Judicial

Los juristas avisan: es inconstitucional la intervención del Gobierno para decidir qué es verdad y qué no

Ante la creación de una ‘Comisión de la verdad’ puntualizan que las mentiras no pueden ser sancionadas penalmente

Carmen Calvo, en el Senado.
photo_camera Carmen Calvo, en el Senado.

Ambigüedad. Es el sustantivo más repetido entre los expertos del mundo jurídico consultados, para definir lo publicado en el BOE por el Gobierno sobre las actuaciones que se van a poner en marcha contra la desinformación, es decir, la llamada ‘Comisión de la verdad’.

Últimas noticias

Los juristas consultados por Confidencial Digital avisan de que el Ejecutivo puede “monitorizar” la información que fluye en Internet, pero no puede intervenirla. Ni siquiera aunque sea mentira. 

Libertad absoluta

“La libertad de expresión es absoluta: se puede decir cualquier cosa. La tontería más grande y la mentira más grande”, indica Ana Aba-Catoira, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de A Coruña. 

El vídeo del día

Baleares dice que hay que recuperar 200.000 trabajadores del turismo

La orden publicada en el BOE, de ocho páginas, que ha desatado una polvareda de críticas, habla, sin entrar en detalles, de establecer un “procedimiento de actuación contra la desinformación”, con el objetivo de monitorizar y luchar contra las campañas

Qué es desinformación

La primera parte, la de monitorizar contenidos, genera cierto consenso entre los expertos legales. Sin embargo, la de “luchar” plantea muchas dudas

Los juristas reconocen que se trata de un asunto sensible porque, para empezar, habría que delimitar casi con un bisturí qué es la desinformación. 

Además, dan especial relevancia a quién será el órgano encargado de esta tarea: “Parece [en la orden del BOE] que hay que dar una respuesta política, y eso genera mucha incertidumbre”, advierte Lorenzo Cotino, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y coordinador de la Red de especialistas en derecho de las tecnologías de información

Sin jurisprudencia

Actualmente, España no cuenta con jurisprudencia sobre desórdenes informativos. Apenas hay alguna sentencia sobre limitaciones de la libertad de expresión en relación con los delitos de odio, y alguna sobre intervención de comunicaciones digitales o vigilancia de redes

Los  juristas consideran que apartar a la Justicia del procedimiento para controlar noticias falsas es un error mayúsculo

Algunos indican, incluso, que ya existen mecanismos legales para actuar. “Si tú difamas, ya está previsto en la legislación; si tú incitas al odio, a discriminar o a ejercer violencia sobre el colectivo LGTBI, ya está previsto. Los delitos de odio ya están previstos. No necesitamos una legislación específica”, comenta Aba-Catoira. 

Desinformación según la UE

Según la definición de la Comisión Europea, la desinformación es un contenido falso o engañoso que “se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población y que puede causar un perjuicio público”. 

En la orden publicada en el BOE se cita esa palabra, desinformación, más de 50 veces, y parece ser el eje conector de todo el documento. El principal problema es que, distinguir entre lo que es desinformación y lo que no suscita muchos interrogantes. “Desinformar en muchos casos es un derecho. Es que, aunque suene mal decirlo, buena parte de lo que hacen los políticos en campaña es mentir”, expresa Cotino.

Bulos sobre la pandemia 

En un estudio reciente de la universidad de Navarra sobre bulos en Internet durante el Covid-19 se muestra que el tipo más frecuente fue el engaño (64,4%), seguido muy de lejos de la descontextualización y la exageración (17,1% respectivamente), y por último de las bromas (1,4%). 

La información falsa no corre únicamente por los cauces de la política. En el caso de la pandemia, por ejemplo, muchas empresas se vieron afectadas por estos bulos, como Mercadona, de la que se afirmó que iba a “limitar la compra a solo dos artículos por persona”, y Carrefour, de la que se dijo que había decidido “abrir sus establecimientos de 7 a 9 de la mañana para personas mayores de 65”, en ambos casos, falso. 

En este sentido, los juristas coinciden en que monitorizar la información es necesario para detectar la que es falsa, acotar a quién afecta y, en su caso, desmentirla.

Protagonismo de las redes sociales

El documento publicado por el Gobierno afirma que los ciudadanos consideran que “los medios de comunicación, las autoridades públicas y las plataformas de medios sociales son los principales responsables de frenar la divulgación de noticias falsas”.

Por el contrario, los juristas hacen una distinción clara entre los medios de comunicación y plataformas como Twitter y Facebook.  “El problema de la desinformación es que no suele venir de los medios de comunicación”, indica Cotino.

En esta línea, los expertos consultados explican que muchas de las campañas de ‘fake news’ se articulan a través de redes sociales, por lo que proponen que la regulación vaya más bien en este camino. 

Autorregulación

En el marco de la autorregulación, por ejemplo, Facebook acogió el ‘flagging’, que posibilita a cualquier usuario denunciar un contenido que considere falso. 

Cuando algo es denunciado por un número significativo de personas, un órgano independiente decide respecto a dicho contenido. Varios de estos gigantes empresariales tienen sus propios controles, pero los ciudadanos no saben en qué se basan. 

Para los juristas, el control debería empezar por ahí. “Las garantías pasan por que supiéramos qué hacen las plataformas”, sostiene Cotino. “Saber si está restringiendo contenidos, y cuáles son sus políticas, porque las plataformas podrían estar haciendo censura. Son caminos que sí que se pueden regular. El problema que tenemos hoy es que ninguna de sus medidas las conocemos”. 

La actuación del Gobierno, inconstitucional 

Una de las cosas que quedan claras en el BOE es quiénes serán los órganos y organismos con responsabilidades en este proceso de control informativo: el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación y la Comisión Permanente contra la desinformación. Pero deja un limbo abierto en lo que se refiere a la participación de “las autoridades públicas competentes” y “el sector privado y sociedad civil”. 

El papel de los organismos públicos es el que plantea mayores dudas a los expertos. Sobre todo en el caso del Gobierno. “Toda medida que pase por que el Gobierno se ponga a discernir lo que es verdad y lo que es mentira, posiblemente sea inconstitucional”, advierte Cotino. 

No hacen falta nuevas normas

Un artículo de la revista de Derecho Político de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en su próximo número, busca acotar todas estas cuestiones. “Se tratará de avanzar soluciones, de diferente naturaleza, para resolver el problema de la desinformación, si bien, vaya por delante que no consideramos que la solución pase por aprobar nuevas normas que penalicen la desinformación, ni por agravar la normativa que existe”, explica Ana Aba-Catoira en este artículo titulado ‘Los desórdenes informativos en un sistema de comunicación democrático’. 

Es peligroso que los Estados puedan definir qué es falso y qué es verdadero, porque esto pone en peligro la pluralidad, la discrepancia y la crítica política”, afirma la jurista. 

Por eso, indican que en la Comisión creada echan en falta la presencia de la Justicia como tal. “Que estos órganos no sean solo del Gobierno, sino que se creen comisiones en las que participen jueces y personas civiles”, propone Cotino. 

Amenazas de países terceros 

Tras la polémica suscitada por la orden del BOE, varios ministros trataron de explicar que el objetivo es, sobre todo combatir amenazas exteriores

“Ellos enseguida han dicho que hay que detectar amenazas de países terceros. El paso siguiente es lo conflictivo. Un ataque de desinformación, por mucho que venga de Rusia, puede estar protegido por la libertad de expresión”, expresa el experto en derecho constitucional. 

Asimismo, insisten en la idea de distinguir entre ‘fake news’ y ciberseguridad. “El CNI siempre ha hecho un seguimiento de estas informaciones”, dice Aba-Catoira, destacando que eso no supone ninguna novedad. 

Un camino que ya ha iniciado Europa 

El Gobierno sustenta la necesidad de aprobar de este documento en que es la línea que marca Europa. Pone como ejemplo el Plan de Acción contra la Desinformación de 2018, o el European Democracy Action Plan

En el primero, la Comisión descarta una intervención vía regulación, y a cambio impulsó la creación de un grupo independiente de alto nivel formado por profesionales representantes de redes sociales y empresas tecnológicas, ‘fact checkers’, medios de comunicación, académicos y miembros de la sociedad civil. 

En este documento, precisamente, promovían la alfabetización mediática e informativa, desarrollando herramientas para empoderar a usuarios y periodistas. Algo por lo que también apuestan la mayoría de juristas consultados por Confidencial Digital

“Lo que tienen que potenciar es el compromiso por parte de los medios, el chequeo, el control de los editores… lo que ha habido toda la vida, ahora para el periodismo digital”, explica Aba-Catoira. “Si tú tienes un mínimo de formación, a ti te huelen mal determinadas cosas que ves publicadas”. 

Alemania y Francia a la cabeza

Alemania y Francia son países ‘avanzadilla’ de Europa en este tipo de legislación. La ley germana impone obligaciones a las empresas del sector consistentes en la elaboración de un informe semanal sobre las herramientas que utilizan para luchar contra la desinformación. 

En Francia existen dos leyes de 2018, una orgánica y otra ordinaria, que se centran en la transparencia de los procesos electorales y permiten intervenir a los órganos judiciales. Se establece un procedimiento en el que un órgano judicial, en un plazo de 48 horas, puede adoptar las medidas que considere necesarias para que cese la difusión de alguna información. Lo mismo que puede hacer el Consejo Superior de Medios Audiovisuales sobre la radio y la televisión controlado por un Estado extranjero.

Comentarios
Somos ECD
Periodismo libre, valiente, independiente, indispensable