzgados de la que no parece dispuesta a desistir. 

A pesar de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo falló en noviembre de 2020 en favor del actual juez, la magistrada ha presentado un nuevo recurso ante el tribunal de garantías porque considera que se le ha vulnerado el derecho a acceder a los poderes públicos y el derecho a la igualdad. 

El recurso, al que Confidencial Digital ha tenido acceso, trata de convencer a los magistrados de su admisión explicando la especial trascendencia jurídica del caso en lo que se refiere a la forma en la que el CGPJ designa estos cargos. Son de carácter discrecional y, según la recurrente, “se vulneran sistemáticamente” los derechos fundamentales de los candidatos y se premia la pertenencia a las asociaciones mayoritarias. 

Los criterios de las designaciones

En este caso Freire pertenece a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, mientras que Abascal forma parte de la Asociación Profesional de la Magistratura que son la segunda y la primera más numerosas en la carrera, respectivamente. Al contrario que los nombramientos para puestos altos de la cúpula de la carrera que los deciden los 20 vocales del pleno y el presidente, en el caso de estos puestos de refuerzo solo un pequeño núcleo del CGPJ, la llamada Comisión Permanente tiene la última palabra. 

Para la recurrente no existe un baremo objetivo establecido previamente a la convocatoria de la plaza que permita deducir a priori qué candidato será el que más puntuación obtenga. “Resulta obvio que la selección de los empleados públicos ha de responder a criterios de estricta objetividad”, expone el recurso, que cita una sentencia del Constitucional de 1987 en la que se habla de la selección de los empleados públicos por principios de igualdad, mérito y capacidad. 

En el momento de la designación Abascal ostentaba el puesto 4.212 en el escalafón, mientras que ella aparecía en el número 1.271, pero el magistrado había ocupado el mismo puesto durante seis meses en 2016. 

El Supremo en este sentido señaló que estas designaciones discrecionales lo que buscan es “atajar situaciones de especial gravedad en nuestro sistema judicial”. Por tanto, los magistrados opinaron que el criterio de elección se hace en función de cada una de las circunstancias y, en este caso, la experiencia previa de Abascal “se revela como un elemento muy eficaz para lograr esa meta prioritaria de normalizar lo antes posible el juzgado”. 

Una cuestión de género 

Además, el recurso pone de manifiesto que en el trasfondo de esta decisión existe una cuestión de género. Expone que, aunque la tendencia actual hace que la base de la carrera se componga de más mujeres, en la cúpula sin embargo son minoría. 

Por ejemplo, en el Tribunal Supremo solo hay 16 mujeres, lo que supone un 20,8% del órgano o en los Tribunales Superiores de Justicia españoles solamente hay dos magistradas, frente a 15 hombres, un 11,8% contra un 88,2%. 

Menciona este recurso que los nombramientos efectuados por el Poder Judicial -del que recuerda que lleva dos años con el mandato caducado- consolidan este desequilibro de género. Recuerda que a finales de 2020 el CGPJ asignó cinco plazas en el Tribunal Supremo todas a hombres, de las que había tres en la Sala de lo Penal y aunque se postularon 28 aspirantes mujeres ninguna fue elegida. “Sala que, entre otros asuntos, revisa sentencias sobre violencia de género o delitos contra la libertad sexual y donde permanecen 14 hombres y tres mujeres”, dice el recurso.

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