Juicio al ‘pequeño Nicolás’: así se apartó al juez que investigó la trama en la que también aparecía Villarejo

Este martes comienza el juicio contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como ‘el pequeño Nicolás’, por el viaje que hizo en 2014 a Ribadeo haciéndose pasar por un enlace de la Vicepresidencia del Gobierno y la Casa Real. El caso, cuya investigación lideró en su mayor parte el juez Arturo Zamarriego, incluyó una detención frustrada del comisario José Manuel Villarejo, intentos de apartar al magistrado y una pelea entre miembros de la Policía que todavía continúa aclarándose en los Juzgados. 

Zamarriego estuvo al frente de la instrucción en el Juzgado número 2 de Plaza de Castilla hasta febrero de 2017. El juez, que procede de la jurisdicción militar, controlaba por completo la investigación en la que imputó por primera vez al comisario Villarejo y a su mujer Gemma Alcalá. Durante meses capeó los intentos de injerencias en la causa que se desprenden de la agenda del Policía, ahora conocida por la macrocausa ‘Tándem’ que mantiene abierta la Audiencia Nacional. Pero finalmente Zamarriego se marchó, aunque fue un viaje de ida y vuelta. 

El magistrado solicitó una plaza en la Audiencia Provincial cuando la investigación del ‘pequeño Nicolás’ todavía no había finalizado. El Consejo General del Poder Judicial en su acuerdo de febrero de 2017 decidió otorgarle la vacante para sustituir al magistrado José Sierra Fernández que estaba en servicios especiales. 

Zamarriego había sido instructor de casos muy mediáticos. Además del relativo al joven Nicolás, también se había enfrentado a la prensa cuando trató de impedir la publicación de los delitos fiscales de Cristiano Ronaldo y otras estrellas del fútbol en los conocidos ‘Football Leaks’. 

Con su llegada a la Audiencia Provincial salió del foco en el que, según fuentes cercanas, no le gusta estar. Pero su recorrido allí no fue largo. En una nueva orden de marzo de 2019 el Consejo General del Poder Judicial  le devuelve a los Juzgados de Plaza de Castilla, esta vez al de Instrucción número 9 donde trabaja en la actualidad. 

A unos cuantos despachos de diferencia, su compañera la jueza Josefa Bustos trata de esclarecer una de las derivadas del caso del ‘pequeño Nicolás’ que a Zamarriego dio tantos quebraderos de cabeza: la conocida como 'guerra de comisarios'. La titular del Juzgado de Instrucción Número 49 investiga una querella interpuesta por el inspector Rubén Eladio en la que acusa a miembros del cuerpo como el exdirector Adjunto Operativo Eugenio Pino, al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago o al propio Villarejo de maniobrar para intentar entorpecer la investigación que él dirigía sobre el ‘pequeño Nicolás’. 

Las notas de Villarejo y la detención frustrada  

Con la distancia del tiempo y, sobre todo, con el material incautado en el domicilio del comisario Villarejo muchas causas se han teñido de matices que eran difíciles de concluir en el momento en el que se investigaban. Esto ha ocurrido con las diversas notas que el policía fue dejando a medida que avanzaba el caso del ‘pequeño Nicolás’ y su horizonte judicial se iba complicando. 

Así, el 25 de mayo de 2015 escribió la decisión secreta en ese momento del juez Arturo Zamarriego de abrir una pieza separada en el sumario para investigar quién había grabado una conversación del anterior jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y el CNI. “Pedirá mi detención y de Gemma. Así como imputar a Pin [Eugenio Pino], Big [Enrique García Castaño], Gago [José Ángel Fuentes Gago] y 7 periodistas”. 

Y Villarejo no se equivocaba. Los investigadores (liderados por Martín Blas y Rubén Eladio) enviaron al juez un oficio en junio de 2016 en el que proponían la detención de un periodista y de Villarejo y su mujer así como el registro de sus domicilios. El juez Zamarriego, que se había enfrentado a todo y a todos por este caso, se opuso sin embargo a practicar estas detenciones.  

Lo hizo in extremis, según fuentes del caso, la misma mañana que la policía estaba desplegada entre el domicilio y las oficinas de Villarejo para hacer las detenciones y los registros simultáneos. Zamarriego, que tuvo una lucha permanente con el fiscal del caso Alfonso San Román, paró la detención minutos de que esta llegara a producirse. 

También lo supo Villarejo, como así se ha hecho público después en un audio en el que el comisario le dice a García Castaño:  “Si no llega a ser por el fiscal del número 2 ya estaba preparando el registro mío ¡eh! ¡Y la detención! ¡Acuérdate macho! El plan de trabajo era el registro en mi casa y detención mía y detención de mi mujer, ¡eh!”. 

El papel del juez Toro 

Los meses previos y posteriores al intento de detención Villarejo iba anotando cuánto le preocupaba el avance del caso que había pasado de ser un asunto de un joven con un posible delito de estafa a cercarle a él. El 25 de mayo de 2016 Villarejo escribió que el exDAO Pino “se temía lo peor en el Juzgado número dos”. 

Martín Blas, líder de la investigación policial, fue cesado de su cargo de Asuntos Internos, pero el juez Zamarriego no desistió en su empeño porque fuera este comisario el que investigara y decidió crear una comisión judicial que dependiera únicamente del magistrado y poner a Martín Blas al frente. 

Villarejo apunta: “Chisco [Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad]: molesto por el tema Marcel [Marcelino Martín Blas]. Reprocha a Pin [Eugenio Pino] que lo presentara como el hombre de absoluta confianza". 

A mediados de 2016 las notas del comisario introducen en la ecuación al juez de Plaza de Castilla -actualmente en el Juzgado de lo Penal 23 de Madrid- quien tiene relación con Enrique García Castaño: “Big: organiza encuentro con el juez Toro; Toro Juez de P. de Castilla, amigo de Cortés Elvira. Estaba cortado y al final habló claro”. 

El juez Toro tenía a su vez relación con Zamarriego y, según fuentes de la investigación, era el vínculo entre el magistrado y los investigados. Toro había sido el encargado de instruir una presunta trama que afectaba al Ministerio del Interior conocida como el caso ‘Interligare’, a la que en 2014 dio carpetazo aunque la Fiscalía Anticorrupción reclamaba continuar con la investigación. 

Finalmente, tras la marcha de Zamarriego a la Audiencia Provincial llegó la magistrada Pilar Martínez Gamo. En otoño de 2017 decide disolver la Comisión Judicial del ‘caso Nicolay’ por lo que varias líneas que los investigadores mantenían abiertas en el caso fueron desechadas a petición del fiscal Alfonso San Román. Si bien, quedaron vivas otras como la que comienza a juzgarse este martes en la Audiencia Provincial de Madrid. 

El ‘pequeño Nicolás’ al banquillo

De entre todas las piezas separadas que se abrieron, siete años después el ‘pequeño Nicolás’ todavía no tiene ninguna condena. Se sienta en el banquillo después de que la fecha se haya aplazado en varias ocasiones. Una de ellas porque la abogada que defendía al joven denunció “presiones y coacciones” y renunció a su defensa. 

En esta ocasión será Manuel Marchena Perea, hijo del magistrado del Tribunal Supremo, quien trate de evitar una condena para Francisco Nicolás a quien la Fiscalía le pide siete años de cárcel y una multa de 81.000 euros. 

Los hechos que se juzgan sucedieron en agosto de 2014 cuando el joven simuló ser un alto cargo del Gobierno para reunirse con un empresario en Ribadeo. El ‘pequeño Nicolás’ consiguió que le acompañaran dos policías y cuatro conductores con sus respectivos coches que llevaban acreditaciones falsas del Ministerio de Interior elaboradas por el joven en su ordenador. 

Al llegar a la localidad fueron recibidos por un coche y dos motos de la Policía Municipal, así como por el propio alcalde de Ribadeo. Por estos hechos se le acusa de presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho activo. 

Este es solo uno de los juicios que Francisco Nicolás tiene pendientes y por los que se enfrenta a un total de 27 años de cárcel.